
El debate sobre la autonomía regional en Colombia, en medio de la controversia que involucra al presidente de la República, Gustavo Petro, llevó a la exalcaldesa de Bogotá y candidata al primer cargo del país Claudia López a hacer públicas sus observaciones sobre el riesgo que implica que los mandatarios locales no fueran escogidos por voto popular, como ocurre desde 1988, sino fueran elegidos por el Gobierno central.
López, que participó en la Cumbre de Gobernadores Las regiones proponen, los candidatos responden, advirtió sobre el riesgo de recentralizar el poder político en la figura del presidente y enfatizó que “sería un desastre si nombrara alcaldes y gobernadores”. La exmandataria local situó su diagnóstico en el estancamiento de la descentralización municipalista y la necesidad de revisar a fondo el modelo de gobernanza territorial.

Durante el encuentro, la política bogotana explicó que la autonomía municipal permitió un avance notorio en alrededor de 150 municipios, en especial en zonas metropolitanas. En cambio, señaló que para 500 poblaciones “la descentralización municipalista no les sirvió”, en un dato que revela las desigualdades estructurales en la capacidad de autogestión y recaudación local y apunta al sistema político del país.
Según su análisis, que generó discusiones no solo en el evento, sino en las redes sociales, enviar poder político, administrativo y fiscal a regiones sin presencia estatal terminó “empoderando a una alianza político-criminal” que derivó en fenómenos como la farcpolítica, la elnpolítica y la parapolítica; siendo este uno de los desafíos a los cuales se enfrentaría en caso de ser elegida como la primera mujer presidenta.
“Haber mandado poder político, poder administrativo y poder fiscal a sitios donde no teníamos control del territorio, control de la seguridad, donde primaban las rentas criminales paraestatales, donde las Farc o los ‘paras’ o los clanes de narcotráfico y también de clientelismo y corrupción eran más fuertes que el Estado de derecho, lo que terminó fue empoderando a una alianza político-criminal en esos territorios”, argumentó.

Claudia López reiteró críticas a las amenazas de Gustavo Petro contra alcaldes y gobernadores
Cabe destacar que a raíz de la controversia por el aumento del avalúo catastral en diferentes regiones del país, Petro advirtió sobre la posibilidad de retirar de sus cargos, e incluso detener, a alcaldes y gobernadores que incumplan funciones constitucionales relacionadas con bloqueos viales y el suministro de alimentos, en medidas que han sido rechazadas por las organizaciones de mandatarios como la Federación de Municipios.
Y no solo eso: encendieron el debate jurídico sobre la facultad presidencial para destituir a funcionarios elegidos por voto popular. Con ese panorama, López sostuvo ante los gobernadores que “para descentralizar con autonomía hay que construir capacidad de recaudo propio, privado, en el territorio” y reiteró la responsabilidad del Gobierno nacional de garantizar seguridad y justicia en todo el país.
Con ello, también defendió la descentralización como requisito para servicios públicos, salud y educación, pero condicionada a una mayor corresponsabilidad estatal. “¿Qué sería de Barranquilla, de Cali, de Medellín, de Bogotá, de Bucaramanga, si el presidente nombrara a los alcaldes y gobernadores? Sería un desastre”, remarcó la candidata presidencial, que durante 2020 y 2023 estuvo al frente de los destinos de Bogotá.

Y remarcó que en su condición de alcaldesa testigo de cómo esos bloqueos burocráticos afectaron a su plan de desarrollo en Bogotá, pues durante su último año y medio de administración coincidió con el Gobierno Petro, con el que tuvo profundas diferencias en diferentes frentes; en especial, el de la movilidad. “Conozco el exceso de centralismo presidencialista que ni hace ni deja hacer”, precisó López en sus afirmaciones.
Los mandatarios regionales, apoyados por organizaciones como Asocapitales, han rechazado en las últimas semanas los intentos de imponer desde el Ejecutivo un control directo sobre cargos elegidos de modo popular, al poner de manifiesto una amenaza directa a la autonomía protegida por la Constitución de 1991 y acentuar las diferencias entre el centro y la periferia, en relación con los límites reales del Ejecutivo.
“Ya tienen las órdenes. La comida se libera sí o sí, es la del pueblo y eso se protege, más ahora. Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar. No por orden nuestra, porque es de la justicia y del contralor”, dijo Petro durante el reciente Consejo de Ministros que se llevó a cabo en Ipiales (Nariño), durante la jornada del 14 de abril, en la que se llegaron a acuerdos durante el paro campesino en el oriente del país.
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