Contraloría prendió las alarmas por el creciente endeudamiento del Gobierno Petro: “Este patrón tiene que romperse”

La Contraloría General de la República emitió una advertencia sobre el acelerado crecimiento de la deuda pública, señalando que el Gobierno nacional ha mostrado un patrón persistente de planear con optimismo y ajustar sus previsiones solo después de presentarse dificultades.

La entidad instó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a limitar el uso de recursos de deuda para financiar gastos recurrentes y a controlar el incremento de las tasas de interés al adquirir nuevos compromisos financieros.

Carlos Hernán Rodríguez, contralor General, advirtió que existen razones para analizar con detenimiento la sostenibilidad de la deuda, cuyo valor ya supera los recursos destinados a la inversión nacional.

Según datos oficiales, en 2025 el costo de la deuda alcanzó los $105 billones, lo que equivale al 23% del presupuesto nacional. Esta cifra representa un aumento de cinco puntos porcentuales frente al 18% registrado en 2021.

El funcionario enfatizó que, aunque era necesario corregir el plan financiero, los cambios llegaron de forma tardía y el Gobierno volvió a sobrestimar los ingresos proyectados.

“Se aprueba un presupuesto sobredimensionado que al final siempre se sabe que se va a terminar recortando. Este patrón de planear con optimismo, ejecutar con restricción y ajustar tarde necesariamente tiene que romperse”, afirmó Rodríguez.

El organismo de control también señaló que el bajo nivel de ejecución de la inversión pública evidencia una falla en la gerencia de los recursos estatales. Además, se alertó sobre el incremento en la contratación por prestación de servicios.

Entre agosto de 2022 y marzo de 2026 se firmaron 118.828 contratos por cerca de $8 billones, lo que representa un incremento del 32,6% respecto al periodo anterior. Las entidades con mayor contratación directa por órdenes de prestación de servicios son Sena, Icbf y la Agencia Nacional de Tierras.

La advertencia de la Contraloría se fundamentó en el artículo 268 de la Constitución, que faculta a la entidad para emitir alertas preventivas cuando identifica riesgos para la sostenibilidad fiscal. El pronunciamiento fue presentado durante el foro “Balance Económico y Perspectiva Fiscal para la Sostenibilidad Nacional”.

Entre los factores que motivaron la advertencia figuran el incremento acelerado del endeudamiento, el entorno financiero más restrictivo y la débil articulación entre ingresos y gastos. Estos elementos han afectado la sostenibilidad de las finanzas públicas y han reducido el margen de inversión del Estado.

El informe presentado por la Contraloría incluyó datos sobre el comportamiento reciente de los TES B, títulos de deuda pública en pesos emitidos por el Gobierno. Las tasas de interés para los títulos de corto plazo se ubicaron en 13,69%, mientras que las de largo plazo llegaron al 14,03%. Estas cifras reflejan condiciones más exigentes para la obtención de recursos en el mercado local.

“Las operaciones de canje de 2025 y 2026 han implicado la entrega de títulos con tasas cupón superiores a las de los títulos recibidos, reflejando un deterioro en las condiciones financieras de la deuda”, señaló la entidad en un comunicado.

Rodríguez indicó que las decisiones recientes de la calificadora Standard & Poor’s constituyen un llamado de atención para el país, ya que la calificación de Colombia se sitúa actualmente en BB–, lo que aleja al país del grado de inversión internacional. Entre las razones mencionadas están los déficits fiscales persistentes, el aumento de la carga de deuda y la menor previsibilidad en la gestión fiscal.

El informe también advirtió que la presión fiscal se refleja ya en sectores estratégicos. En salud, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) acumulan deudas por $32,98 billones al cierre de 2024.

En lo relativo a medicamentos, las obligaciones de los gestores farmacéuticos pasaron de 2,8 billones en 2024 a 3,8 billones en 2025. En el sector energético, los subsidios eléctricos pendientes ascienden a unos $3,8 billones, en un escenario que podría agravarse por el Fenómeno del Niño previsto para la segunda mitad de 2026.

El Estado enfrenta, además, obligaciones por $17 billones derivadas de contingencias judiciales con fallos ejecutoriados, de las cuales $14,9 billones deben ser atendidas en menos de un año.

Ante este panorama, la Contraloría propuso una hoja de ruta fiscal basada en cinco ejes: depuración de cuentas y reconocimiento de pasivos acumulados, fortalecimiento de ingresos, mejora en la calidad del gasto, cierre de brechas en la ejecución presupuestal y preservación de la disciplina fiscal.

La entidad concluyó que, sin un plan estructural orientado a reorganizar las finanzas públicas, contener el crecimiento de la deuda y corregir la débil relación entre ingresos y gastos, la sostenibilidad fiscal del país podría seguir en riesgo.