Catherine Juvinao y ministro de Trabajo protagonizan polémica en redes por supuesta discriminación en el fútbol profesional

Un nuevo capítulo de controversia rodea al fútbol profesional femenino en Colombia tras la denuncia de la representante a la Cámara Catherine Juvinao, que aseguró que el Ministerio del Deporte avaló un reglamento que permitiría que futbolistas compitan sin contrato laboral. El señalamiento provocó una rápida respuesta del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que defendió la gestión del Gobierno y aseguró que ya se adelantan acciones de inspección en el sector.

La polémica se centra en el reglamento 2026 expedido por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), entidad encargada de organizar los torneos del fútbol profesional en el país. Según Juvinao, dicho documento establece condiciones distintas entre la liga masculina y la femenina, lo que, a su juicio, configura una forma de discriminación laboral.

Denuncia: “Esto es ilegal”

A través de un hilo en ‘X’, Juvinao fue enfática en su señalamiento: “¿Sabían que el Ministerio del Deporte acaba de avalar por escrito que mujeres jugadoras de la liga femenina trabajen sin contrato?”, cuestionó, asegurando que la situación evidencia “discriminación de género en el ámbito laboral”.

La congresista explicó que, mientras en la liga masculina “todos los jugadores deben tener contrato por ley”, en la femenina “hasta 10 integrantes por equipo pueden jugar sin contrato, sin salud, sin pensión, sin ARL”. En ese sentido, remató con ironía: “¿Adivinen cuál es la liga de mujeres? ¡Exacto! A las que les toca jugar sin contrato”.

Juvinao detalló que el reglamento masculino (artículo 35) exige que los 25 jugadores inscritos, así como cinco cupos adicionales, cuenten con contrato laboral. En contraste, el reglamento femenino (artículo 20) permite “entre 15 y 25 jugadoras profesionales con contrato” y “hasta 10 jugadoras aficionadas SIN contrato”.

Para la representante, esta diferencia vulnera normas vigentes. Citó la Ley 2466 de 2025, señalando que “todo deportista que preste servicios bajo subordinación de un club profesional DEBE tener contrato de trabajo especial”. Además, recordó que el Código Sustantivo del Trabajo establece que “una relación laboral no deja de serlo por el nombre que se le dé”.

“Calificar a una jugadora como ‘aficionada’ es jurídicamente irrelevante”, afirmó, insistiendo en que si existe subordinación, “debe haber contrato”.

Señalamientos al Gobierno y al sistema

La congresista también cuestionó directamente al Ministerio del Deporte por haber considerado que el reglamento “se encuentra acorde con la Constitución Política y la legislación deportiva vigente en Colombia”. Para Juvinao, esa validación “es falsa” y contradice principios constitucionales como la igualdad y la protección especial al trabajo.

“Esto no es un error (…) es la confirmación de una visión machista y discriminatoria”, sostuvo. En un tono más crítico, agregó: “Es un sistema que le dice a las mujeres: el trabajo de ustedes vale menos porque ustedes valen menos”.

Asimismo, citó una circular de 2023 en la que el propio ministerio habría ordenado afiliar a todos los deportistas al sistema de protección social, y aseguró que, según la Acolfutpro, varios clubes tendrían jugadoras sin cobertura en riesgos laborales.

En su pronunciamiento, Juvinao pidió la intervención del Ministerio de Trabajo y de la Procuraduría, al tiempo que lanzó una crítica política: “Qué tristeza que sea una mujer en una posición de poder la que avala la violación de derechos laborales a otras mujeres”.

Respuesta del Ministerio de Trabajo

Las declaraciones no tardaron en generar reacción. El ministro Antonio Sanguino respondió directamente a la congresista, asegurando que la inspección laboral es una función permanente del Gobierno.

“En el Gobierno del Cambio (…) no necesitamos que nos exijan inspeccionar: esa es nuestra función y nuestro talante”, afirmó, subrayando que el objetivo es “garantizar derechos en el fútbol profesional colombiano y en todo el mundo del trabajo”, escribió Sanguino a través de la red social ‘X’.

Sanguino también defendió los avances alcanzados durante la actual administración. “Ha sido bajo este Gobierno que hemos avanzado (…) espacios entre Acolfutpro, Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, que han permitido reivindicaciones concretas”, señaló.

Entre esos avances, mencionó beneficios derivados de la reforma laboral como “remuneraciones justas, permisos, participación en regalías por transmisiones y el pleno reconocimiento de sus derechos como trabajadores y trabajadoras”.

Inspecciones y acciones en curso

El ministro respaldó su postura con cifras sobre las labores de control: “En 2024 realizamos 4 visitas; en 2025, 34; y en 2026 ya avanzamos con 5 más”, explicó, indicando que se ha pasado “de acciones puntuales a una estrategia sostenida de inspección, vigilancia y control”.

Además, aseguró que la denuncia será incorporada al plan de seguimiento que ya se adelanta con los clubes del fútbol profesional. “Se han derivado actuaciones, sanciones, planes de mejoramiento y medidas concretas que dignifican a nuestras y nuestros futbolistas”, agregó.

La controversia se produce en medio del desarrollo del campeonato femenino, lo que, según Juvinao, agrava la situación: “El torneo está en curso. Y las jugadoras están desprotegidas”.

El caso reabre el debate sobre las condiciones laborales en el fútbol femenino colombiano, un tema que ha sido recurrente en los últimos años. Mientras desde el Congreso se insiste en posibles irregularidades y discriminación, el Gobierno sostiene que existen avances y mecanismos de control en marcha.

Por ahora, la discusión queda abierta y podría escalar a instancias de control, en un contexto donde el crecimiento del fútbol femenino contrasta con las denuncias sobre garantías laborales insuficientes.