
A pesar de los avances en infraestructura digital, el acceso a internet en Colombia sigue marcado por profundas desigualdades. Las zonas rurales, en particular, continúan rezagadas frente a las ciudades, en un contexto donde la conectividad se ha vuelto esencial para el desarrollo económico y social.
Un análisis internacional pone el foco en esa brecha. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) advirtió que, lejos de cerrarse, la distancia entre regiones urbanas y rurales se amplio en términos relativos, lo que plantea nuevos desafíos para la política pública en el país.
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La situación es especialmente evidente cuando se revisan las velocidades de conexión. En áreas rurales, la descarga móvil es significativamente más lenta que el promedio de los países de la Ocde, mientras que la banda ancha fija también presenta un rezago considerable. Este panorama limita el acceso a servicios digitales y profundiza las desigualdades territoriales.
El documento, elaborado a solicitud de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, reconoció que Colombia ha dado pasos importantes en la última década. El despliegue de fibra óptica, por ejemplo, creció de manera sostenida y ya representa cerca de la mitad de las suscripciones de banda ancha fija, una cifra cercana al promedio internacional.
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Sin embargo, ese avance en infraestructura no se traduce plenamente en mayor acceso para los usuarios. El informe advirtió que la adopción de estos servicios sigue siendo baja, especialmente en regiones apartadas, donde factores como el costo, la falta de cobertura efectiva y las condiciones del mercado dificultan la expansión del servicio.
A esto se suma el retraso en la implementación de nuevas tecnologías. Aunque el país inició el despliegue de redes 5G en 2024, su alcance aún es limitado, lo que contrasta con el ritmo de adopción en otras economías comparables. Esta situación refuerza la percepción de un desarrollo desigual dentro del ecosistema digital.
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El análisis también puso la lupa sobre el comportamiento del mercado de telecomunicaciones. En los últimos años, los ingresos del sector disminuyeron en términos reales, lo que reflejó una presión sostenida sobre los operadores. Además, el ingreso promedio por usuario en el segmento móvil se mantiene entre los más bajos del grupo de países analizados.
En este contexto, la estructura competitiva del mercado adquiere especial relevancia. La posición dominante de uno de los principales operadores se mantuvo estable durante la última década, mientras que movimientos recientes, como la fusión entre otros actores relevantes, podrían modificar el equilibrio competitivo en el mediano plazo.
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El informe advirtió que estas dinámicas, sumadas a la situación financiera de algunos operadores más pequeños, podrían afectar la inversión y la competencia, especialmente en las zonas menos rentables. Esto, a su vez, tendría un impacto directo en la expansión de la conectividad en regiones rurales. Otro de los puntos críticos señalados es el desempeño del principal fondo estatal destinado a financiar proyectos de conectividad. La ejecución de recursos para inversión ha sido inferior a lo esperado, lo que podría retrasar iniciativas clave para ampliar la cobertura en áreas desatendidas.

Además, se identifican limitaciones en la forma en que se asignan y evalúan estos recursos. La falta de mecanismos sistemáticos de seguimiento reduce la capacidad de medir el impacto de las inversiones y de garantizar que los proyectos respondan a las necesidades más urgentes.
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El informe también cuestionó aspectos institucionales. En particular, señaló que el regulador del sector no cuenta con plena independencia, lo que podría generar tensiones en la toma de decisiones. La participación del poder ejecutivo en su estructura es vista como un elemento atípico frente a estándares internacionales. Frente a este panorama, la organización plantea varias recomendaciones. Entre ellas, fortalecer la regulación para promover la competencia, revisar con detalle los efectos de las integraciones empresariales y actualizar el marco normativo para adaptarlo a un entorno cada vez más influenciado por plataformas digitales.
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