La Fiscalía General de la Nación desplegó una intervención simultánea en 25 departamentos y 52 municipios de Colombia para ejecutar un operativo sin precedentes contra la empresa Lili Pink, señalada de encabezar un presunto esquema de lavado de activos y contrabando a gran escala.
La operación culminó con la detención de una persona, mientras que siete órdenes de captura adicionales están en proceso de ejecución y judicialización. La Fiscalía solicitó medidas de aseguramiento para quienes aparecen implicados, entre ellos funcionarios de la Dian.
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La investigación, que abarcó varios años, se centra en la imputación de delitos como enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. El caso tiene repercusiones inmediatas sobre cientos de establecimientos y plantea interrogantes sobre la responsabilidad de funcionarios públicos dentro del entramado.
El fiscal especializado de extinción de dominio, Juan Felipe Cárdenas, detalló que fueron afectados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad vinculada al grupo empresarial.
Estos bienes quedarán bajo régimen de extinción de dominio, aunque continuarán funcionando normalmente mientras avanza el proceso judicial. Cárdenas afirmó que el operativo responde a la magnitud de los montos en juego: el presunto lavado de activos asciende a $730.000 millones y el enriquecimiento ilícito superaría $430.000 millones, conforme a las cifras oficiales.
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Las diligencias incluyeron la inspección de bodegas repletas de mercancía, en las que los funcionarios de la Fiscalía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) incautaron productos empaquetados en cientos de cajas y material probatorio sobre la cadena de distribución.
La investigación principal que originó los allanamientos apunta a un presunto contrabando que habría superado $75.000 millones en mercancía, precisó la Fiscalía.
La estructura empresarial bajo la lupa utilizaba importadoras y sociedades de papel para introducir prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, ocultando su procedencia ilícita, de acuerdo con lo señalado por el director especializado contra los delitos fiscales, Leonardo Quevedo Castillo.
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La medida judicial afectó directamente a la actividad comercial de la marca de ropa interior, pero la entidad aseguró que la prestación del servicio y el empleo continuarán sin alteraciones.
La empresa, señalada por la Superintendencia de Sociedades como una de las 10.000 más grandes de Colombia, comunicó oficialmente que está gestionando el proceso administrativo “de manera directa y responsable”, en coordinación con las autoridades regulatorias.
En el mismo pronunciamiento, Lili Pink pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que protejan la marca, que actualmente genera 3.000 empleos directos en el país. La compañía reiteró su compromiso con los trabajadores, los clientes y los aliados estratégicos, y se comprometió a informar cualquier desarrollo futuro a través de sus canales oficiales.
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Entre los imputados figuran funcionarios de la Dian, lo que introduce un elemento de especial gravedad en el caso y amplía las dimensiones del proceso penal.
La investigación seguirá su curso en los estrados judiciales con el objetivo de ejecutar las órdenes de captura restantes y clarificar la responsabilidad legal de quienes participaron en los hechos.
La situación de los bienes incautados y el futuro de los empleados de la compañía continuarán bajo observación de las autoridades y de los organismos de control económico.
Estos son los dueños de Lili Pink
La compañía fue fundada en 2006 por la familia Abadi, encabezada por Max Abadi y su hijo David Abadi. En sus inicios, los Abadi dirigieron directamente la empresa, impulsando su incursión en el competitivo mercado colombiano mediante una estrategia basada en precios accesibles y una oferta dirigida a mujeres jóvenes, trabajadoras y estudiantes.
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La estructura de control de Lili Pink experimentó un vuelco esencial en 2015, cuando la familia Abadi vendió la marca a la firma panameña Lili Brands. Desde ese momento, la compañía dejó de contar con un capital exclusivamente colombiano y pasó a formar parte de una red internacional, una transición que definió nuevas directrices para la expansión y el posicionamiento fuera del país.
Dentro de este esquema internacional también figura la marca YOI, integrada en el entramado corporativo y señalada como parte del control sobre Lili Pink.
Actualmente, la operación de Lili Pink en Colombia se encuentra a cargo de la sociedad Fast Moda S.A.S., responsable de la administración de las franquicias, de los puntos de venta y de ejecutar las estrategias comerciales cotidianas en el país.
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Con esta estructura, la empresa separa la titularidad internacional de la marca —en manos de Lili Brands— de la gestión local, lo que permite su permanencia operativa en el territorio colombiano bajo un régimen societario diferenciado.
Esta dualidad organizativa es clave para entender cómo Lili Pink ha mantenido presencia en Colombia al tiempo que sus decisiones estratégicas emanan desde una estructura de carácter internacional.
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