El presidente Gustavo Petro anunció la posible salida de Colombia del Sistema de Arbitraje Internacional de Inversiones. Argumentó que estos tribunales favorecen a intereses privados y presentan riesgos para los intereses públicos.
Así las cosas, Colombia analiza su permanencia en el modelo debido al monto de las demandas presentadas y a la percepción del Gobierno de que los intereses públicos quedan en desventaja frente a las multinacionales. La Administración impulsa el retiro, respaldado por voces académicas, aunque representantes empresariales advierten que una eventual salida aumentaría la incertidumbre y pondría en entredicho la seguridad jurídica y la confianza de la inversión extranjera.
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Colombia discute la posibilidad de abandonar el modelo porque enfrenta demandas por $52 billones (unos USD14.000 millones), según el Gobierno Petro, que puso en duda si el mecanismo protege de forma adecuada los intereses públicos o privilegia a las multinacionales.
Durante la presentación del informe ‘El modelo económico está cambiando: avances y resistencias bajo el Gobierno Petro’, el presidente explicó que la medida busca responder a situaciones “en las que el arbitraje internacional favorece a las multinacionales en detrimento del Estado”. Resaltó que hay preocupación sobre la capacidad del país para afrontar litigios que afectan el control estatal sobre las políticas públicas.
El Ejecutivo interpreta el retiro como una respuesta a la falta de imparcialidad del mecanismo, sobre todo, dada la tendencia al alza de procesos por acciones legislativas y regulatorias nacionales. Según el mandatario, el cambio se plantea como parte de un modelo económico orientado a fortalecer la autonomía regulatoria y la protección ante intereses externos, replicando reivindicaciones de sectores progresistas.
Argumentos de economistas y académicos sobre el arbitraje internacional
Más de 200 economistas y académicos, entre ellos Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, remitieron una carta al Gobierno en la que solicitan el retiro de Colombia del arbitraje internacional. Según la declaración, el mecanismo permite a las multinacionales extranjeras demandar al Estado cuando las políticas públicas afectan a la rentabilidad de sus inversiones.
Señalaron que el sistema otorga a los inversores externos unas garantías superiores a las ofrecidas a las empresas nacionales o a la ciudadanía, lo que sitúa a las grandes corporaciones en mejor posición ante los Estados anfitriones. El respaldo de la comunidad académica internacional constituye uno de los ejes del debate actual y resalta el contraste con la visión del sector privado local.
Dudas sobre la seguridad jurídica
La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, se refirió a la intención y advirtió sobre los riesgos que enfrentaría Colombia si decide hacerlo. Por medio de un video, afirmó que el problema central no radica solo en la pertenencia o salida del sistema, sino en la seguridad jurídica que en la actualidad ofrece el país.
Según ella, las controversias que se presentan no se originan en el mecanismo de arbitraje internacional, sino en factores internos como “reglas cambiantes, menor previsibilidad, falta de coordinación institucional y debilidad en la prevención del daño antijurídico”. La líder gremial insistió en que el debate “no es blanco o negro”, y recalcó que el verdadero desafío consiste en fortalecer la solidez institucional de Colombia para brindar mayor confianza a los inversionistas.
Considera la exministra de Comercio, Industria y Turismo que el camino adecuado es la modernización de las reglas y la protección eficiente del Estado. “Más que desmontar el sistema, lo que corresponde es corregir esas fallas, modernizar las reglas y proteger mejor el Estado sin debilitar la confianza inversionista, como ya se ha hecho y se ha avanzado recientemente, el último con Estados Unidos con una reforma a través de una nota interpretativa”, puntualizó.
Lacouture advirtió que optar por retirarse del sistema de arbitraje internacional enviaría “una señal que ya hoy preocupa: la de menor confianza y menor seguridad jurídica en el país”. Para la dirigente, la discusión no se limita a la permanencia en el sistema, sino que “se trata del conjunto de decisiones que vienen afectando la percepción del inversionista sobre las reglas, la institucionalidad y la forma en que el país resuelve sus controversias”.
Concluyó con una reflexión sobre el entorno actual para los inversionistas en Colombia: “La pregunta entonces de fondo debe de ser: ¿qué señales le está dando hoy Colombia al inversionista? Y la respuesta es muy preocupante, más incertidumbre, menor previsibilidad, más dudas sobre la estabilidad del marco institucional en nuestro país”.
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