El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, rechazó la creación de un impuesto temporal al patrimonio para personas jurídicas para lograr financiar la atención institucional de la emergencia climática producida por la ola invernal en varios puntos del país.
La declaración de Cabal se conoció luego de que en el Consejo de Ministros realizado el 24 de febrero de 2026 se anunciara la modificación de la propuesta inicial, que pasó de un esquema de gravamen de 0,6% y 1,2% por tramos a una tarifa de 1,6% para los sectores financiero y extractivo y otro de 0,5% para corporaciones con patrimonios de más de 10.400 millones de pesos, Cabal aseguró que la decisión será un “castigo” para el empresariado y la innovación.
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El líder gremial, por medio de su cuenta de X, calificó la medida como “apresurada y carente de sustento técnico”, y dijo que representa “un eslabón más de la larga cadena de improvisaciones” en el manejo fiscal del Gobierno Petro.
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El presidente de Fenalco criticó que la norma imponga “tarifas confiscatorias” a los sectores minero y financiero, y consideró que la tasa aplicada al resto de empresas con patrimonios superiores a 10.400 millones de pesos impactará negativamente el crecimiento y la generación de empleo en el país.
“Es un torpedo a las condiciones para que las firmas sigan creciendo y generando empleo”, escribió Cabal.
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Además, reforzó que el impuesto al patrimonio “es una especie en vía de extinción en el mundo porque castiga la innovación y a los empresarios exitosos”, sostuvo.
El dirigente empresarial cuestionó la gestión de los recursos públicos bajo el actual gobierno, y no dudó en traer a la conversación el mega escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) como ejemplo de presunto manejo irregular.
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Entonces, pidió a la ciudadanía que “ojalá en las urnas se castigue ejemplarmente a este gobierno derrochón e irresponsable por el mal manejo de los recursos públicos”.
Entre los agravantes mencionados, el presidente de Fenalco señaló que el gobierno “ha demostrado ser un pésimo administrador y por tanto los recursos obtenidos mediante esta vía muy probablemente se despilfarren”. Agregó que existe preocupación por el posible uso de los recursos con fines políticas, “para aceitar las maquinarias políticas que apoyan al partido de Petro. Como dice el refrán: piensa mal y acertarás”.
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La intención del Gobierno con la nueva carga al sector financiero
Según el jefe de Estado, el objetivo crucial es recaudar $8 billones destinados a la reconstrucción de infraestructuras y la reactivación de sectores económicos en las regiones recientemente devastadas por las lluvias.
Por lo tanto, en términos financieros, la nueva imposición tributaria recaerá en personas jurídicas cuyo patrimonio líquido supere las 200.000 unidades de valor tributario (UVT), equivalentes a aproximadamente $10.454 millones.
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Germán Ávila, ministro de Hacienda, explicó en el Consejo de Ministros en Cartagena que la prioridad recae sobre empresas, dado el margen limitado de maniobra fiscal del Estado. Ávila puntualizó que “las circunstancias nos llevaron a plantear este nuevo esquema de medidas, donde el centro de la propuesta tiene que ver con el impuesto al patrimonio para personas jurídicas”.
El impuesto se proyecta con un diseño que privilegia la liquidez inmediata, al contemplar dos pagos iguales: el 50% a cancelar el 1 de abril de 2026 y el restante 50% el 4 de mayo de 2026.
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El tributo se estructura de manera exclusiva sobre el patrimonio neto de las empresas –sin afectar utilidades o ingresos– y contempla tarifas diferenciadas para los sectores: de acuerdo con declaraciones oficiales del líder de la cartera de Hacienda, en 2024 los establecimientos de crédito reportaron utilidades por $8,7 billones y los bancos por $8,3 billones, cifras que en 2025 se espera aumenten a $17,7 billones y $14,2 billones, respectivamente.
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