
Durante un consejo de ministros del Gobierno en la que se revisaron avances de gestión, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, centró parte de su intervención en cuestionar el papel de los empresarios en la financiación del sistema de salud. En ese contexto, lanzó una afirmación directa sobre el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.
“(...) Aquí el pueblo es el que está pagando la salud, los empresarios no pagan salud, el señor Bruce Mac Master dice que paga, él no paga, él no está pagando porque el doctor Santos lo eximió de pagar el aporte patronal desde el 2012”, expresó el ministro.
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Para entender esta afirmación, el propio funcionario explicó que desde hace varios años existe una norma que quitó a las empresas la obligación de pagar una parte específica de los aportes en salud por ciertos trabajadores. Ese dinero, según indicó, ahora sale del presupuesto público, es decir, de recursos del Estado.
Jaramillo fue más allá y presentó cifras. Aseguró que, al revisar el periodo entre 2018 y 2025, se encontró que los empresarios dejaron de aportar al sistema un total de $52 billones. En términos simples, esa suma corresponde a dinero que, según su explicación, antes debía ser cubierto por las empresas y que hoy no está entrando directamente desde ese sector.
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“Ellos no pueden decir que están financiando la salud, la salud la está financiando el Presupuesto General de la Nación, con eso es que se está financiando y lo está sosteniendo también la gente del común que paga, como pagamos todos los trabajadores o los que tenemos patrón”, agregó.
El ministro también mencionó una cifra puntual para este año. Señaló que en 2025 la exención a los empresarios alcanzó los $19,5 billones. Para dimensionarlo, indicó que con ese dinero se podrían haber cubierto deudas del sistema.
“Con esos dineros se hubieran pagado todas las deudas de las EPS”, afirmó.
Además de referirse a la financiación, el jefe de la cartera habló de problemas encontrados dentro de las entidades promotoras de salud (EPS). Según explicó, se detectaron irregularidades al revisar información entre 2020 y 2024.
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Uno de los hallazgos más graves, según dijo, fue el cobro de servicios médicos a nombre de personas que ya habían fallecido. “Esto es un robo a mano armada, y entonces hicimos también mecanismo de contraste y encontramos que estábamos pagando a muertos, 308.138 muertos facturaron”, denunció.
Esto significa, explicado de forma sencilla, que se presentaron cuentas de atención médica como si esas personas hubieran recibido servicios, cuando en realidad ya no estaban vivas.
A ese problema se sumaron otros casos relacionados con precios elevados en facturación. El ministro mencionó como ejemplo una cuenta presentada por una EPS en la que un medicamento aparecía con un valor de 500 millones de pesos.
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De acuerdo con Jaramillo, solo sumando estas dos situaciones —los cobros a personas fallecidas y los valores elevados— se identificaron recursos comprometidos por más de $3,5 billones.

“Solo en estas dos irregularidades tenemos más de 3,5 billones que se robaron con engaños”, señaló.
En medio de este panorama, el Gobierno ha tomado medidas sobre algunas EPS. Según se explicó en el mismo espacio, se han retirado licencias a las entidades con peores condiciones financieras y operativas. La idea, de acuerdo con lo expuesto, es que los responsables respondan por las deudas pendientes.
Las declaraciones del ministro se dan en un momento en el que el sistema de salud enfrenta dificultades económicas y discusiones sobre cómo se financia. Mientras desde el Gobierno se insiste en que los recursos públicos son los que sostienen el sistema, desde el sector empresarial se han planteado posiciones distintas sobre ese mismo punto.
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Por ahora, las cifras y afirmaciones presentadas por el ministro abren un nuevo frente de discusión sobre quién pone el dinero en la salud y cómo se están manejando esos recursos.
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