A menos de un día después de obtener su reelección, el congresista David Racero compareció ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia para responder por acusaciones vinculadas al llamado caso Fruver, en el que se investiga si destinó personal de su equipo legislativo para trabajar en un negocio familiar de frutas y verduras, así como la posible existencia de presiones para transferencias de salarios.
La diligencia judicial se desarrolló la mañana del lunes 9 de marzo en la Sala Especial de Instrucción, bajo la dirección del magistrado César Reyes, mientras continúa paralelamente una investigación penal por presunto delito de concusión, una figura que castiga el abuso de funciones públicas.
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La indagatoria arrancó a las 8:30 a. m. en el despacho del magistrado Reyes, apenas unas horas después de que Racero se asegurara una curul como representante por el Pacto Histórico el domingo 8 de marzo, en las elecciones legislativas.
El proceso judicial busca esclarecer si el expresidente de la Cámara de Representantes destinó de forma irregular a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a actividades extralegislativas, concretamente en un local de frutas y verduras situado en el barrio Villa Luz, en Bogotá.
De acuerdo con la Sala Especial de Instrucción, la investigación también abarca las interrogantes sobre transferencias bancarias realizadas por funcionarios de la UTL a cuentas personales de Racero, algunas de ellas consistentes en consignar parte de sus salarios.
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El expediente destaca el caso de Jhon Leonardo García Lara, antiguo integrante del equipo legislativo de Racero, que habría ejecutado labores no correspondientes a su función en el Congreso, por solicitud directa del congresista.
Las demandas que involucran al congresista se activaron tras la divulgación, en septiembre de 2024, de conversaciones por WhatsApp difundidas por el periodista Daniel Coronell.
En estos mensajes, se puede observar al Representante David Racero supuestamente pidiendo parte de los salarios a sus colaboradores y asignando personal público para atender el negocio familiar.
Ante la prensa, Racero expresó que se abstendría de ofrecer declaraciones detalladas durante el desarrollo de la investigación penal e insistió en que no guarda intención de politizar el proceso ni en la Corte Suprema ni ante el Consejo de Estado.
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De manera enfática, Racero señaló en su llegada al alto tribunal: “No quiero politizar en ningún escenario la investigación que hubo en el Consejo de Estado y en la Corte. Siempre nos hemos prestado para rendir cuentas, no hemos dilatado la investigación ni el proceso. Nosotros mismos fuimos los que solicitamos la investigación y esperamos que se adelante de la mejor manera”.
Así mismo, pese a la controversia, el 18 de febrero, el Consejo de Estado había negado una solicitud de pérdida de investidura contra Racero en el marco de un proceso administrativo paralelo.
El alto tribunal concluyó que, aunque un congresista puede incurrir indirectamente en “indebida destinación de dineros públicos” si encarga a personal de su UTL actividades ajenas a sus funciones legislativas, en este caso no se comprobó “libre de toda duda” la mala asignación de recursos.
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En su pronunciamiento, el Consejo de Estado fue taxativo al señalar: “Se negarán las súplicas de la demanda por cuanto no se demostró el tercer ingrediente de la causal de desinvestidura invocada en las demandas que dieron origen a los procesos acumulados”. Por ello, el recurso que buscaba la salida de Racero del Congreso fue rechazado por “manifiesta carencia de fundamento legal”.
A pesar de haber superado este escollo administrativo, la investigación penal a cargo de la Corte Suprema de Justicia sigue en curso, centrada en los hechos conocidos como caso Fruver y las conductas atribuidas al representante del Pacto Histórico, quien permanece bajo la lupa judicial a la espera de nuevos avances en el proceso.
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Por el momento, se espera a que termine la indagatoria para saber que sucederá con el recién reelecto representante a la Cámara, David Racero después de la indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia.
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