Colombia enfrenta un preocupante incremento en las vulneraciones a la libertad religiosa y las amenazas contra líderes de comunidades de fe, según alertaron varios cabildantes de Bogotá tras los recientes hechos ocurridos en la Iglesia de San Francisco el Jueves Santo del 2 de abril.
La denuncia penal interpuesta por el concejal Andrés Barrios ante la Fiscalía General de la Nación destacó que, entre enero y septiembre de 2024, las amenazas contra líderes religiosos aumentaron un 50% y las agresiones a la libertad de culto crecieron en un 31% en Colombia.
Barrios señaló que la denuncia penal, sustentada en los presuntos delitos de actos de discriminación y perturbación de ceremonias religiosas, fue respaldada en pocos días por más de 200 ciudadanos, quienes acompañan la iniciativa contra el “sesgo anti-creyente” en la capital. Como resultado, ya se realizó un primer encuentro para avanzar en la constitución de una mesa ciudadana que impulsará la creación de un Proyecto de Acuerdo en el Concejo de Bogotá.
El concejal participó en un debate de control político sobre garantías institucionales a la libertad religiosa y denunció que los hechos del 2 de abril en la Iglesia de San Francisco no son aislados, sino reflejo de un clima creciente de intolerancia y hostilidad contra la fe.
Barrios subrayó que “mientras el Gobierno elimina protecciones, las amenazas contra líderes religiosos aumentaron un 50% y las agresiones a la libertad de culto un 31%”. Según el cabildante, se evidenció un deterioro grave de las garantías para el ejercicio de la fe que cobija a casi el 90 % de los colombianos.
Debate político y críticas a decisiones del Gobierno Nacional
Durante el debate, Barrios cuestionó declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro y decisiones como el Decreto 1285 de 2023, mediante el cual el Ministerio del Interior eliminó a los líderes religiosos de los esquemas de protección. La Defensoría del Pueblo había señalado la urgencia de revertir esa medida, advirtiendo que la actividad religiosa se ha convertido en una labor de riesgo dada la situación de violencia en el país.
Barrios exigió al Concejo y a las autoridades locales que la libertad religiosa tenga la misma protección que otros derechos en el espacio público, especialmente durante movilizaciones sociales. Propuso la creación de un sistema distrital de registro de incidentes, la adopción de un protocolo unificado de atención a la discriminación religiosa y el despliegue de campañas de prevención y cultura de respeto.
“El sesgo anti-creyente no puede seguir siendo normal ni invisible en Bogotá; debe ser reconocido, enfrentado y erradicado. La libertad religiosa no es un derecho de segunda categoría”, concluyó Barrios.
Señalamientos de persecución y deterioro institucional
En la misma línea, la concejala Clara Lucía Sandoval denunció una persecución sistemática contra creyentes, señalando directamente al presidente Petro y advirtiendo sobre el efecto de sus discursos en la legitimación de agresiones contra la fe. Sandoval aseguró que “cuando el presidente irrespeta la fe, envía un mensaje peligroso. Si desde arriba se burlan de lo sagrado, abajo se termina justificando la agresión”. Según la cabildante, el ambiente de hostilidad no es casual, sino consecuencia de un deterioro del respeto institucional.
Sandoval relató ataques recientes a iglesias, actos vandálicos, intimidaciones durante celebraciones religiosas y agresiones en redes sociales a quienes expresan su fe. “Esto no es aislado. Es sistemático. Y el silencio del Estado lo está permitiendo”, señaló, al tiempo que criticó la respuesta desigual de las autoridades y la falta de aplicación efectiva de las normas que sancionan los ataques a la fe.
Fallas de prevención y omisiones institucionales
El concejal Marco Acosta denunció graves omisiones del Distrito frente a la protección de la libertad religiosa durante la Semana Santa en la Iglesia de San Francisco. Explicó que la manifestación social incluyó actos provocadores, consignas ofensivas y la interrupción directa de ceremonias religiosas, afectando a los feligreses y replicándose en otros templos del centro de Bogotá.
Según registros del Puesto de Mando Unificado (PMU), unidades de la Policía Metropolitana advirtieron sobre intentos de ingreso de manifestantes a la iglesia y solicitaron mantener la custodia del lugar. Sin embargo, desde instancias de Derechos Humanos se ordenó retirar a la Policía, aun con alertas vigentes sobre riesgos para el templo y su comunidad. Acosta sostuvo que esta decisión institucional permitió la afectación al ejercicio del culto y constituye una responsabilidad directa del Distrito.
El cabildante recordó que recientes hechos de violencia, como el asesinato de una familia pastoral en Aguachica, reflejan la creciente vulnerabilidad de las comunidades religiosas en Colombia, en un contexto nacional de amenazas y agresiones constantes.
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