El Centro Democrático denunció que más de la mitad de los votos obtenidos por el Pacto Histórico en el Senado durante la última elección legislativa en Colombia provienen de municipios con presencia de grupos armados ilegales.
La entrega oficial del informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) está programada en Washington el martes 21 de abril de 2026; y será entregado por los congresistas José Jaime Uscátegui, Marelen Castillo y María Angélica Guerra.
Según la denuncia, el Centro Democrático sostiene que el 55% de los votos del Pacto Histórico para el Senado fueron de 126 municipios identificados como zonas bajo el control o la disputa de organizaciones armadas ilegales. El partido argumentó que esta concentración de votos en áreas afectadas introduce dudas sobre la libertad y autonomía de los comicios en esas regiones, así como sobre la igualdad en la competencia política.
El documento, elaborado por Víctor Mosquera Marín Abogados y al que tuvo acceso Semana, fue suscrito por los congresistas José Jaime Uscátegui, Marelen Castillo y María Angélica Guerra. En él se cruzan datos oficiales relativos a los 4.413.636 votos logrados por el Pacto Histórico en el Senado con la geografía de municipios considerados bajo influencia de grupos armados ilegales, incluidas las disidencias de las Farc.
La sistematización reveló que, en esos 126 municipios, la coalición oficialista recibió 2.423.844 votos, cifra que representa el 54,9% de su votación total al Senado. El informe puntualizó que en 65 de estos municipios el Pacto Histórico ocupó el primer lugar, en 19 el segundo y en 42 el tercero. En muchos de estos territorios, la fuerza gubernamental alcanzó porcentajes de votación superiores al 20, 30, 40 y, en al menos 15 municipios, el 50%.
Estas zonas se ubican principalmente en regiones como Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta, Norte de Santander y sectores de Antioquia. El escrito enfatiza que el conflicto armado en estos lugares incide en la vida civil, la movilidad y el ejercicio efectivo de derechos políticos.
Si bien el documento no señala la existencia de órdenes explícitas para inducir el voto ni la prohibición de campañas, sí describe la presencia de mecanismos complejos de control social, restricciones a la movilidad, vetos a candidaturas y un ambiente de intimidación general que podría limitar la deliberación política, conforme expone el Centro Democrático.
Implicaciones democráticas y autonomía del voto
Los autores subrayaron que la denuncia no busca deslegitimar el voto de los ciudadanos, ni establece una relación causal directa entre el control armado y los resultados electorales. Destacaron que el riesgo es de orden estructural: “Allí donde el control armado condiciona la deliberación pública, restringe la circulación de opciones políticas y debilita la autonomía del elector, se compromete directamente el principio democrático”, recogió el documento revelado por el medio citado.
El análisis metodológico apunta a que el problema supera cualquier circunstancia coyuntural o partidista. Advierte que es más grave en contextos donde actores armados y economías ilícitas refuerzan dinámicas que reproducen prácticas clientelistas o coaccionan a las comunidades, reduciendo la posibilidad de deliberación electoral genuina.
Los firmantes insistieron en que el informe no acusa fraude ni traslada responsabilidad a los ciudadanos, sino que alerta sobre la debilidad de la autonomía electoral en estos entornos, lo que afecta gravemente la pluralidad y legitimidad del proceso democrático colombiano.
Violencia política y riesgos para la oposición
El informe resaltó amenazas directas a la oposición, ejemplificadas en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. En efecto, señala que las agresiones superan hechos puntuales y configuran un patrón estructural que compromete la seguridad para hacer campaña.
El documento mencionó las amenazas recibidas por la candidata presidencial Paloma Valencia, incluyendo la difusión de imágenes de coronas fúnebres en redes sociales y ataques contra sus sedes de campaña. Este escenario, advirtieron los congresistas, evidencia el resurgimiento de la violencia política en el país y obstaculiza la participación en condiciones de igualdad para los líderes opositores.
El análisis concluyó que estos episodios dificultan que las propuestas de la oposición compitan sin temor a represalias o atentados en el presente proceso electoral.
Según el Centro Democrático, el informe alertó sobre un posible uso de la infraestructura estatal para favorecer a candidatos del Gobierno. Plantea preocupaciones sobre el uso indebido de recursos oficiales, lo cual alimenta la suspicacia y los cuestionamientos respecto a la legitimidad de las elecciones.
El documento, citado por Semana, denunció que el Estado colombiano estaría en una “campaña permanente”, lo que comprometería la neutralidad e imparcialidad de los funcionarios públicos. También expuso la existencia de un discurso oficial que pone en duda los resultados electorales adversos, fenómeno denominado como “negacionismo electoral”, atribuido al presidente Gustavo Petro y a grupos de parlamentarios oficialistas.
Este entorno, según el informe, erosiona la confianza pública en entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE) e incrementa la percepción de fraude sistémico, abriendo la puerta a posibles crisis de gobernabilidad tras la elección.
Los autores concluyeron que la convergencia de uso institucional, discursos de sospecha y la persistencia de la violencia política representan una amenaza directa para la fortaleza democrática de Colombia.
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