Un tribunal federal en Tampa, Florida, Estados Unidos, aplazó hasta agosto de 2026 el inicio del juicio contra el ciudadano colombiano Jorge Luis Hernández Villazón, conocido como alias Boliche, quien enfrenta graves cargos por lavado de activos, fraude electrónico y extorsión en el marco de un presunto entramado internacional relacionado con el narcotráfico y la corrupción judicial.
La decisión judicial, adoptada tras una audiencia celebrada esta semana, responde a la necesidad de revisar nuevas pruebas incorporadas al expediente y a solicitudes de la fiscalía para ampliar los tiempos de recolección y formalización de evidencias, según Univisión.
De acuerdo con lo discutido en la audiencia, el aplazamiento también permitirá al Ministerio Público federal presentar material probatorio adicional, incluyendo grabaciones, comunicaciones y registros financieros que aún están bajo revisión sobre su admisibilidad.
Parte de estas evidencias estaría siendo evaluada por una comisión especial que deberá determinar si algunas conversaciones están protegidas por el secreto profesional entre abogado y cliente, lo que podría influir en su uso dentro del juicio.
El proceso penal contra Hernández Villazón ha sufrido varios retrasos y actualmente se encuentra en fase previa al juicio.
Su defensa, encabezada por la abogada Silvia Piñeras Vásquez, argumenta que la fiscalía no ha entregado de manera completa las pruebas que sustentan las acusaciones.
Según lo expuesto en audiencia, la defensa sostiene que varias imputaciones se basan en declaraciones de narcotraficantes que aún no han sido plenamente reveladas a la parte acusada, lo que, a su juicio, vulnera el derecho a una defensa adecuada.
Alias Boliche es señalado por las autoridades estadounidenses de haber operado durante años una red de intermediación ilícita que habría prometido beneficios judiciales inexistentes a narcotraficantes a cambio de sumas millonarias de dinero.
Según la acusación, el esquema consistía en ofrecer supuestos contactos con agentes federales y la posibilidad de reducir condenas o mejorar condiciones penitenciarias, promesas que nunca se habrían concretado.
Las investigaciones apuntan a que los pagos eran canalizados a través de una red de colaboradores encargados de mover dinero mediante transferencias internacionales y mecanismos digitales, con el objetivo de evitar controles financieros. Las autoridades estiman que el monto total de las operaciones atribuidas a Hernández Villazón podría superar los 4 millones de dólares.
El expediente judicial también indica que el acusado habría logrado durante aproximadamente dos décadas evadir condenas en Estados Unidos gracias a su papel como informante en investigaciones contra redes de narcotráfico en distintos países de América Latina y el Caribe.
Sin embargo, el actual proceso podría derivar en una condena mínima de varias décadas de prisión, en caso de ser hallado culpable de los cargos de conspiración para fraude electrónico, extorsión y lavado de activos.
El caso ha adquirido una dimensión adicional en el debate político colombiano debido a las supuestas conexiones del acusado con figuras públicas y jurídicas del país.
La controversia se intensificó tras la difusión de imágenes en las que aparece junto al abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, material que ha circulado en redes sociales y fue mencionado por el presidente Gustavo Petro en declaraciones públicas, donde sugirió posibles vínculos entre estructuras criminales y actores políticos.
Estas afirmaciones han sido rechazadas por los involucrados, quienes aseguran que no existe evidencia que los vincule con actividades ilegales.
De la Espriella ha reiterado que su relación con Hernández Villazón fue de carácter profesional y lo ha identificado como un antiguo informante de la DEA, negando cualquier participación en esquemas ilícitos.
El caso también ha salpicado a otros nombres vinculados a firmas legales y redes de intermediación internacional.
Documentos judiciales citados en la investigación señalan la existencia de varios co-conspiradores que habrían operado entre Colombia y Estados Unidos, algunos de los cuales serán llamados a declarar como testigos en el juicio, entre ellos exsocios de bufetes jurídicos y personas relacionadas con procesos judiciales previos de alto perfil.
La fiscalía estadounidense sostiene que la red atribuida a Hernández Villazón no solo se limitaba a la extorsión de narcotraficantes, sino que también habría logrado infiltrarse en estructuras institucionales mediante contactos con exfuncionarios y operadores judiciales, algunos de los cuales han enfrentado procesos por corrupción.
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