El proceso para intentar revocar el mandato del alcalde Carlos Fernando Galán ingresó en su fase decisiva tras la entrega formal de firmas a la Registraduría Nacional. Un grupo de ciudadanos, luego de cinco meses de recolección en barrios y localidades claves de Bogotá, formalizó la petición que permitirá activar la consulta popular para definir el futuro del mandatario capitalino.
La acción, marcada por el inconformismo con la gestión actual, tiene como epicentro las fallas persistentes en seguridad, movilidad y servicios públicos. Los responsables de la iniciativa aseguran que la situación se deterioró a tal punto que “la inseguridad desbordó la capacidad de respuesta de la alcaldía y de la Secretaría de Seguridad”.
Según la denuncia liderada por el concejal Jairo Avellaneda, en Bogotá se reportan secuestros, extorsiones y hurtos de celulares y vehículos de forma recurrente, fenómenos que afectan tanto a habitantes como a comerciantes.
Más allá de la violencia, la crítica se extiende a la movilidad urbana. La demolición del puente de Venecia y de dos puentes en Puente Aranda, sin una estrategia vial clara, profundizó los trancones y complicó especialmente la circulación en sectores como Kennedy y Bosa. El impacto no es solo un problema de tiempo: incide en la dinámica cotidiana y el acceso a servicios, incluyendo escuelas y centros de trabajo.
Los problemas con la gestión de las basuras agravan aún más el panorama. “El manejo de basuras es ineficiente y ya se evidencian problemas sanitarios con roedores en varios sectores de la capital”, remarcó Avellaneda. De acuerdo con cifras de Bogotá Cómo Vamos, el 62% de los ciudadanos afirma sentirse inseguro y persisten signos de deterioro del espacio público.
A esto se añaden las preocupaciones sobre la educación. Voces en el Concejo de Bogotá y del sector educativo advierten sobre riesgos de deserción escolar y múltiples obstáculos para mantener la matrícula de los estudiantes en el sistema público. Los organizadores de la revocatoria insisten en la necesidad de una inflexión en la política social y educativa.
La mecánica de la revocatoria no fue simple para los promotores. El proceso enfrentó obstáculos administrativos desde su arranque: “Ninguna entidad financiera quiso abrir la cuenta exigida para el comité y además recibimos mensajes intimidantes y situaciones que ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación”, precisó Avellaneda en medio del acto de radicación.
El cabildante recalcó que no existió respaldo partidista, sino que se trató de “el resultado del trabajo ciudadano en las calles”.
Durante la ceremonia de entrega de firmas acompañaron ciudadanos víctimas de delincuencia y representantes del sector educativo. Esto evidenció, según sus voceros, que el movimiento nació al calor de la experiencia directa en barrios y localidades, sin protagonismo de figuras políticas tradicionales.
El antecedente de casos similares —como las revocatorias en Susa (2017) y Tasco (2018)— refuerza la proyección de la iniciativa: si la Registraduría valida las firmas y constata el cumplimiento de los requisitos legales, se convocará una elección atípica. Allí, todos los bogotanos podrán decidir en votación si Galán continúa o no como alcalde de la ciudad.
Según los organizadores, la entrega se realizará sobre las 10:30 a. m. del 24 de abril, con la participación de diversos sectores sociales.
Padres de familia, docentes, líderes sociales y ciudadanos preocupados por la inseguridad acompañaron la jornada. Los impulsores del proceso insisten en que no cuentan con el apoyo de partidos políticos, subrayando que su objetivo es abrir un debate público para que la ciudadanía decida en las urnas si el actual Gobierno distrital debe continuar.
El proceso de revocatoria del mandato exige cumplir con requisitos legales y la validación de las firmas por parte de la Registraduría. Si se verifica el número necesario de apoyos, se convocará posteriormente a una votación popular para definir el futuro político del alcalde.
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