El Ministerio de Defensa calificó un comunicado de las disidencias de las Farc como una confesión de “asesinato de múltiples personas”

El Ministerio de Defensa de Colombia consideró que el comunicado atribuido a las disidencias de las Farc-EP bajo el mando de alias Calarcá constituyó una “confesión y admisión pública de un delito”, tras los enfrentamientos ocurridos esa semana en la vereda La Siberia, en el departamento del Guaviare, en los que esa estructura reconoció muertes en medio del combate y se mencionó la posibilidad de que hubiera víctimas presuntamente menores de edad.

El Ministerio de Defensa fijó una postura ante esa declaración y sostuvo que se trató de una admisión expresa de crímenes graves, incluidos asesinatos de personas protegidas.

“El citado comunicado constituiría la admisión pública de un delito cometido por la estructura criminal de alias Calarcá, la cual reconoce el asesinato de múltiples personas, entre ellas, presuntamente menores de edad, lo que configura una violación al Derecho Internacional Humanitario y a la legislación penal colombiana”, afirmó el Ministerio de Defensa en un comunicado divulgado el 28 de mayo de 2026.

La cartera indicó que los responsables deberán afrontar la acción judicial y reiteró que únicamente la Fuerza Pública posee el monopolio legítimo de las armas, conforme a la Constitución colombiana.

También advirtió que los responsables materiales y de mando podrían enfrentar penas de hasta 50 años de prisión, según la propia entidad.

La institución destacó la gravedad de los hechos y advirtió sobre el peligro que representan estas disidencias armadas para la sociedad: “Estas organizaciones criminales constituyen una grave amenaza para la seguridad y tranquilidad del pueblo colombiano. Son estructuras que desprecian la vida y se sostienen mediante el narcotráfico, el terrorismo, la extorsión y la destrucción del tejido social y comunitario en distintas regiones del país”, añadió el comunicado.

También condenó el reclutamiento ilícito y la implicación de menores en la violencia, al rechazar lo que describió como la “pretensión de estas estructuras criminales de normalizar la barbarie, vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes mediante el reclutamiento ilícito y justificar las masacres bajo la excusa de supuestos actos de defensa”.

El Ministerio de Defensa reafirmó que “ninguna organización armada al margen de la ley ostenta legitimidad alguna, y mucho menos puede ejercer violencia o promover el control ilegal del territorio nacional”. Además, insistió en el principio del “monopolio legítimo de las armas” como una potestad exclusiva de la Fuerza Pública, conforme dicta la Constitución de Colombia.

Medidas judiciales y respuesta institucional

El comunicado incluyó anuncios sobre la persecución penal de los involucrados.

El Ministerio precisó que cualquier estructura criminal o individuo que ejecute, financie u organice estos delitos será judicializado en Colombia y, si corresponde, en otros países, con penas que pueden llegar a 50 años de cárcel para autores y mandos responsables.

“Hacemos un enfático rechazo a cualquier intento de justificar o normalizar la violencia mediante excusas infundadas. Ningún grupo armado ilegal puede recurrir al uso de la fuerza ni invocar razones de defensa para sus crímenes”, enfatizó la autoridad. También reiteró que es deber de la Fuerza Pública actuar de forma “contundente y legítima” ante violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario.

Contexto de los enfrentamientos en Guaviare

El enfrentamiento armado ocurrió en la vereda La Siberia, en jurisdicción del municipio de San José del Guaviare, cuando integrantes de las disidencias bajo alias Calarcá y el grupo encabezado por alias Iván Mordisco se enfrentaron.

Según el comunicado atribuido a la estructura de alias Calarcá, el combate se produjo tras un ataque de fuerzas rivales y se prolongó durante más de tres horas, con la participación de unas 250 personas.

Ese mismo texto admitió bajas propias, expresó condolencias a los familiares y atribuyó el hecho a un acto de legítima defensa, al negar que ese grupo hubiera iniciado el enfrentamiento.

El comunicado atribuido a esas disidencias también llamó a jóvenes combatientes a abandonar la “guerra perdida” y prometió respeto por la vida y la devolución a sus familias de quienes se entreguen. Las alusiones a la presencia y posible muerte de menores agravan el escenario jurídico de los responsables, conforme al Derecho Internacional Humanitario.

El Ministerio de Defensa sostuvo que ningún argumento de defensa puede justificar asesinatos ni la afectación de personas protegidas e instó a rechazar cualquier forma de legitimación de la violencia ejercida por actores armados ilegales.

Como parte de la respuesta, el Gobierno instruyó a la fuerza pública para que emplee todos sus recursos y competencias legales con el objetivo de identificar y someter ante la justicia a los responsables, al garantizar la protección de la población civil y la defensa del territorio en las regiones afectadas.