
Durante casi tres décadas, Hidroituango fue sinónimo de promesa, controversia y espera. Hoy, esa historia da un giro. La sociedad Hidroituango S.A. cerró 2025 con utilidades por primera vez desde su creación en 1997: $241.081 millones disponibles para sus socios, luego de registrar ingresos operacionales por más de $442.742 millones.
No se trata solo de un buen año en el papel. Es la confirmación de que el megaproyecto hidroeléctrico más ambicioso del país finalmente empezó a rendir frutos financieros. En una región acostumbrada a depender en buena medida de los impuestos al licor y al cigarrillo para financiar obras públicas, el resultado abre una nueva etapa.
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“Hoy, con la generación por primera vez de ingresos operacionales y sus consecuentes utilidades, la empresa Hidroituango S.A. reafirma su papel como fuente de recursos para financiar el progreso de Antioquia, los cuales podrán ser destinados a megaobras como el túnel del Toyo y el nuevo Ferrocarril de Antioquia, entre otros”, señaló el gerente general de la sociedad, Alejandro Arbeláez A. Y agregó que “estos resultados son el fruto de una gestión responsable, rigurosa, en equipo y enfocada a la solidez técnica y financiera de la empresa”.
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La destinación específica de los recursos se definirá en la Asamblea General de Accionistas prevista para marzo de 2026. Sin embargo, el mensaje político y económico ya está sobre la mesa, el proyecto empieza a cumplir el propósito con el que fue concebido.
Actualmente, la central opera con cuatro de sus ocho turbinas en funcionamiento. Esa capacidad le permite aportar alrededor del 11% de la energía eléctrica que consume Colombia, consolidándose como un activo clave para la seguridad energética nacional. La meta es completar las cuatro unidades restantes y alcanzar el 100% de su potencial en los próximos años.
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Detrás de estas cifras hay una estructura societaria particular. Hidroituango S.A. funciona bajo un esquema de alianza público-privada. La Gobernación de Antioquia es el socio mayoritario a través del Idea (Instituto para el Desarrollo de Antioquia). Empresas Públicas de Medellín (EPM) tiene una participación accionaria relevante y, además, es el contratista encargado de construir y operar la central. A ellos se suman cerca de 80 inversionistas privados que apostaron por el proyecto desde sus primeras etapas.
Entender quiénes son los socios es clave para dimensionar el impacto de las utilidades. Los dividendos no solo fortalecerán las finanzas del departamento, sino que podrían dinamizar proyectos estratégicos de infraestructura que llevan años en planeación.
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Pero este presente contrasta con un pasado reciente marcado por la incertidumbre. En abril de 2018, el colapso de un túnel de desviación provocó una contingencia técnica de grandes proporciones. La emergencia social y ambiental aguas abajo puso en jaque la viabilidad del proyecto y generó una ola de cuestionamientos sobre su manejo técnico y financiero.
Durante años, la sociedad enfrentó disputas jurídicas complejas para determinar responsabilidades y costos derivados de la crisis. Las tensiones entre los actores involucrados no solo retrasaron el cronograma, también afectaron la percepción pública sobre la obra.
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El panorama comenzó a despejarse con la entrada en operación de las primeras turbinas a finales de 2022. Ese momento marcó el inicio de la recuperación operativa. Más recientemente, en diciembre de 2025, un acuerdo conciliatorio entre la Sociedad Hidroituango y EPM permitió cerrar uno de los capítulos legales más sensibles, allanando el camino para una relación más estable entre las partes.
Hoy, con la mitad de su capacidad instalada en marcha y las finanzas mostrando números en verde, la conversación cambia. Hidroituango dejó de ser exclusivamente un caso de estudio sobre riesgos y crisis para convertirse en una fuente real de ingresos.
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