La extradición de los colombianos Martín Augusto Ochoa Robayo y Carlos Arturo Torres Ríos hacia Estados Unidos se originó en una investigación transnacional que tuvo como elemento central una reunión en un hotel del norte de Bogotá, donde agentes encubiertos documentaron un presunto ofrecimiento de cocaína.
La coordinación de una operación de envío hacia territorio estadounidense fue clave en el expediente, según la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y documentos judiciales citados por El Tiempo.
La reunión clave en un hotel de Usaquén
El punto de partida del expediente se sitúa en el hotel Hotel Santa Bárbara Real, ubicado en la localidad de Usaquén, donde se habrían desarrollado encuentros entre integrantes de la presunta red y agentes encubiertos de Estados Unidos y Colombia.
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Este escenario fue considerado por las autoridades como la prueba principal para sustentar la solicitud de extradición emitida por una corte del estado de Nuevo México.
Según la declaración jurada de un agente de la Drug Enforcement Administration (DEA), el 1 de febrero de 2024 se produjo una reunión en la que un agente encubierto se presentó como comprador interesado en enviar cocaína a la ciudad de Albuquerque.
En ese encuentro estuvieron presentes Ochoa Robayo y otro presunto integrante de la organización identificado como Jorge Regalado Tarifa, según el medio citado.
Durante la conversación, de acuerdo con el expediente judicial, las partes habrían acordado un precio cercano a los seis millones de pesos por kilogramo de cocaína, lo que permitió a los investigadores documentar la estructura de negociación de la red.
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La investigación sostiene que no se trató de un contacto aislado, sino de una operación planificada para establecer rutas de envío hacia Estados Unidos.
Expansión de la supuesta red y rutas internacionales
En el mismo encuentro, Ochoa Robayo habría mencionado la posibilidad de realizar entregas no solo en Nuevo México, sino también en ciudades como Miami, Los Ángeles e incluso El Paso.
Estas declaraciones fueron incluidas en el indictment citado por El Tiempo como evidencia de la supuesta capacidad logística de la organización para operar en varias jurisdicciones dentro de Estados Unidos.
Tras esta reunión inicial, los contactos continuaron mediante comunicaciones por WhatsApp entre los agentes encubiertos y los miembros de la red, en particular con Regalado Tarifa, para coordinar la supuesta adquisición de seis kilogramos de cocaína.
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Estas conversaciones fueron monitoreadas por autoridades colombianas y estadounidenses como parte de una operación conjunta.
Segunda reunión y operación controlada
Casi un mes después, un nuevo encuentro fue organizado nuevamente en el Hotel Santa Bárbara Real. En esta ocasión, según el expediente judicial, participaron agentes encubiertos de la Policía Nacional de Colombia junto con presuntos miembros de la organización criminal.
El informe detalla que hacia la 1:40 de la tarde, los investigadores observaron la llegada de Regalado Tarifa en un vehículo Toyota gris, su ingreso a la habitación del hotel y la interacción con el agente encubierto, según el medio citado.
Más tarde, en horas de la noche, alrededor de las 8:15 p. m., el mismo individuo regresó acompañado de dos personas adicionales en una camioneta negra.
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En esa segunda reunión se habría concretado el intercambio controlado. Según el indictment citado por El Tiempo, los seis kilogramos de cocaína estaban ocultos dentro de una caja de cerveza Corona, mientras otro agente ingresaba con una bolsa de dinero destinada a simular el pago de la operación.
Este procedimiento permitió a las autoridades documentar la presunta transacción y consolidar las pruebas para el proceso judicial en Estados Unidos.
Capturas, extradición y traslado
Con base en estos elementos, la Corte del Distrito de Nuevo México emitió la solicitud formal de extradición contra los dos ciudadanos colombianos. La ejecución del procedimiento estuvo a cargo de la Interpol Bogotá y la Dijín, con apoyo de agencias estadounidenses.
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Los detenidos fueron trasladados en un vuelo privado bajo custodia de agentes federales y posteriormente entregados al U.S. Marshals Service, responsable del transporte y custodia de personas requeridas por la justicia en ese país.
De acuerdo con la investigación, las transacciones financieras relacionadas con la red ascenderían a cerca de 700.000 dólares, correspondientes a giros internacionales presuntamente enviados desde Nuevo México hacia Colombia para financiar las operaciones ilícitas.
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