Empresarios colombianos denunciaron ante la OEA “serias preocupaciones” por la participación en política de Gustavo Petro

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Fundación para el Estado de Derecho enviaron una carta a la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA), alertando sobre la posible afectación de la neutralidad institucional y la equidad en la contienda presidencial de 2026 por parte de intervenciones públicas del presidente Gustavo Petro.

Según la comunicación, la preocupación central radica en la reiteración de pronunciamientos de contenido electoral desde la Presidencia. Las organizaciones sostienen que el mandatario ha intervenido en controversias de competencia exclusiva de las autoridades electorales y ha empleado recursos institucionales en plena campaña presidencial.

Mencionan que estas actuaciones “plantean serias preocupaciones respecto de los principios de neutralidad institucional, equidad en la contienda electoral y confianza pública en el proceso electoral presidencial colombiano de 2026”.

Los firmantes advierten que las conductas señaladas podrían contravenir el artículo 127 de la Constitución, la Ley 996 de 2005 y estándares internacionales sobre equidad electoral. En la misiva, se indica que “el deber de abstención contenido en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 996 de 2005” se vería comprometido ante este tipo de intervenciones.

La carta detalla que la utilización de canales institucionales, como cuentas oficiales de la Presidencia, ministerios y medios públicos, habría servido para difundir mensajes con contenido político-electoral. Las organizaciones consideran relevante que misiones internacionales de observación han advertido sobre este tipo de conductas en el pasado. Según el documento, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea “documentó múltiples situaciones relacionadas con la promoción de logros gubernamentales por parte de entidades” en su declaración preliminar del 2 de junio de 2026.

Entre las solicitudes, la Andi y la Fundación para el Estado de Derecho pidieron a la OEA elevar el nivel de respuesta institucional frente a estos hechos. Exigen que la Misión emita un pronunciamiento público y urgente sobre la conducta del presidente antes del 21 de junio, fecha de la segunda vuelta.

La carta señala que “esas recomendaciones vienen siendo ignoradas en las horas siguientes”, en referencia a los llamados de atención registrados por la Misión y por el Consejo de Estado.

Las organizaciones solicitaron reforzar la presencia de la observación internacional durante la campaña, el día de la votación, el escrutinio y la proclamación de los resultados. Consideran que la vigilancia internacional sería necesaria para respaldar la transparencia del proceso en la segunda vuelta presidencial.

Otro punto destacado es la petición para que la Misión de la OEA se pronuncie expresamente sobre el desacato del presidente Gustavo Petro a órdenes judiciales en materia de propaganda electoral y mensajes sobre la confiabilidad de la organización electoral. En la carta se solicita que se califique esa conducta como “factor de riesgo autónomo para la integridad de la segunda vuelta presidencial”.

Además, la misiva invita a la Misión a recordar públicamente a todos los actores políticos, incluido el Ejecutivo, “el deber de respetar las reglas electorales, la neutralidad del Estado, la igualdad de condiciones entre candidaturas y la aceptación institucional de los procedimientos legales de escrutinio y proclamación”.

Los remitentes también instan a la Misión a documentar en su informe final el uso de canales estatales, como Inravisión, @infopresidencia, @DapreCol y el canal de YouTube de la Presidencia, para la difusión de contenidos electorales y evaluar si ello afectó la igualdad de condiciones entre candidatos.

Finalmente, la Andi y la Fundación para el Estado de Derecho piden que se solicite al Estado colombiano información sobre las acciones de la Procuraduría General de la Nación para vigilar el cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado del 28 de mayo de 2026. El texto advierte: “la falta de información sobre el estado de tramitación y cumplimiento de las actuaciones dificulta conocer el alcance de la respuesta institucional”.

Entre otras solicitudes, plantean que la Misión de la OEA asigne un punto focal para recibir denuncias y alertas sobre participación política indebida de servidores públicos, así como presión institucional sobre autoridades electorales. Además, piden garantías para que la observación internacional acceda a autoridades electorales, campañas, medios de comunicación, sociedad civil, auditores tecnológicos y observadores nacionales.