Denuncian que familiares de Aida Quilcué sumaron $869 millones en contratos con el Gobierno Petro: esta sería la red de nepotismo

Una nueva controversia golpea el escenario político nacional tras la difusión de una denuncia que involucra a la senadora Aida Quilcué, integrante del Pacto Histórico y fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda.

La acusación, que surge en pleno clima de campaña presidencial, se centra en presuntos contratos entregados a familiares de la congresista durante el Gobierno actual del presidente Gustavo Petro, por un monto que supera los $869 millones.

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El abogado Santiago Henao, cercano al representante electo Jaime Arizabaleta, presentó en sus redes sociales los cuestionamientos y expuso cifras concretas que evidenciarían posibles riesgos en materia de transparencia.

“Estos son los multimillonarios contratos que ha obtenido la familia de Aida Quilcué”, dijo en un video divulgado en su cuenta en X, donde detalló cada caso.

Estos serían los contratos millonarios de familiares de Aida Quilcué

Los datos mencionados por Henao surgen de consultas al Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop); allí aparece Mayerly Alejandra Legarda Quilcué, hija de la senadora, con contratos que alcanzan los $130 millones.

Uno de los más recientes se firmó el 27 de enero de 2026 por $77 millones con la Unidad de Restitución de Tierras (URT), con vigencia hasta el 31 de diciembre y enfocado en apoyo a procesos posteriores a fallos judiciales.

Registros previos muestran otros vínculos contractuales de Alejandra Legarda Quilcué con la misma entidad. Entre junio y diciembre de 2023 firmó un acuerdo por $29 millones para servicios en la Oficina Asesora de Comunicaciones. En febrero de ese año suscribió otro contrato por $24 millones bajo la modalidad directa.

Otra de las personas mencionadas es Karen Yisel Hernández Quilcué, que, de acuerdo con la denuncia, suma contratos por cerca de $475 millones en entidades como la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Cultura.

Entre los acuerdos reportados figura uno por $55 millones firmado el 23 de enero de 2026 en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como otro por $61 millones suscrito días antes con la Unidad de Tierras.

El historial contractual de Hernández Quilcué incluye varios convenios adicionales, pues en enero de 2025 registró un contrato por $84 millones; en octubre de 2024 firmó uno por $16 millones en el Ministerio de las Culturas; en abril de 2024 se firmó otro por $69 millones en la Unidad de Tierras; y en enero de ese mismo año, uno por $23 millones.

También aparecen acuerdos por $77 millones en febrero de 2023 y $64 millones en enero de ese año, todos con la misma entidad, de acuerdo con la denuncia de Santiago Henao.

De acuerdo con la denuncia, los registros se extienden hasta 2022, cuando firmó contratos por $2.666.166 en diciembre y $18 millones en septiembre, poco después del inicio del actual Gobierno de Gustavo Petro.

En la lista también figura Kelly Johana Quilcué Vivas, con contratos que sumarían $264 millones. Uno de ellos se firmó el 2 de abril de 2025 por $116 millones en el Ministerio de Ambiente.

A esto se suman acuerdos por $78 millones en abril de 2024 y $16 millones en noviembre de 2023 en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). En febrero de 2023 firmó otro por $54 millones con la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas.

El abogado Santiago Henao planteó dudas sobre eventuales conflictos de interés y cuestionó la coherencia entre estos hechos y los discursos políticos: “Es increíble esto cuando la izquierda tanto habló del nepotismo en campaña”.

“No importa si usted es de izquierda o de derecha, tenga en cuenta si quiere votar por una persona que su familia estuvo contratada por el gobierno”, criticó el joven en su video en X.

El abogado agregó que la información conocida corresponde solo a los casos identificados hasta ahora. Según dijo, la senadora no hizo públicos los datos completos sobre posibles conflictos de interés en los espacios de integridad pública que exige la Ley 2013 de 2019.