Gobernadora del Valle exigió al Gobierno nacional una intervención militar en Jamundí: “Lo que ha hecho la fuerza pública es insuficiente”

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, reclamó al Gobierno nacional la ejecución de una operación militar contundente en Jamundí para recuperar el control territorial en la zona rural de este municipio.

Según la mandataria, las acciones actuales de la fuerza pública resultan insuficientes frente al aumento de secuestros e invasión de predios, hechos que también afectan la seguridad de Cali y otros municipios cercanos. La petición se produjo tras un consejo de seguridad extraordinario.

“Lo que ha hecho la fuerza pública es insuficiente”, declaró Toro ante medios de comunicación, señalando que las capacidades actuales del Ejército y la Policía no alcanzan para frenar la escalada de violencia.

La gobernadora subrayó la gravedad de la situación al detallar que en los últimos días se han registrado tres casos de secuestro con un total de cinco víctimas, así como la desaparición forzada de cuatro personas, mientras que siete predios productivos resultaron invadidos en la parte alta de Jamundí.

Insistencia en una operación estructurada y con respaldo institucional

La funcionaria enfatizó que la respuesta estatal no puede limitarse a intervenciones parciales y solicitó una estrategia similar a la implementada en El Plateado, en el departamento del Cauca.

“Hemos hecho miles de llamados al Gobierno nacional. Tenemos invasiones, secuestros, problemas de inseguridad, en Jamundí, en Cali. Y necesitamos que actúe. Una operación integral, con tecnología, con logística; estamos dispuestos a apoyar en lo que nos digan, pero necesitamos el respaldo del Gobierno nacional para que le dé las capacidades a la fuerza pública y tengamos esa operación como la de El Plateado, donde no solamente ha llevado la institucionalidad del Ejército y la Policía, sino que ha llevado inversión social para esa región”, expresó Toro.

La gobernadora reconoció el trabajo desarrollado por el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, pero insistió en que la magnitud del problema exige mayores recursos y coordinación.

“El Ejército está actuando, la Policía está actuando, pero su capacidad es limitada. Y nosotros podemos apoyar pero necesitamos unas capacidades mayores que se las tiene que dar el Gobierno nacional, realizando operaciones estructuradas, planeadas, no a medias. Nosotros no necesitamos soluciones a medias, necesitamos soluciones reales y contundentes”, afirmó la mandataria.

Impacto regional y afectaciones a servicios públicos

La crisis de seguridad en Jamundí tiene repercusiones que trascienden el ámbito local. Toro advirtió que la violencia y el desbordamiento del control territorial afectan no solo a la comunidad de Jamundí, también a Cali y los municipios vecinos.

Entre los hechos reportados, la mandataria destacó que “hay siete predios invadidos, dos de ellos son de consejos comunitarios donde están haciendo incendios, afectando el acueducto de Guachinte y el acueducto de Río Claro”.

Estas invasiones no solo comprometen la producción agrícola, también ponen en riesgo el acceso al agua potable para comunidades rurales y urbanas, provocando una afectación ambiental y social de gran alcance. El fenómeno está vinculado a la presencia de actores armados y a la debilidad de la presencia estatal en la zona alta del municipio.

Articulación institucional y proyectos productivos

El general Herbert Benavídez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó que el abordaje de las invasiones requiere la coordinación entre las fuerzas del orden y otros entes de control.

“Allí obviamente debemos acudir no solo los entes de Policía, sino también precisamente los entes de control, como la Defensoría del Pueblo, con quienes también hemos tenido una buena correlación aquí para atender estos casos”, indicó el oficial.

Por su parte, Toro reiteró la disposición del Gobierno departamental para colaborar con los habitantes rurales a través de proyectos productivos alternativos, mencionando la iniciativa de sembrar 200 hectáreas en la zona rural de Jamundí. No obstante, aclaró que “se requiere el apoyo del Gobierno nacional” para dar viabilidad a estas propuestas y garantizar el retorno de la institucionalidad.

La mandataria mantuvo su postura sobre la urgencia de intervenir con una operación de gran escala, similar a la desplegada en El Plateado, que combine fuerza pública con inversión social y acompañamiento estatal. Toro concluyó que la situación actual “ya no da más espera” y que solo una acción coordinada y de alto impacto podrá devolver la seguridad y el control institucional a Jamundí y su entorno.