Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

La Fiscalía General de la Nación confirmó a través de un comunicado que Hernán Giovanni Arteaga Plazas, conocido como alias El Obrero, fue condenado a 27 años y seis meses de prisión por el homicidio de cuatro personas.

Tal y como especificó el documento oficial, los crímenes se perpetraron entre febrero y marzo de 2003 en el departamento de Boyacá.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La decisión la adoptó un juez penal de circuito, que valoró las pruebas presentadas por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía. Arteaga Plazas integró la red sicarial denominada Las Especiales o Urbanos, asociada a las Autodefensas Campesinas del Casanare.

De acuerdo con el expediente y cuyos detalles se revelaron la mañana del sábado 21 de febrero de 2026, la estructura criminal llevó a cabo varios homicidios selectivos en Boyacá (región Andina, centro de Colombia).

Las víctimas fueron tres hombres y un adolescente, a los que como detallaron los funcionarios del ente acusador, fueron señaladas por los victimarios como supuestos colaboradores de otros grupos armados ilegales o como personas consideradas un riesgo para la convivencia en la zona.

Los hechos violentos se registraron en la vía Tunja – Arcabuco, en el alto de Cucaita (entre Tunja y Villa de Leyva); y en el sector Las Gemelas, en la vía Tunja – Paipa.

Las pruebas recogidas durante la investigación indican que Arteaga Plazas participó en estos crímenes, haciéndose pasar como vendedor de minutos de celular.

Tales homicidios fueron calificados como delitos de lesa humanidad, destacó el documento oficial por parte del ente investigador.

La condena fue dictada bajo la Ley 600 de 2000, por el delito de homicidio agravado, y notificada en el centro donde el sentenciado permanece privado de la libertad por otros hechos ilícitos, conforme a lo comunicado por la Fiscalía General de la Nación.

El caso se suma a la condena instancia de jefe exparamilitar nombrado gestor de paz

Un día atrás, el Tribunal Superior de Bucaramanga dictó una condena de segunda instancia contra el exjefe paramilitar Arnubio Triana Mahecha, conocido como alias Botalón, por liderar una red criminal tras su desmovilización y a pesar de haber sido designado gestor de paz por el presidente Gustavo Petro en septiembre de 2025.

Esta decisión judicial coloca en entredicho la continuidad de su rol en los mecanismos de justicia transicional, dado que una nueva sentencia condenatoria prioriza sobre la suspensión de órdenes de captura, dentro de la Ley de Paz Total.

La condena impuesta se fundamenta en que, en 2016, Triana Mahecha organizó junto a otros exparamilitares un grupo armado dedicado a extorsiones y atentados, reactivando estructuras criminales desde la libertad condicional otorgada ese mismo año.

La sentencia del Tribunal, fechada el 10 de febrero de 2026, pero que se reveló por parte de Noticias RCN, ratifica los hechos y se produce después de su expulsión de Justicia y Paz en enero de 2025.

A pesar de la gravedad de los antecedentes, que incluyen la confesión de más de 53 homicidios y 100 desapariciones durante los procesos de Justicia y Paz, el propio Gobierno defendió la permanencia de Botalón como uno de los 16 exparamilitares designados para ejercer funciones de gestor de paz.

De hecho, diez días después de la condena, su nombramiento aún se encontraba vigente, y su permanencia en esta calidad quedó en manos directas del presidente de la República, destacó el mismo noticiero.

El marco jurídico colombiano otorga facultades al presidente para suspender órdenes de captura a actores armados que colaboren en esfuerzos de reconciliación, aunque establece que una condena firme inhabilita la continuidad en estos cargos.

No obstante, el 22 de septiembre de 2025 la Presidencia confirmó que, pese a la controversia suscitada por las nuevas condenas, alias Botalón mantendría su función como gestor de paz, amparado por la resolución 327 del 21 de septiembre del mismo año.