La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó sobre la intimidación que ejercen el Clan del Golfo y el Tren de Aragua sobre campañas políticas en Bogotá.
La funcionaria identificó un aumento de la presión ejercida por estos grupos en sectores estratégicos de la capital.
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Durante su intervención, Marín señaló que la presencia de estas organizaciones criminales se ha consolidado en las localidades de Los Mártires y Santa Fe.
“Hay una disputa territorial entre el Clan del Golfo y el Tren de Aragua que está relacionada con el uso de artefactos explosivos y la extorsión a negocios locales”, afirmó la defensora. Añadió además que estos grupos han intimidado campañas de sectores alternativos y han marcado fachadas en esas zonas.
La Defensoría del Pueblo sostuvo que actualmente solo el Clan del Golfo y el Tren de Aragua ejercen una influencia directa en procesos electorales en la ciudad.
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Marín explicó: “En este momento, únicamente es Clan del Golfo y Tren de Aragua el que tenemos una incidencia directa en el proceso electoral”.
Las localidades de Los Mártires y Santa Fe han sido los epicentros donde estos grupos ilegales buscan afianzar su control territorial. Según detalló la defensora, “han marcado fachadas dentro de estas localidades”.
La funcionaria mencionó que la presión no solo se manifiesta a través de amenazas, sino también mediante la utilización de explosivos y el cobro de extorsiones a comercios.
La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas por la presencia de facciones armadas en la capital. Aunque en ocasiones anteriores se había advertido sobre la actividad de disidencias de las Farc, la funcionaria aseguró: “En este momento, la incidencia electoral corresponde a estos dos grupos”.
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La defensora remarcó que Bogotá, especialmente su zona oriental, funciona como corredor de paso para distintos grupos armados por su conexión entre varias regiones del país.
“Ese corredor facilita el tránsito de mercancía y, cuando es necesario, buscan intimidar a la población para garantizar esos movimientos”, explicó.
La consolidación de estos grupos en Bogotá plantea desafíos adicionales para la seguridad de los procesos democráticos y la vida cotidiana de los habitantes de Santa Fe y Los Mártires.
La Defensoría del Pueblo mantiene la vigilancia sobre la situación y no descarta la emisión de nuevas alertas si se presenta un cambio en la dinámica de los actores armados.
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Defensoría del Pueblo advirtió riesgos para la libertad electoral en regiones bajo control armado
La entidad también emitió una alerta sobre el ambiente previo a las elecciones en varios sectores del país.
Según la entidad, la principal preocupación no radica en la fecha de los comicios, sino en la libertad efectiva para votar en regiones donde el control social y político permanece bajo influencia de grupos armados.
Marín sostuvo que “nuestra preocupación central no es sobre la realización de la jornada de las elecciones”, sino sobre la autenticidad del proceso democrático.
La funcionaria advirtió que en ciertos territorios la participación ciudadana se encuentra limitada por un “silencio obligado de las comunidades” y restricciones impuestas por actores ilegales.
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La Defensoría expuso que el verdadero desafío consiste en crear condiciones que permitan ejercer derechos políticos sin presiones externas, evitando que la democracia se reduzca a un mero trámite formal.
Instó a las autoridades a implementar medidas eficaces para proteger a quienes habitan en zonas vulnerables, recalcando la responsabilidad estatal sobre la seguridad y la vigilancia electoral.
El pronunciamiento incluyó un llamado a fortalecer la protección de derechos en las regiones más expuestas, con el objetivo de garantizar un proceso electoral transparente en todo el territorio.
Marín denunció la existencia de presiones ejercidas por grupos armados para imponer candidatos, forzando así la aceptación de aspirantes alineados con sus intereses económicos.
La defensora señaló la gravedad de la situación ante la ausencia de canales oficiales para reportar estos hechos y manifestó inquietud por la falta de respuestas claras desde el Gobierno. Según Marín, la ausencia de mecanismos efectivos deja a comunidades, como las negras en el Catatumbo, en riesgo de despojo organizativo y político.
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