Una reciente columna de Daniel Coronell reveló detalles sobre una resolución emitida en 2013 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó investigar a Abelardo de la Espriella por presunta oferta de soborno a un testigo en favor de un cliente suyo.
El documento, identificado como acta 323 y fechado el 21 de octubre de ese año, dispuso compulsar copias para que la Fiscalía General de la Nación abriera una indagación. Sin embargo, al consultar las dependencias de la Fiscalía, ninguna pudo ubicar las copias enviadas, lo que sugiere que estos documentos se extraviaron en el proceso administrativo.
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La resolución que motivó esta medida judicial corresponde al caso de la senadora Piedad Zuccardi, acusada por concierto para delinquir agravado debido a vínculos con estructuras paramilitares.
En la página 49 del fallo se describe una conversación grabada donde aparecen el exsenador Javier Cáceres (condenado por nexos con paramilitares), el exalcalde Nicolás Curi (sentenciado por contratos irregulares) y Hugo Atencia, abogado del exjefe paramilitar Uber Enrique Bánquez, alias Juancho Dique.
Según el texto de la Corte, Atencia relata a sus interlocutores que Juancho Dique se quejaba porque Libardo Simancas, exgobernador de Bolívar y condenado por parapolítica, no le habría entregado dinero ofrecido a través de Enilse López, alias la Gata, y Alfonso alias el Turco Hilsaca, usando como intermediario al abogado Abelardo de la Espriella.
El propósito era que el paramilitar no mencionara a los empresarios y políticos en su versión libre dentro del proceso de Justicia y Paz.
La grabación conservada por la Corte Suprema recoge los detalles del acuerdo: Cáceres pregunta por la entrega de 300 millones, Atencia señala que la suma nunca llegó a su destinatario y menciona la inesperada visita de De la Espriella a la cárcel de Juancho Dique.
Atencia narra cómo el abogado apareció por orden de alias la Gata y alias el Turco para concretar la oferta, generando suspicacias en el entorno del recluso.
En ese periodo, Abelardo de la Espriella ejercía la defensa de Alfonso Hilsaca en un proceso por el asesinato de cuatro mujeres en Cartagena, crimen atribuido a una acción de limpieza social.
La resolución sostiene que empresarios y políticos buscaban, mediante De la Espriella, silenciar a Juancho Dique para evitar ser implicados judicialmente.
La Corte, tras conocer estos hechos, remitió copias a la Fiscalía para determinar si existían conductas delictivas atribuibles a De la Espriella. Más de una década después, los registros oficiales no evidencian avances, ni siquiera si se abrió la investigación.
Las copias, de acuerdo con la consulta de Coronell, simplemente desaparecieron del sistema institucional, dejando sin respuesta judicial el señalamiento.
Gustavo Bolívar denunció inacción de la Fiscalía en caso contra Abelardo de la Espriella: “Todos los días le aparece algo nuevo”
Tras lo anterior, el exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar criticó en su cuenta oficial de X, la ausencia de avances judiciales tras la compulsa de copias ordenada por la Corte Suprema de Justicia para investigar a Abelardo de la Espriella por una supuesta oferta de soborno a un testigo.
“La Corte Suprema compulsó copias para investigar a Abelardo de la Espriella por la oferta de soborno a un testigo para que no declare contra una cliente suya”, publicó el exsenador. Añadió: “12 años después, la Fiscalía no abre la investigación. Se perdieron las copias”.
Bolívar cuestionó la eficacia institucional y sugirió un trato diferencial hacia el abogado: “¿Estamos ante un innombrable 2.0? Todos los días le aparece algo nuevo y la justicia nunca lo toca”.
El mensaje de Bolívar reavivó el debate sobre la transparencia y el acceso igualitario a la justicia en el país. Sectores sociales y líderes de opinión han insistido en la importancia de esclarecer las razones detrás de la desaparición de documentos y la falta de decisiones en investigaciones de alto perfil.
El caso expone inquietudes sobre los controles internos en la Fiscalía y la necesidad de reforzar mecanismos que garanticen respuestas efectivas ante señalamientos graves.
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