Choque por la ganadería: Fedegán rechaza acusaciones de Petro sobre vínculos entre la ganadería y el crimen

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) respondió a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre una supuesta relación entre la ganadería, la deforestación y economías ilegales en el país.

El pronunciamiento se dio a través de su director técnico, José de Silvestri, que explicó de forma directa cuál es el papel que cumple el gremio y cómo funciona el proceso de vacunación del ganado en Colombia.

Según indicó De Silvestri la labor de Fedegán es concreta y no incluye funciones judiciales ni de control sobre la propiedad de la tierra. “Nosotros vacunamos, no nos importa de quién sea el ganado, tenemos que vacunar porque la prioridad es blindar el país contra la fiebre aftosa”, señaló.

El directivo insistió en entrevista con Contexto Ganadero en que el gremio no tiene competencia para determinar si un predio es legal o ilegal. “Esa no es nuestra responsabilidad. La autoridad competente deberá decir si un predio es legal o ilegal. A nosotros nos compete vacunar el 100% del hato ganadero”, explicó.

El programa de vacunación bovina en Colombia es obligatorio y se realiza en coordinación con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). De acuerdo con las cifras entregadas por Fedegán, cada año se desarrollan dos ciclos de vacunación que abarcan cerca de 615.000 predios, más de 700.000 ganaderos y alrededor de 30 millones de animales.

De Silvestri detalló que el proceso no se limita a los registros previos. “Nosotros vamos a predios que están en el inventario del ICA y si encontramos animales fuera de ese registro, también debemos vacunarlos. Es la única forma de proteger el estatus sanitario del país”, afirmó.

La cobertura de este programa supera el 99%, lo que, según el gremio, lo convierte en un modelo reconocido internacionalmente. “Es una campaña exitosa, ejemplo en el hemisferio”, sostuvo el director técnico.

Las declaraciones del presidente Petro generaron controversia al sugerir que la actividad ganadera en la Amazonía podría estar relacionada con el lavado de activos y que las jornadas de vacunación facilitarían esas prácticas. A esto se sumaron comentarios de la ministra Irene Vélez sobre el uso del glifosato y su relación con la expansión de la ganadería.

Frente a este punto, De Silvestri explicó que el glifosato es un producto de uso común en el sector agrícola. “El glifosato es un herbicida de uso común en la agricultura. Lo que hace es detener el crecimiento de la vegetación de manera temporal para introducir cultivos. Eso no es praderización, están totalmente equivocados”, dijo.

Sobre la deforestación en regiones como la Amazonía, el vocero de Fedegán señaló que se trata de un fenómeno más complejo. “Primero talan, venden la madera, luego hacen cultivos ilícitos y después meten ganado. Pero el origen no es la ganadería, es la ilegalidad”, explicó.

El directivo también advirtió que la situación de orden público ha dificultado el cumplimiento de las jornadas sanitarias en algunas zonas del país. “En el último ciclo no pudimos entrar a zonas como Caquetá o Guaviare por paros armados. Si aparece un brote de fiebre aftosa allí, el país pierde su estatus sanitario y ahí se nos vendrían encima”, alertó.

Fedegán enfatizó que su trabajo está enfocado en la sanidad animal y la protección del estatus sanitario del país, un aspecto clave para la producción de alimentos. “Respondemos por más de 600 mil predios y millones de animales. No por dos o tres actores ilegales”, concluyó De Silvestri.

“La ganadería en el Amazonas es, en muchos casos, un simple lavado de activos”, fueron las palabras con las que el presidente afirmó que el ganado no se utiliza necesariamente por su valor alimentario o productivo, sino como una herramienta para “limpiar” dinero proveniente de economías ilícitas (narcotráfico y minería ilegal) y para ocupar tierras de manera “visible” ante el Estado.

Durante el consejo de ministros del 22 de abril, Petro describió un ciclo donde la vaca es el eslabón final de una cadena de delitos ambientales. Según su tesis, el ganado sirve como una “prueba de posesión” que los actores ilegales utilizan para reclamar derechos sobre baldíos de la nación que han sido deforestados.