Estos serían los argumentos de la defensa de Santiago Uribe Vélez para impugnar su condena por el caso de los 12 Apóstoles

Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, busca revertir su condena de 28 años de prisión por el caso de los 12 Apóstoles mediante una impugnación ante la Corte Suprema de Justicia, fundamentando que el proceso vulneró sus derechos y estuvo marcado por errores procesales.

Su defensa, liderada por el abogado Jaime Granados, plantearía que el juicio fue afectado por falta de imparcialidad, problemas en la valoración de pruebas y presiones políticas.

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La impugnación presentada por la defensa de Santiago Uribe Vélez, revelada por Semana, tiene como principal argumento la politización del caso, la insuficiencia y debilidad de los testimonios que sirvieron de base para el fallo condenatorio, y la calificación de delitos de lesa humanidad sin cumplir, según afirma, con los estándares internacionales exigidos.

A su vez, busca poner de manifiesto las presuntas irregularidades en el proceso y la vulneración del derecho a interrogar testigos.

La defensa sustenta su recurso en que el fallo condenatorio, dictado en noviembre de 2023, se construyó sobre un proceso que consideran “altamente politizado”. Así mismo, señaló que el parentesco de Uribe Vélez con el líder político del Centro Democrático tuvo una influencia en la percepción pública y en las declaraciones de los testigos, lo que desembocó en preconcepciones negativas.

Asimismo, el documento de impugnación puntualizó que no hubo garantías sobre el derecho a confrontar a los testigos principales de la Fiscalía, lo que habría afectado las garantías del acusado.

Argumentos sobre politización y presiones

En la argumentación, la defensa aseveró que la condena fue proferida en un escenario en el que predominaron las presiones externas y la animadversión contra la familia Uribe Vélez. Incluso, mencionó que varios testigos clave del caso tenían resentimientos personales y políticos, lo que habría impactado la objetividad de sus testimonios.

De igual manera, el documento al que accedió el medio citado aclaró que la justicia no se basó en la ley para dar su veredicto, ya que “un Estado de derecho serio no ordena por sospechas ni por presiones políticas. Y advirtió que hay condena solo cuando hay pruebas robustas, testimonios creíbles y respeto estricto por las garantías del acusado”. Para la defensa, la politización del proceso puso en duda el cumplimiento del principio de presunción de inocencia.

El equipo defensor también cuestionó la confiabilidad de los testigos principales. En el caso del mayor retirado Juan Carlos Meneses, que fue comandante de la Policía en Yarumal y tiene una condena de 27 años de prisión, señala 19 contradicciones en su relato sobre la supuesta reunión para planear el crimen de Juan Camilo Barrientos. En ese sentido, sostuvieron que las inconsistencias restan validez a su testimonio.

Respecto a Eunicio Pineda, la defensa afirmó, con apoyo en informes clínicos, que sufre una esquizofrenia paranoide, situación que podría haber motivado declaraciones poco fiables. La impugnación argumentó que “no se puede condenar a un ciudadano sobre la base de testigos que han mentido, que se contradicen, que llegan movidos por intereses o que padecen graves trastornos mentales sin corroboración externa”.

La misiva también puso en duda los testimonios de Olguan Agudelo y Alexander Amaya Varga, ya que sus declaraciones no lograron acreditar suficientemente sus señalamientos ni mencionar la fuente precisa de su información.

Otro de los elementos centrales de la impugnación es objetar que el caso se relacione con delitos de lesa humanidad; para la defensa, los hechos no encajan en los parámetros del derecho internacional para ese tipo de delitos.

Argumentó que el homicidio de Juan Camilo Barrientos no constituyó un ataque sistemático ni generalizado contra la población civil ni fue ejecutado por el Estado o una organización con tal objetivo. A criterio de la defensa, los estándares definidos en normativas internacionales, como el Estatuto de Roma y los principios de Núremberg, no se cumplen en este caso, por lo que la alegación de lesa humanidad sería inapropiada.

Contexto de la condena y antecedentes del caso

El proceso contra Santiago Uribe Vélez se desarrolla en Colombia, principalmente en el departamento de Antioquia. En noviembre de 2023, el Tribunal Superior de Antioquia revocó una decisión absolutoria anterior y emitió una condena basada en un fallo de 307 páginas. El fallo estableció que Uribe Vélez, desde la hacienda La Carolina, habría coordinado reuniones con miembros del grupo armado y facilitado armas, enmarcando estos hechos como delitos de lesa humanidad.

El tribunal también vinculó el homicidio de Barrientos a una lista elaborada por el grupo armado contra presuntos colaboradores de la guerrilla, decisión en la que se atribuyó un papel principal a Uribe Vélez. Semana informó que la Corte Suprema de Justicia deberá decidir próximamente si confirma o revoca la sentencia.

En el cierre de la argumentación, la defensa advirtió que invocar la figura de lesa humanidad no puede usarse sin el cumplimiento estricto de los criterios legales internacionales, ya que eso podría conducir a sobrepasar los límites de la prescripción establecidos por la ley.