Se calienta la campaña electoral: crecen las amenazas y los ataques contra candidatos a semanas de elecciones

Las campañas presidenciales entran en una fase decisiva, pero el ambiente que rodea la contienda no es el esperado. A pocas semanas de las elecciones del 31 de mayo, las alertas por violencia política comenzaron a escalar, tanto en escenarios digitales como en actividades públicas.

El llamado más reciente vino desde la Defensoría del Pueblo, que encendió las alarmas tras identificar un aumento en las agresiones contra varios candidatos. Las amenazas, muchas de ellas difundidas en redes sociales, pusieron en evidencia un clima tenso que amenaza con afectar el desarrollo normal del proceso electoral.

Detrás de ese diagnóstico hay un seguimiento detallado. La entidad analizó lo ocurrido entre el 13 de marzo y el 15 de abril, periodo en el que se registraron múltiples episodios que, según advirtió, van más allá de hechos aislados y reflejan un patrón preocupante.

“En la Defensoría del Pueblo hemos hecho seguimiento, entre el 13 de marzo y el 15 de abril, al compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia, que establece como ejes normativos y éticos la primacía de la vida y la no violencia”, señaló la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz.

El informe identificó distintas formas de violencia política. No se trata únicamente de amenazas directas, también aparecen estigmatización, difamación y ataques sistemáticos que buscan deslegitimar a los candidatos. “Esta violencia no afecta a todas las candidaturas por igual y está reproduciendo desigualdades estructurales”, advirtió la funcionaria.

Uno de los puntos más sensibles tiene que ver con la violencia dirigida a mujeres en política. Según la Defensoría, este tipo de agresiones incluye descalificaciones basadas en estereotipos de género, comentarios sobre la vida personal y expresiones de carácter sexualizado. A esto se suman ataques por prejuicio hacia personas con orientaciones sexuales diversas y expresiones racistas contra aspirantes afrodescendientes e indígenas.

En ese contexto, nombres como Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Claudia López, Aida Quilcué y Sondra Macollins aparecen con frecuencia en los reportes por agresiones asociadas a género, prejuicio o estigmatización. También se advirtió que Iván Cepeda y Quilcué han sido blanco recurrente de difamación.

La Defensoría identificó, además, otros patrones de ataque. “En contra de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo se evidencian situaciones de difamación. La campaña de Sergio Fajardo recibe también un lenguaje ofensivo. Este panorama confirma que la violencia política está incidiendo de manera directa en el ejercicio de los derechos políticos”.

El problema no se limita al plano digital. El informe también documenta afectaciones a sedes de campaña y la presencia de actores armados en algunos eventos públicos, lo que eleva el nivel de riesgo. En varios casos, estas situaciones se amplifican por la exposición en redes o por intervenciones de figuras con alta visibilidad.

La defensora advirtió que ese efecto multiplicador tiene consecuencias más profundas. “Incrementando el escalamiento hacia formas más graves de violencia que afectan la deliberación democrática y que propician escenarios de autocensura y silenciamiento”.

En otras palabras, el impacto no solo recae en los candidatos. También alcanza a los ciudadanos, que podrían ver limitada su capacidad de informarse, opinar o participar libremente en el debate público.

“Los ambientes de miedo, autocensura, desinformación y hostilidad que se están generando deterioran la deliberación democrática y pueden restringir en la práctica el derecho de la ciudadanía a elegir libremente”, señaló Marín Ortiz.

Frente a este panorama, la Defensoría insistió en que la responsabilidad no recae únicamente en las campañas. La entidad hizo un llamado directo a distintas instituciones para fortalecer las medidas de prevención y protección.

Entre ellas, mencionó a la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, a quienes pidió reforzar sus acciones dentro de sus competencias para evitar que la situación escale.

Al mismo tiempo, envió un mensaje a los movimientos políticos. La petición es clara: asumir una postura firme frente a este tipo de conductas. En palabras de la entidad, las campañas deben “rechazar de forma expresa y no selectiva estos hechos”.

El reto, en este punto, no es menor. Garantizar unas elecciones libres y en paz implica contener un fenómeno que se mueve entre lo digital y lo territorial, y que tiene la capacidad de influir en la percepción y participación de los votantes.

Con el calendario avanzando y la campaña en su recta final, el país enfrenta una prueba clave: lograr que el debate político se mantenga dentro de los límites democráticos y que las urnas reflejen una decisión libre, sin presiones ni amenazas.