La campaña presidencial de Paloma Valencia concentra apoyos de partidos tradicionales y de diversas figuras políticas investigadas o señaladas por corrupción, situación que generó controversia en el debate público y al interior del propio Centro Democrático.
Las adhesiones, incluidas las provenientes de dirigentes con antecedentes judiciales o cuestionamientos éticos, colocaron en entredicho la coherencia del discurso de renovación y transparencia que impulsa la candidata de cara a las elecciones presidenciales 2026. Entre quienes respaldan a Paloma Valencia figuran congresistas y dirigentes del Partido Conservador, Partido de la U, Partido Liberal, Cambio Radical y Centro Democrático.
Dentro de esta lista aparecen nombres vinculados a investigaciones por corrupción, escándalos judiciales como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), casos de parapolítica, el escándalo de Invías, y antecedentes familiares o relaciones directas con personas condenadas.
La estrategia de la candidata se basa en sumar apoyos de todos los sectores para desafiar al petrismo. Valencia reiteró que no aceptará en su campaña a corruptos o implicados en violencia, aunque, hasta el momento, no ha rechazado públicamente a los dirigentes mencionados en controversias.
En este contexto, Daniel Briceño, representante electo y jefe nacional de volanteo de la campaña de Valencia, señaló en redes sociales que “todas las adhesiones deberían ser tomadas con beneficio de inventario” Hay cuestionados como Ape Cuello y Carlos Trujillo a quienes se les debe cerrar la puerta”.
Aliados cuestionados del Partido Conservador
En la bancada conservadora destaca el senador electo Wadith Manzur, actualmente detenido por el escándalo de la Ungrd tras ser acusado de exigir contratos por aprobar proyectos del Gobierno Petro. Manzur obtuvo 134.914 votos en las elecciones más recientes y es considerado una figura con fuerte influencia política en el departamento de Córdoba.
La senadora Liliana Bitar fue llamada a juicio por la Corte Suprema de Justicia en relación con el escándalo de la Ungrd. Carlos Trujillo aparece vinculado en procesos judiciales y es recordado por su proximidad a Olmedo López, exdirector de la unidad, y su participación en proyectos del actual gobierno. Bitar estableció contacto con la campaña de Valencia y la candidata no se ha pronunciado rechazando formalmente ese apoyo.
Ape Cuello mantiene su caudal político tras la alianza entre el Partido Conservador y Paloma Valencia, pese a las críticas sobre sus relaciones políticas y recientes coaliciones. Además, se incluyen en la lista la senadora Nadia Blel, que tiene un antecedente familiar de condena por parapolítica; así como el senador Luis Eduardo Díaz Mateus, hermano de un exsenador condenado en el caso yidispolítica; Juan Carlos García, cuyo padre fue condenado por enriquecimiento ilícito; y Samy Merheg, denunciado junto a familiares por una supuesta desviación de recursos y relaciones con el Clan del Golfo.
El senador Óscar Barreto es investigado por presuntas irregularidades en contratos firmados durante su etapa como gobernador del Tolima. La representante Juliana Aray afronta una investigación en la Corte Suprema en el marco del caso Invías, por supuestos acuerdos de contratos a cambio de votos, sostuvo Semana en su análisis.
Apoyos cuestionados del Partido de la U
El Partido de la U, uno de los primeros en anunciar su respaldo a Paloma Valencia, cuenta con figuras señaladas por diversas investigaciones judiciales. Entre ellos, el senador Johny Besaile, hermano de Musa y Edwin Besaile, implicados en los escándalos del cartel de la Toga, de Odebrecht y en casos de corrupción en el sector salud. Su capital político en Córdoba se mantiene firme y ha votado iniciativas claves del Gobierno Petro.
En Córdoba también figura el senador Julio Elías Chagüi, también involucrado en el escándalo de la Ungrd y primo de una de las personas más cercanas a Valencia. El senador José Alfredo Gnecco es mencionado en expedientes de la Corte Suprema por escándalos de corrupción, y cuenta con antecedentes familiares condenados por delitos relacionados.
Mientras que, Wilmer Carrillo, senador electo, fue llamado a juicio por el órgano judicial por delitos de tráfico de influencias y contratos indebidos, además de ser mencionado en el escándalo Invías.
Otro de los apoyos más cuestionados es el de la representante Saray Robayo expareja del contratista condenado Emilio Tapia, protagonista de diversos casos judiciales recientes.
Otras figuras bajo escrutinio son Milene Jarava, esposa del alcalde de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, e investigada por presuntas prebendas en Invías; Camilo Ávila, citado en investigaciones por contratos irregulares en Vaupés; y Álvaro Mauricio Londoño, con antecedente familiar condenado por corrupción.
Los liberales y otros partidos: nombres bajo la lupa
Los apoyos del Partido Liberal y otras colectividades a Paloma Valencia incluyen dirigentes bajo denuncia o investigadores por corrupción, señaló el medio citado. Destacan Juan Pablo Gallo y Karina Espinosa, señalados en los casos de la Ungrd y el escándalo Invías; Fabio Amín, vinculado a antecedentes familiares de parapolítica; y Yessid Pulgar, hermano de un exsenador condenado por soborno.
El representante Álvaro Henry Monedero está mencionado en testimonios judiciales por supuestas prebendas en votaciones legislativas. También aparece Dolcey Torres, hermano de un empresario relacionado con la financiación política; y Julián Peinado, implicado en declaraciones del caso de la entidad pública encargada de dirigir, coordinar y fortalecer la gestión del riesgo de desastres. Sin embargo, la abogada de Peinado aseguró en diálogo con Semana que “no existiría ninguna prueba” contra el congresista.
Está pendiente la decisión sobre si Valencia abrirá la puerta a la bancada liberal en pleno, replicando la apertura demostrada con los conservadores y el Partido de La U.
Otros apoyos: Cambio Radical y el Centro Democrático
Entre las adhesiones de Cambio Radical destaca Carlos Mario Farelo Daza, cuyo entorno familiar fue señalado en investigaciones por delitos electorales y participación en el Pacto de Chivolo. El senador Didier Lobo es uno de los congresistas con mayor número de investigaciones en la Corte Suprema, según informó la prensa.
En el Centro Democrático, la situación es particularmente polémica por el caso de Ciro Ramírez, senador condenado en primera instancia a 23 años de prisión en el caso Las Marionetas, aunque continúa ejerciendo su cargo. Cuando fue consultada por el medio citado, Paloma Valencia explicó que Ramírez tiene derecho a una segunda instancia y que no hace parte activa de su campaña, aunque sí existen registros de actividades conjuntas.
El senador Alirio Barrera enfrenta investigaciones por acoso sexual y presunta apropiación indebida de terrenos durante su tiempo como gobernador de Casanare.
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