La investigación penal que involucra a la senadora Berenice Bedoya y al ministro del Interior Armando Benedetti cobró un nuevo giro con la aparición del nombre de Wilmar Mejía, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Según documentos radicados ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, Mejía habría actuado como intermediario entre Bedoya y Benedetti durante el proceso de debate de la reforma al sistema de salud en Colombia.
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La denuncia, presentada por el exsecretario de Transparencia Camilo Enciso, describe cómo Mejía facilitó encuentros y acercamientos entre la congresista y el ministro del Interior, relacionando estos contactos con supuestos nombramientos a familiares de la senadora.
De acuerdo con el escrito judicial, Mejía gestionó una reunión entre Bedoya y Benedetti el 10 de marzo de 2025, con el propósito de conocer la postura de la legisladora frente a proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo, especialmente la reforma a la salud.
El documento sostiene que tales acercamientos coincidieron con ofertas de cargos y contratos para allegados de la congresista, acciones que ahora se investigan como posibles prácticas irregulares en la negociación de apoyos parlamentarios.
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Acusaciones de tráfico de influencias y antecedentes de Wilmar Mejía
El nombre de Wilmar Mejía ya figuraba previamente en investigaciones por supuestas filtraciones de información reservada del DNI a estructuras de las disidencias de las Farc, antecedentes que añaden peso institucional a las nuevas acusaciones.
Este historial coloca a Mejía en el centro de la controversia, pues su presunta función de enlace entre entidades del Ejecutivo y miembros del Congreso coincide con episodios bajo investigación por tráfico de influencias y cohecho.
La denuncia de Camilo Enciso describe un entramado de favores políticos, contratos millonarios y nombramientos de familiares, en los que Mejía habría sido el puente para concretar reuniones y acuerdos. Según la información aportada a la Fiscalía, Mejía habría gestionado la cita clave entre Bedoya y Benedetti, buscando asegurar el respaldo legislativo a la reforma a la salud.
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El caso Findeter y la expansión de la investigación
La trama se extiende más allá de la reforma sanitaria. El expediente también vincula a Mejía con gestiones relacionadas al Banco de Desarrollo Territorial (Findeter), donde la senadora Bedoya habría impulsado una adición presupuestal de más de $3.500 millones para una obra de acueducto en Yarumal, Antioquia, adjudicada por Findeter en mayo de 2024.
Entre los documentos entregados a la justicia aparecen capturas de pantalla de chats, documentos y registros de reuniones entre Bedoya, su equipo y funcionarios de los ministerios de Vivienda y de Findeter, con el objetivo de monitorear licitaciones y adjudicaciones.
En la denuncia se afirma que la senadora gestionó información confidencial sobre los proponentes participantes en el proceso de contratación, mientras familiares suyos recibían contratos o cargos en entidades públicas.
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Entre los citados se encuentran su yerno Johan Steven Londoño, subgerente de proyectos del Fondo de Adaptación; su nuera María Alejandra Torres, supervisora de proyectos en La Mojana; y sus hijos Julián David Bedoya y Jessica Valeria Casas, contratados por el Ministerio del Interior bajo la gestión de Benedetti en 2025.
El alcance de las investigaciones y la respuesta de las autoridades
Las diligencias judiciales buscan determinar si la actuación de Wilmar Mejía en la intermediación entre el Ejecutivo y la senadora Bedoya constituye una gestión política legítima o si supera los límites institucionales y configura posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho o interés indebido en la celebración de contratos.
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El proceso se concentra en establecer si los nombramientos y contratos ofrecidos a allegados de la congresista fueron una contraprestación directa por su apoyo legislativo a las reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro.
La denuncia de Enciso incluye pruebas documentales y testimonios, como el del exasesor legislativo Sergio Mesa, que aseguró ante la Fiscalía que además de los ofrecimientos de cargos y contratos, se le otorgó a Bedoya el control de la Dirección Nacional de Bomberos y de Finagro. Según el denunciante, “existen pruebas de filtración de documentos de licitaciones a terceros interesados, con el propósito de direccionar los contratos”.
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