Mauricio Lizcano lanzó duro sablazo a Paloma Valencia y la señaló de defender la inocencia de Ciro Ramírez, condenado por corrupción

Con un comentario con el que buscó confrontar a su contradictora política en búsqueda de la Presidencia de la República, el exministro Mauricio Lizcano acusó a la senadora Paloma Valencia de proteger a Ciro Ramírez, su colega condenado por corrupción tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que impuso 23 años de prisión al congresista, el 25 de marzo de 2026, por estar involucrado en el escándalo de las ‘Marionetas 2.0′.

Lizcano afirmó desde su cuenta en la red social X que Valencia “prepara la llegada de todos los partidos políticos y los congresistas a su campaña” al “defender la inocencia de Ciro Ramírez”, un personaje que, según pudo comprobar el alto tribunal, pidió coimas por contratos gestionados a través del Departamento de Prosperidad Social (DPS), bajo la administración de Pierre García Jacquier.

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El candidato manifestó su molestia tras la publicación de Valencia, que reiteró su rechazo a cualquier forma de corrupción. “Respetamos las decisiones de la justicia. Acompañaremos con todo empeño la lucha anticorrupción. Jamás seremos complacientes con la corrupción de nadie. Manos limpias siempre. Esperamos que en instancias superiores el senador Ciro Ramírez pueda demostrar su inocencia”, expresó la senadora.

El caso por el que fue condenado Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático

Y es que durante la semana del 8 al 12 de noviembre de 2021, previo a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, se celebró el contrato interadministrativo 670 de 2021 entre el DPS y la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta, por un monto de $48.660 millones. Según la sentencia de la Corte Suprema, este contrato fue el centro de la red de desvío de recursos y sobornos que originó la condena a Ramírez.

De acuerdo con el fallo de la Sala de Juzgamiento de la Corte, los hechos por los que fue condenado el senador Ramírez ocurrieron entre 2020 y 2022. Durante ese periodo, el congresista usó su influencia institucional para direccionar recursos derivados del Departamento de Prosperidad Social, en contratos que posteriormente fueron adjudicados a personas y empresas seleccionadas de antemano.

Los pagos irregulares o sobornos comprometidos alcanzaron los $1.000 millones y que el acuerdo criminal fue organizado en 2021 junto a Pablo César Herrera, asesor de Proyecta, y García, exsubdirector del DPS. Los contratos relacionados, en el Quindío y Tolima, fueron otorgados por una red liderada por Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez, y beneficiaron además a empresas encabezadas por Anderson González González.

El propósito de la red era consolidar estructuras de poder político en diferentes regiones del territorio nacional y, al mismo tiempo, la entrega de beneficios ilegales a personajes como Ramírez: que habría ‘aceitado’ la maquinaria del difunto Mario Castaño. El alto tribunal determinó, con base en registros y testimonios, que García promovió el operativo y que la participación del senador fue clave para el direccionamiento del dinero.

Cabe destacar que la Sala de Instrucción de la Corte resolvió no abrir proceso penal contra los senadores Carlos Abraham Jiménez, Juan Samy Merheg, Juan Felipe Lemos y Carlos Fernando Motoa. El tribunal determinó, tras el análisis de pruebas y testimonios, entre ellos los del exgerente de Proyecta, Herrera, que “no existe ningún medio de prueba que demuestre la vinculación de los aforados” a estas conductas.

Según estableció la Corte, durante una reunión celebrada el 13 de octubre de 2021, Herrera comunicó al senador Ramírez los avances de las negociaciones y, junto con García, acordaron la estrategia para formalizar el convenio que permitió el reparto ilícito de los recursos. El diseño del plan permitió fortalecer alianzas políticas en regiones claves y facilitó la asignación irregular de contratos a cambio de sobornos.