La discusión pública sobre la gestión penitenciaria tras parranda vallenata en cárcel de Itagüí y la influencia política en Colombia sumó un nuevo episodio tras unas declaraciones de la exministra de Justicia Ángela María Buitrago.
En el programa Aquí y Ahora, de La FM, Buitrago afirmó que durante su gestión recibió presiones y amenazas por parte de la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta. Según la exfuncionaria, la congresista buscaba mantener privilegios para ciertos internos en los centros penitenciarios y habría intervenido para impedir allanamientos en la cárcel de Itagüí.
Las afirmaciones de Buitrago generaron una reacción inmediata en diferentes sectores políticos. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, utilizó X para calificar el papel de la congresista de manera contundente: “La Senadora al servicio de los bandidos”, escribió, sumando así un nuevo elemento al debate sobre la supuesta injerencia de actores políticos en asuntos penales.
Ante esos señalamientos, la senadora Isabel Zuleta respondió directamente al mandatario local. En su mensaje, defendió el sentido de su labor en el Congreso y cuestionó la gestión de Gutiérrez al frente de la ciudad: “Alcalde, mi curul está al servicio de la paz, como lo manda la Constitución”.
Zuleta argumentó que las acusaciones constituyen una estigmatización injusta y reflejan un desinterés institucional por fortalecer procesos de reconciliación. “Su estigmatización solo demuestra el desinterés de su administración por construirla”, puntualizó.
La respuesta de Zuleta incluyó además un señalamiento a la administración de Gutiérrez, al sugerir que durante su primer periodo como alcalde existió un funcionario vinculado a organizaciones criminales.
“Lo curioso es que usted sí tuvo, en su primera administración, un secretario al servicio suyo y de los combos”, afirmó la senadora.
Fiesta privada en cárcel de Itagüí reavivó polémica por privilegios a “gestores de paz”
El reciente escándalo por una fiesta privada en la cárcel de Itagüí, en la que participaron reclusos reconocidos como “gestores de paz” y el cantante vallenato Nelson Velásquez, ha elevado la controversia sobre los privilegios otorgados a determinados internos bajo el Gobierno de Gustavo Petro.
El evento se suma a la polémica generada meses atrás, cuando varios de estos detenidos aparecieron en un acto público junto al presidente en junio de 2025.
El concierto, realizado en un día exclusivo de visitas para los “gestores de paz”, contó con la presencia de familiares y fue autorizado bajo condiciones especiales.
Este trato preferencial ha sido respaldado por las autoridades penitenciarias, que consideran a estos internos piezas clave en el proceso de paz urbana impulsado por la administración Petro. No obstante, la noticia incrementó el debate sobre la equidad en el acceso a beneficios penitenciarios y la línea que separa el diálogo con organizaciones criminales de la permisividad estatal.
Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico y coordinadora de los diálogos entre el Gobierno y las bandas del Valle de Aburrá, afirmó en diálogo con El Debate, de Semana “Bajo ninguna circunstancia podemos acolitar este tipo de comportamientos. Funcionarios que permitieron esto deben ser investigados y sancionados”.
Zuleta confirmó que las conversaciones entre el Ejecutivo y los cabecillas han sido suspendidas hasta esclarecer los hechos y tomar decisiones.
En cuanto a los beneficios de visitas, Zuleta explicó que los denominados “voceros” cuentan con jornadas exclusivas: “Ellos tienen visitas especiales”, señaló, diferenciando su situación de la de otros presos.
Además, rechazó que se les etiquete como “capos”, al subrayar: “No son capos. ¿Qué define capos? Que han sido condenados por narcotráfico. Las condenas de las personas que están en este momento privadas de la libertad o incluso que hacen parte del proceso de paz, pero que fueron liberadas por un juez de ejecución de penas, no fueron por narcotráfico”.
El objetivo de estos representantes de bandas, según Zuleta, es lograr acuerdos para reducir delitos y avanzar hacia la entrega de armas. Sin embargo, la falta de un marco jurídico claro y el escaso apoyo legislativo dificultan la aprobación de beneficios prometidos por el Gobierno.
Actualmente, la coordinación de Zuleta abarca el diálogo con estructuras como los Chata, el Mesa, la Terraza, los Pachelly, los Pesebreros, entre otras, que operan en el Valle de Aburrá y son señaladas por la Secretaría de Seguridad de Medellín de actividades como homicidio, extorsión y contrabando.
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