
La incautación de más de $400 millones en efectivo ha sacudido el ambiente electoral en el país, generando dudas sobre la integridad del proceso previo a los comicios del 8 de marzo de 2026, donde se decidirá el futuro del Congreso de la República y se elegirán aspirantes de tres coaliciones presidenciales.
Al referirse a este operativo ante la prensa y la opinión pública, el ministro de Defensa Pedro Sánchez confirmó el decomiso: “Esta mañana también, nuestra Policía Nacional incautó cuatrocientos treinta y cuatro millones de pesos en efectivo”.
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Durante su intervención, Sánchez mencionó las preocupaciones surgidas entre distintos funcionarios ante la presencia de dinero en efectivo durante el periodo electoral. El titular del Ministerio precisó: “Aquí teníamos una discusión, con el señor contralor, el señor revisador, el señor procurador, con todos los que participábamos, de cómo lograr, al menos en épocas electorales, contrarrestar con mayor efectividad el flujo de dinero en efectivo que busca”.
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El operativo se produjo mientras persistían rumores de compra de votos, alimentando la atención sobre las estrategias de intervención que acompañan el proceso. Todo esto ocurre mientras el país se prepara para seleccionar los candidatos presidenciales de cara a la primera vuelta en mayo, una decisión que determinará el rumbo nacional hasta 2030.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro, no dudo en destacar el importante resultado por medio de sus redes sociales: "Se incautaron 434 millones de pesos en efectivo que iban de Montería a Montelibano".
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Un concejal suspendido y una mujer fueron capturados en el procedimiento
El operativo en la vía Planeta Rica – Montería, departamento de Córdoba, concluyó con la captura de Misael Augusto Villarreal Jorge, exconcejal suspendido de Montelíbano, y Virginia Rosa Urango Ramos, quienes transportaban $434.700.000 en efectivo, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. El control se realizó cerca del peaje Purgatorio.
Según información suministrada por Blu Radio, la indagación inicial señala que la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación asumió el caso, luego de que los detenidos no lograran justificar la procedencia del dinero. Ambos enfrentan cargos relacionados con lavado de activos.
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El operativo involucró unidades de Tránsito, inteligencia e investigación criminal, que interceptaron un Renault Twingo ocupado por los investigados y localizaron un bolso negro donde encontraron la suma incautada.
Fuentes preliminares indican que los fondos fueron retirados en Montería y que los ocupantes del vehículo se movilizaban hacia Montelíbano, aunque no se ha esclarecido el destino final del dinero.
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Aunque las autoridades no han determinado oficialmente el uso previsto de los recursos, la cantidad envolucrada y el hecho de llevar el dinero en efectivo motivaron hipótesis sobre posible relación con la compra de votos, lo que constituiría corrupción al sufragante, según señalaron las fuentes.
La Resolución 008 del 20 de octubre de 2025 establece que Villarreal fue destituido en agosto de ese año por conflicto de intereses durante la elección del secretario del Concejo Municipal.
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Escolta de la UNP fue capturado con millonaria suma de dinero en La Guajira
La incautación de $145 millones en efectivo a un contratista de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en La Guajira generó interrogantes sobre el destino y la procedencia de esos fondos. El episodio involucró a Luis Alfredo Acuña Vega, quien fue interceptado en la vía de Hatonuevo el martes 3 de marzo de 2026, cuando transportaba la considerable suma sin lograr ofrecer una justificación válida ante la policía.
Las autoridades, tras revisar el vehículo de Acuña, encontraron no solo el dinero, sino también material de publicidad electoral vinculado a la campaña al Senado de Daniel Restrepo, candidato del Partido Conservador. La presencia simultánea de recursos en efectivo y propaganda política profundizó la atención mediática y abrió nuevas líneas de investigación.
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La incautación del dinero y la vinculación directa con figuras del Partido Conservador han motivado a la Fiscalía a profundizar en las hipótesis sobre financiamiento de campañas y posible uso indebido de recursos públicos.
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