Tras seis días de bloqueos y movilizaciones campesinas en Santander por el alza en el avalúo catastral y el impuesto predial, autoridades regionales y nacionales alcanzaron un principio de acuerdo con los representantes rurales para revisar los incrementos excesivos.
La intervención del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) fue clave en la mesa de negociación, que se instaló tras protestas en Lebrija y otras zonas.
El acuerdo alcanzado estipula la revisión y posible reducción de los avalúos catastrales en aquellos predios donde se evidencien aumentos fuera de proporción. Los compromisos quedarán formalizados una vez se firmen las actas respectivas, lo que permitirá levantar las manifestaciones y restablecer la circulación en las vías principales de Santander.
Acuerdo para revisar el avalúo catastral en Santander
El conflicto se originó cuando campesinos bloquearon rutas estratégicas tras recibir notificaciones de un incremento relevante en el avalúo catastral, lo que derivó en un mayor impuesto predial rural. Según El Tiempo, muchos afectados aseguraron que la actualización no reflejaba el valor real de mercado, especialmente en zonas áridas, sin agua ni carreteras.
Frente a esta situación, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, afirmó a El Tiempo que, tras el diálogo, “hemos llegado a un acuerdo para solucionar el problema a aquellos campesinos y aquellas personas que sintieron un aumento desproporcionado en el avalúo catastral”.
El compromiso autoriza a los directores regionales del Igac a analizar cada caso y ajustar los valores a la realidad del terreno y del mercado.
“Una resolución autoriza a directores regionales del Igac para hacer ajustes necesarios donde haya incrementos desmesurados. Ayer, discutiendo con todos los voceros, hicimos un ejercicio para revisar las zonas y se encontró que se debe reducir en algunos puntos. Se presentó un borrador y eso es satisfactorio para los campesinos. Eso se va a hacer con todos los municipios de Santander que tengas problemas", explicó el mandatario regional.
El director del Igac, Gustavo Adolfo Marulanda Morales, indicó al mismo medio que el instituto verificará que las liquidaciones fiscales cumplan la normativa y buscarán mecanismos para fortalecer la gradualidad y progresividad en el cobro de este gravamen.
“Faltó revisar algunos casos particulares, donde no tienen agua ni vías de acceso y son terrenos con algún problema de deslizamientos”, explicó el gobernador Díaz en diálogo con el medio mencionado.
La metodología acordada establece que dos voceros por municipio serán responsables de transmitir los procedimientos y resolver dudas en sus comunidades, según Blu Radio.
El gobernador Díaz precisó que se emitió una resolución que autoriza a los directores del Igac a hacer los ajustes necesarios donde los incrementos sean desmesurados, abarcando todos los municipios de Santander afectados.
Como ejemplo, Díaz expuso en Blu Radio el caso de un predio valorado inicialmente en 200 millones, cuya tasación subió a 2.000 tras la actualización; la revisión lo ajustó a un rango que podría ir de los 700 a los 800 millones, cifra considerada más cercana al mercado y adecuada a las particularidades locales.
Persisten, no obstante, casos especiales que requieren atención adicional, como predios sin acceso a agua, caminos o ubicados en áreas expuestas a deslizamientos, según informaron funcionarios citados por ambos medios.
La consolidación del acuerdo depende ahora de la formalización en actas, tras una reunión programada entre los alcaldes, delegados del Igac y funcionarios del Ministerio del Interior en Bucaramanga.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, subrayó en su cuenta de X —según Blu Radio— que viajó a la capital santandereana para “buscar soluciones para levantar el paro” y explorar la posibilidad de replicar el modelo en otros departamentos, incluyendo Boyacá, Cundinamarca y Putumayo.
Tanto autoridades como líderes campesinos consultados prevén que, una vez firmados los compromisos y socializados los resultados, los bloqueos cesarán, permitiendo reanudar el tránsito en las carreteras de la región.
Luego de dos décadas sin actualizar el avalúo catastral, la nueva metodología incorpora criterios sobre acceso a servicios y condiciones del terreno. Este ajuste dejó conformes a representantes rurales, quienes regresaron a Bucaramanga para informar a sus comunidades y cerrar así un ciclo de diálogo que abre vías para futuras revisiones en otras jurisdicciones.
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