La ejecución de una diligencia judicial en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió un nuevo punto de tensión institucional entre ese órgano del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, en el marco del proceso que se adelanta por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
La actuación, ordenada y ejecutada por la magistrada Cristina Lombana el martes 21 de abril de 2026, se centró en la revisión de documentación del expediente y generó cuestionamientos sobre su oportunidad y alcance, debido a que se realizó mientras estaba en trámite una recusación presentada contra la propia magistrada que la dispuso, circunstancia que agudizó el choque entre las partes involucradas en el proceso.
Diligencia judicial y choque con la Comisión de Acusaciones
La orden de la Corte Suprema de Justicia implicó el acceso a los expedientes que reposan en la Comisión de Acusación, donde se adelanta la investigación contra el presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales en la campaña de 2022. En este contexto, la magistrada Lombana dispuso la inspección para establecer si existían bloqueos en la actuación de los congresistas investigadores.
La diligencia incluyó la revisión de material probatorio que forma parte de un expediente compuesto por más de 40 cuadernos de documentos. Según lo conocido, el análisis judicial abarca actuaciones de los representantes Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, quienes integran el grupo investigador dentro del Congreso.
Sin embargo, la actuación generó inconformidad en sectores de la Comisión, donde se cuestionó la procedencia de la inspección. Algunos funcionarios e investigadores señalaron que la diligencia podría ser considerada irregular debido a que aún no se había resuelto una recusación contra la magistrada Cristina Lombana al momento de su ejecución.
La recusación contra la magistrada Lombana
Previo a la inspección judicial, el representante Alirio Uribe, integrante del Pacto Histórico y coordinador de la investigación en la Comisión, radicó la acción, donde planteó cuestionamientos sobre la imparcialidad de la togada y solicita que sea apartada del conocimiento del caso: “La recusación que se formula tiene como finalidad garantizar que la actuación continúe bajo la dirección de un funcionario que ofrezca plenas garantías de neutralidad, evitando que el proceso siga siendo conducido por quien, a partir de un conjunto de circunstancias objetivas, permite cuestionar razonablemente su imparcialidad”.
La recusación también señala que las decisiones probatorias adoptadas en el proceso han incluido solicitudes amplias de información sobre los equipos de trabajo de los congresistas investigadores y su entorno funcional. En ese sentido, el documento solicita “disponer su separación del conocimiento de la actuación de la referencia”.
En la recusación presentada, Uribe también expuso antecedentes de actuaciones previas de la magistrada en otros expedientes relacionados con financiación de campañas, así como decisiones judiciales en las que habría sido apartada de procesos por cuestionamientos de imparcialidad. El documento plantea que estas circunstancias configuran dudas sobre su neutralidad en el caso actual.
El proceso en el que se enmarca el choque institucional está relacionado con el fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE), que determinó que la campaña presidencial de 2022 excedió los topes de gastos en $3.042 millones y omitió el reporte de $3.698 millones. La decisión incluyó sanciones económicas contra Ricardo Roa, gerente de la campaña; Lucy Mogollón, tesorera; y María Soto, auditora.
El CNE también registró aportes de personas jurídicas, entre ellos 500 millones de pesos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y 121.544.000 pesos de la Unión Sindical Obrera (USO) en la primera vuelta presidencial.
En este contexto, la Corte Suprema deberá analizar más de 40 cuadernos que integran el expediente, mientras la Comisión de Acusación continúa el trámite político y judicial del caso contra el presidente.
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