El presidente Gustavo Petro salió al paso de las críticas sobre la sostenibilidad del sistema pensional y defendió su enfoque de reforma estructural, asegurando que las medidas impulsadas por su Gobierno no encarecen las pensiones, sino que mejoran el nivel de vida de los jubilados al fortalecer la productividad social del país.
La respuesta del mandatario se produjo tras los cuestionamientos del exdirector del Dane y fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, que calificó la estrategia del Gobierno como financieramente riesgosa y la comparó con una “pirámide”.
A través de la red social X, Petro planteó que el eje central de la sostenibilidad pensional no es el ajuste contable inmediato, sino la capacidad de una sociedad para generar riqueza de manera sostenida.
Según el jefe de Estado, esta riqueza tiene dos fuentes fundamentales: la naturaleza y el trabajo humano. En ese sentido, defendió que Colombia cuenta con ventajas estructurales —como tierra fértil, agua y una población en edad productiva— que, bien aprovechadas, permitirían sostener un sistema pensional más amplio, equitativo y estable en el tiempo.
“El aumento en la calidad de vida de los pensionados no es un costo, es una expresión del crecimiento de la riqueza social”, sostuvo Petro, que vinculó directamente la reforma pensional con otras transformaciones en curso, como la reforma laboral y la política de transición energética.
Para el mandatario, elevar la productividad del trabajo —mediante acceso a educación, salud y mejores condiciones laborales— es la clave para garantizar que más personas puedan cotizar y acceder a una pensión digna.
La reacción del presidente respondió de forma directa a las declaraciones de Oviedo, que había advertido que el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno generó un aumento automático en el valor de las pensiones, presionando las finanzas de Colpensiones.
El exfuncionario señaló que ese mayor gasto no habría sido previsto y que el Ejecutivo estaría recurriendo a mecanismos extraordinarios para cubrir el déficit, lo que a su juicio compromete la estabilidad del sistema.
Oviedo también cuestionó el uso del decreto 0415, que establece condiciones para el traslado de recursos desde fondos privados hacia Colpensiones, sugiriendo que se trata de una medida coyuntural para obtener liquidez en un momento políticamente sensible.
“Un decreto sobre otro decreto no soluciona un problema estructural”, afirmó, al tiempo que alertó sobre un posible “hueco financiero” y la utilización de los ahorros de los afiliados para fines distintos a los previstos originalmente.
Frente a estas acusaciones, Petro insistió en que los recursos pertenecen a los trabajadores y que cualquier traslado entre regímenes responde a decisiones individuales de los afiliados.
“Colpensiones no entrega dinero al Gobierno”, enfatizó, al rechazar las versiones que sugieren una apropiación indebida de los fondos. Además, recordó que el Estado ya destina cada año una suma considerable para cubrir obligaciones pensionales, lo que demuestra —según dijo— el compromiso público con la garantía de estos derechos.
El mandatario también elevó el tono del debate al señalar que detrás de las críticas existen intereses económicos vinculados al sistema financiero.
Sin mencionar directamente a todos los actores, hizo referencia a grupos empresariales y bancarios que, en su opinión, se benefician del esquema privado de pensiones y buscan impedir cambios que fortalezcan el régimen público.
En esa línea, planteó que la discusión de fondo no es solo técnica, sino política y social: quién controla los recursos del ahorro y cómo se distribuyen sus beneficios.
En paralelo, la controversia ha adquirido un frente jurídico impulsado por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, que presentó una demanda contra el decreto 0415 ante el Consejo de Estado.
La congresista sostiene que la norma vulnera lo aprobado por el Congreso en la reforma pensional, al ordenar el traslado de recursos que deberían permanecer bajo administración de los fondos privados hasta que los afiliados cumplan los requisitos de jubilación.
Valencia ha advertido que la medida podría afectar a miles de ahorradores y ha planteado que existe el riesgo de que los recursos sean utilizados de manera indebida, especialmente en el contexto electoral.
Por ello, solicitó la suspensión provisional del decreto mientras se estudia su legalidad. Sus declaraciones han reforzado la narrativa de la oposición, que ve en la reforma un intento de centralizar recursos sin las garantías suficientes.
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