
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) tomó una decisión clave frente al uso de recursos hídricos en el municipio de La Calera, al resolver la solicitud de prórroga de concesión presentada por la empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A.S. (Indega), embotelladora de Coca-Cola FEMSA.
La autoridad ambiental confirmó que la compañía podrá continuar utilizando agua subterránea, pero bajo condiciones más estrictas, con menor caudal y por un periodo reducido.
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La determinación, oficializada mediante la Resolución 50267000347, establece que la empresa solo podrá seguir captando agua en cuatro de los siete manantiales que tenía concesionados. En los tres restantes, la CAR negó la prórroga, lo que implica una reducción significativa en el acceso al recurso hídrico.
Además, uno de los puntos más relevantes de la decisión es la disminución del caudal autorizado, pues la captación pasará de 3,23 litros por segundo a 1,9 litros por segundo, lo que representa una reducción cercana al 42%.

Esta medida busca ajustar el uso del agua a las condiciones actuales de disponibilidad en la zona y responder a las preocupaciones ambientales que han surgido en los últimos años.
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Otro cambio importante tiene que ver con el tiempo de la concesión. Mientras anteriormente este tipo de permisos podía extenderse hasta por 10 años, la CAR decidió limitar la nueva autorización a un periodo de cinco años y una vez transcurrido ese plazo, se realizará una nueva evaluación para determinar si es viable o no renovar la concesión, teniendo en cuenta factores como el estado de las fuentes hídricas y las condiciones climáticas.
Según explicó la autoridad ambiental, la decisión no fue arbitraria, sino que se basó en un análisis técnico integral, el cual incluyó estudios hidrogeológicos, modelaciones de balance hídrico, evaluación de la variabilidad climática y procesos de participación con la comunidad, autoridades locales y organismos de control. Con esto, la CAR buscó garantizar un equilibrio entre la actividad económica y la protección de los recursos naturales.
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Dentro de las nuevas condiciones impuestas a la empresa, se destacan varias obligaciones ambientales. Entre ellas, la instalación de sistemas de medición en tiempo real para monitorear el caudal captado, con seguimiento de entidades como el IDEAM. Asimismo, la compañía deberá implementar planes de compensación ambiental de forma inmediata.

Una de las exigencias más relevantes es la adquisición de más de 53 hectáreas en ecosistemas estratégicos, como páramos y zonas altoandinas, con el fin de garantizar su conservación. Estas áreas son clave para la regulación hídrica y la protección de las fuentes de agua en la región.
Adicionalmente, la empresa deberá ejecutar obras hidráulicas que contribuyan a mejorar el abastecimiento de los acueductos locales, una medida que busca beneficiar directamente a las comunidades cercanas.
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CAR explica por qué limitó uso de agua a Coca-Cola en La Calera
En medio del debate por el uso de recursos naturales en la Sabana de Bogotá, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Alfred Ballesteros, entregó nuevos detalles sobre la decisión que restringe la captación de agua por parte de la embotelladora de Coca-Cola.
Durante una entrevista en el programa Mañanas Blu, el funcionario explicó los fundamentos técnicos, ambientales y sociales que llevaron a la entidad a reducir el caudal autorizado, limitar el tiempo de concesión y negar el uso de varios manantiales.
“La decisión que hemos tomado es negar la prórroga sobre los manantiales cinco, seis y siete y autorizar la prórroga solamente por el término de cinco años y haciendo una reducción de caudal de tres punto veintitrés a uno punto nueve litros por segundo, sujetos al cumplimiento de unas medidas de compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en esta microcuenca”, afirmó Ballesteros.
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El director insistió en que la medida no debe interpretarse como una sanción contra la compañía, sino como una acción necesaria para proteger el equilibrio ambiental.

“Yo no diría que hay golpes… los sectores productivos tienen un derecho al acceso a los recursos naturales… pero también tienen que contribuir de forma importante para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales y en este caso, del recurso hídrico”, señaló Ballesteros.
La decisión de la CAR implica tres cambios clave: la reducción del tiempo de concesión de 10 a 5 años, la disminución del número de manantiales autorizados de siete a cuatro y un recorte significativo en el volumen de agua permitido. Además, se estableció que en caso de fenómenos como El Niño, la captación podría suspenderse por completo.
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Según explicó el funcionario, estas determinaciones se basan en un análisis integral del comportamiento del agua en la microcuenca Tres Quebradas.
“Nosotros partimos de un análisis de cuál es la oferta hídrica en la microcuenca, cuál es la oferta en periodos normales, en periodos de invierno y cuál es la oferta en periodos secos y cuál la demanda, y en función de eso adoptamos la respectiva decisión”, indicó.

Uno de los puntos más sensibles del debate ha sido si la empresa estaba afectando el acceso al agua de las comunidades y frente a esto, Ballesteros fue enfático en aclarar que no se trata de una responsabilidad directa de la industria.
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“No podemos decir que es culpa de los sectores productivos o de las industrias que los habitantes hoy en el territorio se estén quedando sin agua. Esto es una realidad que está pasando en todo el país. Los efectos del cambio climático”, explicó.
Sin embargo, también dejó claro que la prioridad en el uso del recurso hídrico debe ser el consumo humano: “La norma a nosotros nos impone una obligación y es garantizar el agua prioritariamente para consumo humano solo los excedentes distribuirlos en los sectores productivos”, puntualizó.
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