Detención de Wadith Manzur y Karen Manrique trae a la memoria casos de imputación a congresistas electos

El 11 de marzo, la Corte Suprema de Justicia decidió ordenar la captura del senador Wadith Manzur y la representante a la Cámara Karen Manrique, reelegidos para ser parte del Congreso de la República entre 2026 y 2030.

Ambos están implicados en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Según la investigación, se les acusa de cohecho impropio por presuntamente recibir beneficios a cambio de favorecer actos relacionados con sus funciones. Además, enfrentan cargos por interés indebido en la celebración de contratos, debido a supuesta manipulación en la asignación de recursos y proyectos gestionados por la entidad.

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Diferentes expertos han explicado que con estas curules se podría aplicar la figura de la “silla vacía”, mecanismo regulado por la legislación electoral que impide que los escaños ocupados por funcionarios investigados o condenados por delitos relacionados con la administración de recursos públicos sean reemplazados por el siguiente candidato de la lista o suplente de su partido.

De la misma forma, se han recordado casos en los que se registró una situación similar con congresistas electos que fueron imputados.

Uno de los más mencionados es el de Jesús Santrich, que obtuvo una curul en la Cámara de Representantes gracias al Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc, que reservaron escaños para los excombatientes como parte de su reincorporación política.

Tras su elección, Santrich fue capturado en abril de 2018 por una solicitud de extradición de Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico. Esta situación generó un debate institucional y mientras se resolvía su situación jurídica, el Congreso suspendió su posesión, aplicando la figura de la “silla vacía”.

Esta medida impidió que el partido reemplazara la curul. Santrich recuperó su libertad y llegó a tomar posesión del cargo en junio de 2019, pero posteriormente se fugó y fue declarado en rebeldía, lo que llevó a que el Consejo de Estado decretara la pérdida de investidura. Desde ese momento, la curul quedó oficialmente vacante y el partido no pudo nombrar un reemplazo, en cumplimiento de la normativa vigente sobre la “silla vacía”.

Por su parte, Aída Merlano fue elegida senadora en las elecciones de 2018 por el Partido Conservador, poco después fue investigada y condenada por compra de votos y otros delitos relacionados con corrupción electoral. Tras la sentencia condenatoria, el Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura debido a la gravedad de las faltas y a la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable a los congresistas.

Aunque la curul iba a ser ocupada por Soledad Tamayo, la Sección Quinta del Consejo de Estado lo impidió, al anular el acto de llamamiento que hizo el Congreso para que asumiera el escaño. El alto tribunal lo calificó de ilegal.

En Colombia se siga mencionando la posibilidad de que Manzur y Manrique puedan seguir vinculados al Congreso de la República, puesto que aún no se ha confirmado su participación en los crímenes mencionados.

El abogado Augusto Forero explicó que, tras la acusación de la Corte Suprema contra los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique por el escándalo en la Unidad de Gestión del Riesgo, se activa la figura de la “silla vacía”, haciendo que sus partidos queden sin representación, reflejando una sanción ética inmediata mientras avanza el proceso judicial.

“La batalla jurídica apenas comienza. Aunque Manzur y Manrique van a prisión preventiva, tienen el derecho sagrado a la defensa de apelar esta decisión. Si logran demostrar su inocencia en el juicio, recuperarían su libertad, pero mientras tanto, sus partidos quedan mutilados y sin voto en el Congreso”.