La candidata presidencial Paloma Valencia presentó ante la Corte Constitucional una demanda para que se revise la legalidad del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, al considerar que esta norma permitió aumentos masivos en los avalúos catastrales que han impactado el impuesto predial en Colombia.
Según informó el equipo de campaña de Valencia, la disposición legislativa ha facilitado que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) ejecute ajustes generalizados en los avalúos tanto de predios urbanos como rurales. Esta situación ha derivado en incrementos del impuesto predial, situación que, de acuerdo con la aspirante, afecta a millones de propietarios en todo el país.
La candidata del Centro Democrático recordó que, durante el debate del Plan Nacional de Desarrollo en 2023, advirtió sobre el potencial de este artículo para convertirse en un mecanismo de incrementos desproporcionados.
En ese momento, según Valencia, la bancada del Centro Democrático intentó suprimir la disposición en el Congreso, pero la propuesta fue rechazada por la mayoría oficialista.
“Tal como lo advertí en 2023, el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo de Petro se convirtió en un cheque en blanco para que el IGAC disparara los avalúos”, afirmó Valencia.
La candidata calificó los efectos actuales como “prediales confiscatorios”, que —según su postura— afectan especialmente a la clase media y a pequeños propietarios.
“Con la bancada del Centro Democrático dimos la pelea para eliminar este artículo, pero el Gobierno impuso sus mayorías. Hoy los colombianos están condenados a pagar prediales confiscatorios por el capricho del Gobierno Petro. Daremos la pelea en la Corte y en mi Gobierno detendremos este abuso”, expresó Paloma Valencia.
La demanda solicita que la Corte Constitucional determine si el artículo 49 vulnera derechos fundamentales como el debido proceso y la propiedad privada, así como principios tributarios de equidad, eficiencia y progresividad. El pronunciamiento de la Corte sobre la constitucionalidad de la norma aún está pendiente.
La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, ha denunciando y demandado decretos del Gobierno Petro.
Por ejemplo, Valencia presentó una demanda contra el decreto promulgado por el gobierno de Gustavo Petro, que redefine el alcance de los sindicatos en Colombia. Esta nueva normativa establece la obligatoriedad de las convenciones sectoriales y la imposición de una cuota sindical para todos los trabajadores, sin importar si están afiliados a un sindicato.
Valencia argumenta que estas medidas ponen en riesgo la autonomía de las empresas y acusa al Ejecutivo de utilizar la reforma con fines electorales. Según la senadora, el objetivo sería favorecer la campaña de Cepeda a través del fortalecimiento del poder sindical. En publicaciones en redes sociales, Valencia sostuvo que el decreto vulnera los derechos de los trabajadores y la independencia del sector empresarial, señalando que por este motivo acudió a la justicia.
Uno de los aspectos centrales cuestionados por la candidata es que el decreto obliga a todas las compañías de un mismo sector a acatar los acuerdos alcanzados en negociaciones colectivas sectoriales, sin importar su posición o sus condiciones particulares. Valencia advierte que esta imposición podría perjudicar la viabilidad de empresas con diferentes estructuras financieras, al obligarlas a asumir compromisos que no necesariamente reflejan su situación.
El decreto también ordena a las empresas abrir su información financiera y empresarial a los sindicatos. Valencia advierte que esta exigencia compromete la confidencialidad, ya que los sindicatos tendrían acceso a datos sensibles y podrían utilizarlos o incluso venderlos a la competencia. Según la candidata, demostrar la violación de la privacidad empresarial sería complicado, lo que podría facilitar situaciones de presión o extorsión hacia las compañías.
Para Valencia, la nueva regulación genera un escenario de incertidumbre y presión para el sector privado, alterando de forma relevante la relación entre sindicatos y empresas en Colombia.
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