Petro defendió una vez más la contratación de bufete de abogados para salir de la Lista Clinton: “Tengo el derecho”

El presidente de la República, Gustavo Petro, defendió el lunes 23 de febrero de 2026 la controvertida contratación de un bufete internacional por 10.000 millones de pesos para gestionar su salida de la Lista Clinton, al argumentar que, en su función como jefe de Estado, tiene “el derecho de defenderme como servidor público”. Declaraciones que, como eran de esperarse, generaron controversia frente a un asunto que no ha pasado desapercibido por la opinión pública.

La afirmación, difundida por el mandatario en la red social X, fue una respuesta -breve, si se quiere- a las crecientes críticas surgidas tras conocerse el millonario contrato adjudicado de forma directa a una firma extranjera, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia y finalidad de los recursos utilizados. En específico, con la compañía Amadeus Consultancy Limited, cuyo titular es el abogado Daniel Kovalik, que ya no hará su labor “pro bono”, como dijo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La polémica se desató luego de que El Colombiano reveló que la Presidencia de la República, tal y como se había conocido previamente frente a las repercusiones del tema, destinó fondos públicos a la contratación del letrado estadounidense y su firma, con el objetivo de excluir a Petro y su círculo del duro castigo impuesto desde el 24 de octubre de 2025 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Según la información del medio, el contrato, firmado de manera directa, recayó en Amadeus Consultancy Limited tras una reunión extraordinaria convocada en la madrugada del 8 de enero, sin que mediara un proceso licitatorio abierto, como lo exige el monto acordado por estos honorarios. “Nos dijeron: la orden viene directamente del presidente Petro”, reseñó la denuncia, debido a la urgencia de que se estableciera pronto la legalización de este contrato con Kovalik.

“En acciones de la presidencia protegidas por leyes internacionales y nacionales del país donde se me asignan la comisión de irregularidades, tengo el derecho de defenderme como servidor público”, escribió por su parte Petro, en relación con la legitimidad de utilizar recursos estatales para afrontar investigaciones o sanciones internacionales, y de esta manera respondió a las informaciones del medio regional, que pondrían la lupa sobre la legalidad del contrato.

El manto de dudas sobre el contrato de $10.000 millones para la defensa de Gustavo Petro en EE. UU.

Es válido precisar que, tras este espinoso asunto, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación para determinar si existió un posible detrimento patrimonial y si se violaron normas de contratación pública. La indagación surgió tras la denuncia presentada por el abogado Germán Ricaurte y la queja formal de la representante Katherine Miranda, que cuestionaron que la defensa de Petro implique el uso de recursos públicos para tal propósito.

Y es que según los denunciantes, el asunto trataría de un litigio de carácter presuntamente personal y, en caso de que fuera en el ejercicio de su fuero presidencial, la gestión jurídica institucional corresponde a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Pese a ello, Kovalik, reconocido por su defensa de gobiernos señalados por violaciones a derechos humanos, fue elegido para representar a Petro, con honorarios cuestionados por la opinión pública.

El referido vínculo estipuló el pago antes mencionado e incluyó cláusulas para “consultoría estratégica”, gastos adicionales y honorarios por éxito. Además, el acuerdo establece que los montos se entreguen en libras esterlinas, lo que generó inquietudes sobre la gestión y control de los fondos públicos involucrados. De acuerdo con El Colombiano, la contratación se hizo sin estudios previos exhaustivos y sin que se exigiera la póliza de seguro habitual en este proceso.

La decisión de encargar el contrato a la Presidencia y no a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado ha sido interpretada como un posible conflicto de intereses y un intento de eludir los controles formales. Al respecto, funcionarios Nusmem Acosta Aguilar, jefe contractual del Dapre e hijo del actual ministro de Igualdad, Luis Alfredo Acosta, evitaron hacer declaraciones, lo que de acuerdo con el medio referenciado aumentó las sospechas.