
La Contraloría General de la República presentó los resultados del estudio sectorial titulado “Eliminación de la extracción de carbón en Colombia, su impacto fiscal y la situación actual de otros minerales”, en el que analizó las consecuencias económicas de las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional frente a la explotación de este recurso. El informe recoge datos comparativos y tendencias que evidencian variaciones en el desempeño del sector minero entre 2023 y 2024.
De acuerdo con el documento, los planes nacionales de desarrollo implementados entre 2010 y 2022 promovieron la extracción de carbón térmico como una estrategia para fortalecer el recaudo de regalías, atraer Inversión Extranjera Directa (IED), aumentar el Producto Interno Bruto (PIB) y generar ingresos fiscales a nivel nacional y territorial. Sin embargo, el análisis indica que en el actual Gobierno se han adoptado medidas que desincentivan esta actividad, mediante mayores cargas tributarias y restricciones a su exportación, lo que ha tenido efectos sobre las finanzas públicas.
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En términos de crecimiento económico, la entidad evidenció que el PIB minero registró una disminución del 9,52%, al pasar de $12.179 millones de pesos constantes de 2015 en 2023 a $11.020 millones en 2024. A este comportamiento se suma la reducción en la Inversión Extranjera Directa, que cayó un 60,80%, pasando de 3.442 millones de dólares en 2023 a 1.349 millones en 2024.
Caída en exportaciones y regalías

El estudio también reportó una disminución en las exportaciones de minerales, que pasaron de 13.794 millones de dólares FOB en 2023 a 7.060 millones de dólares FOB en 2024, lo que representa una reducción del 48,82%. Esta variación se refleja igualmente en el comportamiento de las regalías, que registraron una caída del 63,16%, al pasar de $8,1 billones de pesos constantes de 2024 a $2,8 billones en el mismo periodo.
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La Contraloría subrayó que la explotación de carbón térmico tiene una alta participación dentro de estos ingresos, lo que explica el impacto de su reducción en las finanzas públicas. En esa línea, el informe destacó que “el sector minero es muy importante para los ingresos de la Nación”, al señalar que entre 2010 y 2024 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recaudó $64,39 billones de pesos constantes de 2024 provenientes de esta actividad.
Dentro de ese total, la extracción de carbón térmico aportó el 72,12%, equivalente a $46,43 billones, seguido por la explotación de oro y otros metales preciosos, que representaron el 9,15%, es decir, $5,89 billones. Según el análisis, esta composición también se refleja en el comportamiento de las regalías generadas por el sector.
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Recomendaciones sobre transición energética

El informe incluyó recomendaciones dirigidas al Gobierno nacional en el contexto de la transición energética. La Contraloría planteó que este proceso debe adelantarse de manera gradual y planificada, promoviendo el desarrollo de minerales estratégicos como el cobre.
De acuerdo con el estudio, la demanda global de este recurso y la ubicación geológica de Colombia podrían permitir que, en el futuro, se generen ingresos comparables o superiores a los provenientes del carbón térmico.
El documento también expresó preocupación por la evolución del indicador de atractivo de inversión del Instituto Fraser de Canadá, en el que Colombia ha registrado una tendencia descendente desde 2020. La puntuación del país pasó de 72,29 a 44,3 en 2024, lo que, según la Contraloría, evidencia una pérdida de interés por parte de inversionistas en proyectos de extracción minera.
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Potencial de otros minerales y retos institucionales

En relación con otros recursos, el estudio señaló que Colombia cuenta con potencial geológico en minerales como cobre, níquel, oro y esmeraldas, además de indicios de grafito, tierras raras y coltán. No obstante, advirtió que la mayoría de estos proyectos se encuentran en etapas tempranas y no han avanzado a procesos de ronda minera.
El informe indicó que el desarrollo de proyectos de gran escala requiere plazos prolongados, por lo que resulta necesario implementar una estrategia integral que permita que estos minerales asuman progresivamente el rol económico que actualmente desempeña el carbón. En el caso específico del cobre, la Contraloría destacó la ubicación del país en el Cinturón Andino del Cobre, lo que refuerza la necesidad de avanzar en estudios técnicos como perforación, modelamiento de recursos y análisis metalúrgicos.
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Finalmente, el órgano de control recomendó fortalecer la coordinación entre las entidades del Gobierno nacional y aprovechar herramientas institucionales existentes, como las de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En ese sentido, advirtió que “actualmente existen litigios internacionales que se pudieron haber evitado si las entidades gubernamentales hubieran consultado a la Agencia”, en referencia a los lineamientos establecidos en la Circular 05 de 2019 sobre la prevención del daño antijurídico.
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