El Gobierno de Colombia activó el Decreto 0174 de 2026, una norma que otorga a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) facultades excepcionales para intervenir y disponer directamente de tierras rurales, en respuesta a la emergencia socioambiental que afecta diversas regiones del país.
Esta medida busca acelerar la reorganización del uso del suelo, agilizar el traslado de poblaciones y asegurar la protección de las unidades productivas frente a fenómenos derivados de la crisis. El paquete de atribuciones fue presentado como clave por la administración del presidente Gustavo Petro para preservar la producción de alimentos y mitigar el impacto social derivado de la situación en el campo colombiano.
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Entre los cambios incorporados se destaca la posibilidad de tomar posesión temporal de predios, negociar su adquisición o, en casos de interés público comprobado, proceder a la expropiación de terrenos.
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La norma no se circunscribe a propiedades privadas incluye también bienes en manos del Estado o provenientes de procesos judiciales, como activos bajo control del Fondo para la Reparación de las Víctimas (Ffrisco), al iguak que otros fondos destinados a la reparación y restitución de tierras.
El decreto introduce el concepto de efecto jurídico automático: una vez el Estado formalice la compra de un terreno por utilidad pública, cualquier problema en el historial legal —como inconsistencias en registros, saldos pendientes, embargos o restricciones previas— dejará de impedir su uso institucional. De este modo, se eliminan obstáculos legales que suelen frenar los programas de reubicación de comunidades o el desarrollo de proyectos rurales.
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En reacción, María Fernanda Cabal, senadora de la República por el Centro Democrático, denunció que la norma que establece el decreto 0174 de 2026 pone en riesgo la propiedad privada de todos los colombianos.
“En el paquete de decretos de Petro supuestamente para atender la emergencia invernal está esto. Aquí estamos ante una forma de expropiación exprés porque el Estado podrá ocupar, imponer servidumbres y expropiar con menos controles la propiedad privada”, escribió en su cuenta de X.
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En ese sentido, la legisladora confirmó que “analizaremos estos decretos para demandarlos. Un decreto no modifica derechos constitucionales”.
María Fernanda Cabal arremetió contra Petro por la muerte de adulta mayor en EPS de Cúcuta
María Fernanda Cabal, en paralelo, se refiriò al fallecimiento de Cecilia Quintero el 24 de febrero de 2026, mientras reclamaba la falta de insumos médicos para su familia en una sede de la Nueva EPS en el barrio Los Caobos de Cúcuta, Norte de Santander. La víctima denunció públicamente la ausencia de pañales para su hijo con discapacidad y medicamentos para ella y su esposo.
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La congresista atribuyó el desenlace a la gestión de Gustavo Petro. En la red social X responsabilizó al mandatario y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo: “Deben responder judicialmente por cada víctima de su sistema de salud”, escribió.
La congresista Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático, señaló en la misma plataforma que “una abuela de Cúcuta murió esperando sus medicamentos” en el punto de atención de la Nueva EPS.
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Asimismo, cuestionó la intervención estatal en la entidad: “El sistema de salud destruido por Petro deja morir a los colombianos” y añadió: “No más petrosalud que mata. No más petrosalud que no atiende, que no da medicamentos”.
Por su parte, el también candidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció tras la muerte de Cecilia, que, según denunció, esperó cinco horas por un medicamento en una sede de la Nueva EPS.
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“Hoy fue Cecilia, una mujer de la tercera edad de Cúcuta que esperó cinco horas por un medicamento hasta que no pudo más”, escribió De la Espriella, quien recordó el reciente fallecimiento de un menor: “Hace una semana fue el pequeño Kevin”, expuso en su cuenta de X.
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