La suspensión de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), grupo disidente de la Segunda Marquetalia, deja en evidencia los desacuerdos persistentes respecto a la sustitución de cultivos ilícitos y la precariedad de la financiación estatal para respaldar este proceso.
La decisión impacta directamente a los habitantes de los departamentos de Nariño y Putumayo, regiones azotadas por violencia, inseguridad y economías ilegales, y frustra a miles de familias que esperaban acceder a opciones productivas legales.
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Esto se conoció al término del séptimo ciclo de negociaciones, celebrado el 12 y 13 de abril de 2026 en el municipio de Inda Sabaleta (Nariño, sur de Colombia), luego de que las partes no lograran consenso sobre quién debe ejecutar y financiar la erradicación de 30.000 hectáreas de coca.
Así mismo, la falta de recursos estatales y la desconfianza de las comunidades y el grupo armado en la viabilidad del plan fueron determinantes para la interrupción del proceso.
Diferencias sobre la sustitución de cultivos ilícitos
Armando Novoa, jefe de la delegación gubernamental, señaló en diálogo con El Tiempo que el grupo insurgente Comandos de Frontera “ha cumplido con el compromiso en la mesa”.
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A su vez, enfatizó la convicción oficial de que la Cneb debe responsabilizarse más activamente por la erradicación, pidiendo que “así como ellos siembran, que ellos mismos arranquen las hojas de coca”, según sus declaraciones a El Espectador.
Sin embargo, José Vicente Lesmes, conocido como alias Walter Mendoza, líder del grupo guerrillero, recalcó en Blu Radio que “los cultivos son de los campesinos y no de la coordinadora”.
Además, insistió en que las familias dependen de ese sustento y no pueden ser forzadas a dejarlo sin alternativas viables de vida.
Los obstáculos del proceso
El proceso también quedó condicionado por las limitaciones presupuestarias. Según Armando Novoa, admitió que “las demoras en los desembolsos han sido uno de los mayores problemas para ejecutar” el programa de sustitución, tal como lo mencionó a Blu Radio.
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Esta admisión provocó malestar tanto en la Cneb como en las comunidades del sur occidente colombiano, que vieron en ello un signo de incertidumbre sobre la continuidad de los proyectos productivos.
Fuentes recogidas por El Espectador confirmaron que el Gobierno propuso que el grupo armado asumiera la erradicación con sus propios recursos, lo que intensificó las diferencias.
En meses anteriores, el presidente Gustavo Petro ha puesto en duda la voluntad del grupo armado, condicionando futuros avances a mayor implicación de la Cneb.
Por su parte, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito fue designada para supervisar el proceso, pero los atrasos en transferencias estatales y la falta de inversiones han obstaculizado su labor. Según Novoa en El Tiempo, en Putumayo, 13.000 familias ya firmaron acuerdos de sustitución.
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Impacto de la suspensión en las comunidades
La suspensión dejó su huella en las zonas afectadas. En localidades como Roberto Payán y la laguna Chimbuza, líderes y habitantes advirtieron a El Espectador sobre la incertidumbre provocada por el rezago y la carencia de respaldo estatal y financiero.
Allí, más de 4.000 familias han firmado acuerdos de erradicación voluntaria, y aguardan recursos para comenzar a sustituir cultivos por alternativas como panela y cacao.
La confianza en el Estado se erosiona. Alias Walter Mendoza, en declaraciones a Blu Radio, criticó la falta de incentivos sólidos desde el Gobierno, mientras que el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, resaltó en El Espectador las dificultades logísticas y el apremio temporal que afronta la administración departamental, aun cuando afirmó que el compromiso local subsiste, pero no así los recursos.
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Persisten retos adicionales: la organización y funcionamiento de la Zona de Ubicación Temporal depende de acciones concretas de las autoridades nacionales, aspecto aún pendiente de solución.
El futuro de los acuerdos de paz y la viabilidad de una transición hacia economías legales reside en la capacidad de ofrecer incentivos sólidos y monitorear de manera efectiva a las comunidades. Sin una estrategia estatal clara y acompañamiento real, la sustitución de cultivos ilícitos seguirá siendo un desafío sin resolver.
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