La aparición de un video donde un hombre mayor observa contenido pornográfico en su celular dentro de un bus de Transmilenio ha desatado una ola de reacciones opuestas en redes sociales, poniendo en el centro del debate los límites de la privacidad y el comportamiento aceptable en espacios públicos - crédito @ColombiaOscura / X
La difusión de un video en redes sociales en el que un hombre de la tercera edad observa pornografía en un bus de Transmilenio provocó opiniones encontradas. El ciudadano, sentado en una silla preferencial, miraba lo que parecía ser una transmisión en vivo de Facebook en su teléfono móvil.
El incidente reavivó el debate sobre los límites del comportamiento en espacios públicos. Usuarios de X expresaron opiniones como: “Ps el viejo está en su derecho de ver lo que le da la gana. El chismoso es el que graba”, sostuvo uno de ellos, defendiendo la libertad individual.
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Sin embargo, otros usuarios rechazaron la conducta: “Él puede ver lo que le dé la gana, pero está en un transporte público, rodeado de personas que fácilmente pueden notar lo que está viendo. Si alguien se pone a ver pornografía de esa manera en un bus, es un enfermo, así de fácil”, escribió un usuario.
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Algunos también criticaron a quienes filman: “En todo transporte público no falta el obsesionado con mirar lo que otros ven en sus teléfonos, como si no tuvieran vida propia”. Otros agregaron: “Dejen de invadir la privacidad de la gente, respeten”.
Otra persona señaló: “El que grabó es un sapo, típico que vive mirando lo que la gente chatea. Desocupado, coja oficio”.
No obstante, otra voz subrayó: “Existen espacios donde él podrá hacer lo que quiera, como en su casa. En un espacio público es totalmente indebido y penalizable”.
El código colombiano establece que los actos sexuales o de exhibicionismo en espacios públicos constituyen una infracción que afecta la tranquilidad y las relaciones respetuosas entre los ciudadanos.
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Esta conducta, tipificada como exhibicionismo o falta a la convivencia, puede generar multas equivalentes a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes si se comprueba la molestia a la comunidad.
El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana no menciona de manera literal la prohibición de ver pornografía en lugares públicos, pero el artículo 33, numeral 2, sanciona aquellas acciones de índole sexual que resulten visibles para otras personas o que perturben el entorno. La normativa busca proteger el espacio común y garantizar que nadie se vea expuesto a situaciones ofensivas o incómodas.

Las autoridades consideran que ver pornografía en público, especialmente ante menores de edad, constituye una falta grave. En casos donde hay involucramiento de menores de catorce años, la conducta trasciende a un delito según la Ley 1336 de 2009, con consecuencias penales como prisión y multas adicionales. Por tanto, los hechos que involucren a menores reciben un tratamiento más severo.
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En marzo de 2025, se difundió un video que evidenció la vulnerabilidad de los espacios públicos frente a este tipo de comportamientos. Un hombre fue grabado mientras veía contenido pornográfico en su celular y lo mostraba a una menor de edad en un bus. La joven, al notar la situación, optó por registrar lo ocurrido en su propio teléfono y alertó a los pasajeros, quienes reaccionaron de inmediato.
Este episodio no representa un caso aislado dentro de la ciudad. Se han reportado incidentes similares en lugares como bibliotecas, plazas y buses del sistema TransMilenio.
Las autoridades han hecho énfasis en que los ciudadanos pueden denunciar estos comportamientos a través de canales oficiales, como la aplicación TransMiApp o ante los agentes de seguridad presentes en las estaciones y vehículos.
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En Colombia, realizar actos obscenos o consumir pornografía en lugares públicos no solo afecta el bienestar general, sino que puede acarrear consecuencias legales.
Quienes sean descubiertos en estas conductas pueden enfrentarse a sanciones administrativas y, en situaciones graves, a procesos judiciales. Esto refuerza la importancia del respeto por los espacios compartidos y la protección de los derechos de todos los ciudadanos, en especial los menores.
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