La captura de alias Plumilla en el sur de Bogotá no solo dejó al descubierto un taller clandestino para la fabricación de explosivos, sino que puso en evidencia el perfil estratégico de uno de los hombres señalados como pieza clave dentro de la estructura urbana del ELN en la capital del país.
Su detención, confirmada por fuentes oficiales, se produjo en el barrio Chico de la localidad de Usme, a menos de dos semanas de la jornada electoral prevista para el 8 de marzo.
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El perfil técnico detrás de “Plumilla”
Alias Plumilla, cuyo nombre no ha sido revelado por las autoridades, fue identificado como tornero de profesión y señalado de ser el encargado de moldear, adaptar y ensamblar artefactos explosivos con innovaciones diseñadas para operaciones urbanas.
Según los investigadores, no se trataba de un integrante raso, sino de un especialista técnico con capacidad para liderar procesos de manufactura en serie y coordinar una red logística que operaba con discreción en Bogotá.
De acuerdo con información entregada por voceros militares y policiales, alias Plumilla pertenecería al Ejército de Liberación Nacional (ELN), específicamente al Frente de Guerra Urbano Nacional Comandante en Jefe Camilo Torres Restrepo y al Frente Urbano Jorge Eliécer Gaitán, estructuras encargadas de fortalecer la presencia del grupo armado en centros urbanos.
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Cinco meses de seguimiento e infiltración
El operativo que permitió su captura fue resultado de más de cinco meses de seguimiento e infiltración por parte del Gaula Militar Cundinamarca, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía, la Fiscalía y cooperación internacional.
Las autoridades lograron establecer que el grupo utilizaba únicamente dos viviendas, alternando su ocupación y sin permanecer más de un mes en cada una, con el fin de evadir controles y reducir el riesgo de detección.
En el lugar fue hallado un arsenal que evidenciaría la magnitud de la operación logística que alias Plumilla coordinaba.
Entre los elementos incautados se encuentran entre 30 y 40 granadas de 60 milímetros fabricadas en plástico, una modificación que reduce el peso y el costo del artefacto, facilitando su transporte y eventual adaptación para drones.
También fueron decomisados 896 cartuchos calibre 5.56 mm, tres cartuchos 7.62 mm, 100 iniciadores, un revólver, dos escopetas, un lanzagranadas M203, proveedores para Mini Uzi, espoletas, cilindros para granadas de 85 mm, pólvora negra e insumos químicos.
Para las autoridades, el perfil de alias Plumilla resulta especialmente preocupante por su conocimiento técnico. Las fuentes consultadas señalan que su experiencia como tornero le permitía fabricar piezas a medida y optimizar la producción de explosivos improvisados.
Un arsenal con innovaciones para entornos urbanos
La adaptación de granadas en plástico y su posible uso en drones revela, según los investigadores, una intención de modernizar las capacidades ofensivas del grupo armado en entornos urbanos densamente poblados.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía y que se ampliarán las investigaciones para identificar a la red de apoyo que facilitaba el suministro de materiales y la distribución de los artefactos.
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Además, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita anticipar y neutralizar posibles atentados.
Además del material incautado, los investigadores encontraron planos y esquemas técnicos detallados para la fabricación de herramientas especializadas y artefactos explosivos, lo que evidenciaría un nivel avanzado de planificación y estandarización en los procesos.
Según las autoridades, estos documentos incluían diseños para el ensamblaje de piezas metálicas, moldes para granadas y sistemas de activación
Por su parte, la Brigada 13 del Ejército Nacional indicó que este resultado afecta directamente las capacidades logísticas de las estructuras urbanas del ELN y contribuye a la protección de la población civil en un momento de especial sensibilidad institucional.
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Las autoridades señalaron que los artefactos incautados estarían destinados a acciones durante la jornada electoral, lo que habría elevado el riesgo para la fuerza pública y la ciudadanía.
La proximidad del calendario electoral convirtió la operación en un asunto de seguridad nacional prioritario, dado el potencial impacto que un atentado podría tener sobre la participación democrática y el orden público en la capital.
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