Por nueva reducción de la jornada laboral en Colombia, consultora reveló cómo la medida afectará a las pequeñas empresas: hasta el 30% podrían desaparecer

La aprobación de la reducción de la semana laboral a 42 horas en Colombia, cuya aplicación será obligatoria a partir del 15 de julio de 2026, plantea desafíos inmediatos para las micro, pequeñas y medianas empresas.

La doble presión de un incremento en los costos laborales y un entorno económico adverso, según un informe de la firma Crowe Co Colombia, podría traducirse en la desaparición de hasta el 30% de las empresas más pequeñas, que conforman la base del empleo formal del país.

Crowe Co Colombia advirtió que sin ajustes precisos en la estructura de horarios, recargos y planificación financiera, la sostenibilidad de este segmento empresarial corre serio riesgo.

A menos de tres meses de la entrada en vigor, el país se enfrentará a otro cambio significativo: a partir el 1 de julio, el recargo por trabajo en día de descanso obligatorio subirá al 90%, completando un proceso de transición regulado por la Ley 2101 de 2021.

Según datos del Banco de la República citados por la firma, el escenario se complica con una tasa de interés de referencia del 11,25%, una inflación anual de 5,56% en marzo y un interés bancario corriente del 17,84% efectivo anual para abril.

Este entorno eleva el costo del crédito y restringe la liquidez de las Pymes justo en el momento en que deberán afrontar mayores cargas por hora trabajada y por recargos en turnos nocturnos y jornadas extendidas.

El impacto previsto no se limita a ajustes administrativos. Juan Carlos Arbeláez, socio de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Co Colombia, señaló que mantener el salario mensual y el valor de la hora ordinaria, pero reducir la cantidad total de horas, genera lo que denomina un “efecto tijera”: “Se paga lo mismo por menos horas”, afirmó Arbeláez. Esta configuración obliga a las empresas a replantear de inmediato sus planes de operaciones.

Un dato adicional del análisis prevé que entre el 25% y el 30% de las micro y pequeñas empresas podrían dejar de operar si no se adaptan rápidamente al nuevo escenario.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, también conocido como el Centro de Estudios Económicos (Anif), el salario por hora experimentará un salto notable, pasando de $7.736 en el primer semestre de 2025 a $10.422 en la segunda mitad de 2026, lo que implica un aumento acumulado del 34,7%.

El golpe financiero se sentirá con mayor fuerza en sectores dependientes de turnos extendidos, servicios nocturnos, domingos o festivos, como comercio, hotelería, transporte y vigilancia.

Un sondeo de Fenalco reveló que el 40% de las empresas ya ha reducido operaciones en esos horarios y que el 27% adicional planea hacerlo en breve. Además, 51% de los empresarios considera que está poco o nada preparado para afrontar el aumento de costos; el 71% anticipa recortes en el empleo durante 2024.

El peso desproporcionado sobre las micro y pequeñas empresas

La vulnerabilidad es especialmente alta en las compañías más pequeñas, en las que la mayoría de los trabajadores percibe el salario mínimo. Según datos de Anif, el 63% del personal en firmas de 1 a 5 empleados, el 58,2% en aquellas de 6 a 10 y al menos la mitad en empresas de menos de 20 trabajadores están en ese rango salarial.

Esto significa que cualquier incremento en el costo por hora impacta la nómina de forma inmediata. Si se suman las cargas de seguridad social, parafiscales y prestaciones, cada trabajador con salario mínimo ya representa un costo de $2.864.324 mensuales para la empresa, de acuerdo con el análisis de Crowe Co Colombia.

En Colombia, las micro, pequeñas y medianas empresas componen el 98% del tejido empresarial y generan alrededor del 80% del empleo, según Confecámaras. Estas cifras dimensionan el potencial efecto sistémico de los ajustes en las condiciones laborales dictados por la Ley 2101 y sus reglamentaciones complementarias.

La transición de un marco jurídico a una realidad operativa ya es palpable. Las compañías han empezado a revisar horarios, recortar turnos, ajustar coberturas y repensar la viabilidad de determinados servicios en horarios nocturnos o de alta demanda.

Arbeláez sostiene que, en muchos casos, “una Pyme puede cumplir la ley y aun así equivocarse financieramente”, ya que si no calibra correctamente los picos de demanda y los turnos, el ajuste puede traducirse en aumentos de horas extra, reducción de márgenes e incluso cierre de franjas horarias rentables.

Este proceso también repercute sobre los trabajadores. Aunque la reducción de la jornada laboral busca mejorar la conciliación y preservar el salario base, en la práctica puede implicar menos ingresos variables para quienes dependen de turnos extra, recargos nocturnos o trabajo en días festivos.

Arbeláez alerta que, con una tasa de desocupación nacional del 9,2% en febrero y un nivel de informalidad del 55,3%, la disminución de horas y el recorte de recargos pueden impactar directamente sobre el ingreso de miles de familias.

El análisis recomienda a las Pymes abordar cinco aspectos clave antes de julio: calcular el costo real de cada hora trabajada, identificar los cargos más dependientes de extras y recargos, delimitar las franjas horarias con mayor generación de valor, revisar qué turnos se mantienen solo por rutina y determinar la resistencia financiera para afrontar los nuevos costos en los próximos meses.