Indígenas embera que permanecen en Bogotá retuvieron a motociclista para pedirle dinero: así respondió la Alcaldía

La Administración distrital de Bogotá rechazó los hechos registrados en la noche del 25 de marzo de 2026, cuando integrantes de la comunidad Embera Katío en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida retuvieron a un conductor de motocicleta tras un accidente de tránsito.

Según la entidad, “la comunidad indígena le solicitó al motociclista una suma de dinero a cambio de su liberación, y posteriormente le retuvo el vehículo automotor hasta el momento”, una situación que movilizó a los equipos institucionales y a la Policía de Funza.

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Durante varias horas, el motociclista permaneció retenido en inmediaciones del predio ocupado por la población indígena.

En ese periodo, “los equipos distritales que hacen presencia permanente en estas instalaciones buscaron mediar la situación, abogando por una salida dialogada y pacífica que cuidara la integridad de todas y todos los involucrados”, detalló la Alcaldía de Carlos Fernando Galán.

Autoridades locales informaron que “hizo presencia la Policía de Funza y se comunicó la situación tanto a la Alcaldía Municipal correspondiente como a la Defensoría del Pueblo, con el fin de mediar el hecho entre la comunidad y la persona retenida”.

Desatada la tensión, la Alcaldía de Bogotá reiteró su condena, señalando que “rechaza públicamente estos actos que pusieron en riesgo no solo al motociclista y a la comunidad asentada, sino también a niños y niñas Embera que allí conviven y que configuran la mitad de la población dentro de La Florida”.

Si bien los esfuerzos de mediación permitieron la liberación del conductor, el Distrito advirtió nuevas restricciones: “la comunidad ha impedido desde horas de la tarde del miércoles el ingreso de los equipos distritales”.

El comunicado distrital anunció acciones legales: “El Distrito denunciará las acciones corridas el día de hoy que que vulneran los deberes y derechos establecidos en La Florida, que deben ser acatados”. En cuanto al funcionamiento del lugar, la administración destacó que: “este es un predio del Distrito, puntualmente del Idipron, y por lo mismo lo rige la jurisdicción ordinaria y no la indígena”.

Sobre la situación habitacional, Bogotá recordó que “desde 2021 fue tomado por población indígena Emberá como asentamiento”, refiriéndose a la infraestructura del sector Integración Social donde antes operaba una unidad de protección de menores.

Frente al contexto más amplio, la Alcaldía de Bogotá enfatizó: “reitera su llamado al Gobierno Nacional para avanzar en el cumplimiento de los compromisos derivados de procesos de retorno para que se dé el trámite oportuno a las solicitudes en curso”.

Indígenas embera agredieron a funcionarios del Distrito

Durante la noche del 31 de diciembre de 2025, ocurrieron incidentes en la UPI La Rioja en Bogotá que evidenciaron la fragilidad de la comunidad emberá frente a situaciones de riesgo, especialmente para niños y adolescentes. La Administración distrital, según explicó Juliana Sánchez, subsecretaria técnica de Integración Social, decidió reforzar la presencia institucional a través de varias secretarías y entidades, debido a los contextos complejos asociados al consumo de alcohol en estas fechas.

Como medida preventiva ante posibles vulneraciones de derechos, se procedió al traslado de 51 menores a centros Amar el mismo 31 de diciembre. La funcionaria detalló que la jornada estuvo marcada por agresiones hacia gestores institucionales, riñas internas y un entorno que expuso a la población infantil y femenina a situaciones de peligro.

Durante el 2025, se reportaron 42 denuncias de violencia intrafamiliar en asentamientos emberá, lo que llevó a la administración a manifestar que no están dadas las condiciones en UPI La Rioja para que continúe funcionando como albergue. Se enfatizó la necesidad de una responsabilidad compartida entre Estado, familias y comunidad para proteger a la niñez.

Isabelita Mercado, consejera para la Paz, Víctimas y Reconciliación, sostuvo que se implementó una estrategia especial para vigilar y mitigar riesgos en La Rioja y La Florida, reforzando equipos de trabajo y realizando recorridos para identificar situaciones de peligro, especialmente ante el consumo de alcohol por parte de adultos. Mercado señaló que, a pesar de estos esfuerzos, se registraron riñas, lesiones personales y violencia de género, y rechazó cualquier agresión contra funcionarios públicos.

La administración reiteró que la convivencia debe regirse por la ley y la Constitución y exhortó a los adultos a cumplir su deber de protección sobre los menores, recordando la importancia de que toda la comunidad respete las reglas de ciudad.