Cerrarían decenas de tiendas de Lili Pink: dueños de los locales están pidiendo cancelar los contratos

La SAE advirtió que 87 solicitudes de terminación unilateral de arriendos sobre locales de Lili Pink y Yoi ponen en riesgo 260 empleos de Fast Moda S.A.S., una empresa que sigue operando bajo administración temporal del Estado en medio de un proceso de extinción de dominio por presunto lavado de activos y contrabando.

El alcance potencial del problema ya tiene una medida concreta. Diego Chávez, vicepresidente de la Sociedad de Activos Especiales, dijo a Blu Radio que, si esas terminaciones se concretan, la operación tendría una reducción de al menos el 22%.

“Justamente las notificaciones que se han venido presentando de terminación unilateral impactan algunos de los locales con mayor venta dentro de la compañía, entonces a priori sin tener un diagnóstico definitivo, si le digo que eso podría tener eventualmente repercusiones que las analizaremos en su momento“, expresó el funcionario.

La compañía mantiene en funcionamiento el 100% de sus puntos, dijo Chávez, pese a que las autoridades ocuparon 405 locales hace algunas semanas dentro de la investigación judicial.

Según la SAE, los bienes quedaron bajo su administración y se designó a Hernán Sebastián Uchúr como administrador encargado de conservar la operación.

La entidad informó que, además de las 87 peticiones de cierre, recibió 23 requerimientos adicionales de empresarios y operadores de centros comerciales que piden aclaraciones sobre el proceso que enfrenta Fast Moda S.A.S.. De acuerdo con la SAE, todas esas solicitudes fueron respondidas por el administrador designado.

La advertencia laboral de la SAE apunta a un grupo específico de empleadas. “Una eventual terminación de los contratos de arrendamiento podría generar una afectación directa sobre aproximadamente 260 trabajadores”, señaló la entidad, que agregó que buena parte del personal está compuesto por mujeres cabeza de hogar y madres de familia.

Chávez detalló que la totalidad de las solicitudes de cancelación unilateral de contratos de arrendamiento llegaron en los últimos 20 días y que el principal argumento de arrendadores y otros contratistas es el inicio del proceso de extinción de dominio.

En esa misma entrevista sostuvo: “Eso a su vez impactaría el despido de al menos 260 trabajadoras de la compañía que son cabezas de hogar y madres de familia”.

La SAE también reportó la suspensión de contratos por parte de algunos proveedores de bienes y servicios. Según la entidad, entre ellos hay prestadores financieros, jurídicos y operativos que frenaron sus vínculos por las dudas que produjo la medida judicial.

Uno de los efectos inmediatos de la intervención recae sobre la forma de cobro. Chávez dijo que algunas entidades del sector financiero bloquearon cuentas bancarias y otros productos, lo que impidió recaudar pagos por datáfono.

El vicepresidente de la Sociedad de Activos Especiales afirmó al mismo medio que la empresa continúa operando con normalidad, aunque “la única circunstancia es que se reciben solo pagos en efectivo”. Añadió que, desde la semana anterior, dos entidades, entre ellas Addi, retomaron operaciones con la compañía.

La explicación que dio el vicepresidente de la SAE sobre la reacción de arrendadores y proveedores fue técnica: “El común denominador en las notificaciones es justamente el inicio del proceso de extinción de dominio, lo cual genera alertas internas en sus equipos de oficiales de cumplimiento de Sagrilaft y consideran que se materializó un riesgo”.

El origen del caso se remonta al 27 de abril, cuando el CTI de la Fiscalía realizó allanamientos simultáneos en tiendas de la marca dentro de una macroinvestigación por presunto contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Semanas después, las autoridades avanzaron con la ocupación de los 405 locales vinculados a la operación.

La respuesta oficial ha sido mantener la empresa en funcionamiento como unidad económica. Chávez dijo: “La administración de la compañía hoy se encuentra en cabeza del Estado colombiano por conducto de la Sociedad de Activos Especiales quien a su vez ya designó un datario, quien se encuentra debidamente inscrito en el registro mercantil y quien tiene facultades para continuar con la operación”.

La SAE señaló que adelanta un diagnóstico integral sobre la situación financiera, laboral, contractual y operativa de la compañía para establecer sus condiciones reales de funcionamiento. Según la entidad, ese análisis servirá para definir medidas que permitan la continuidad y sostenibilidad del negocio.

La entidad agregó que mantiene mesas de trabajo con delegados del Ministerio del Trabajo para proteger los derechos laborales y preservar los empleos.

En su pronunciamiento, Chávez aseguró: “Los establecimientos de comercio continúan operando bajo criterios de legalidad, transparencia, responsabilidad y cumplimiento normativo”.

Frente a la interpretación de que la intervención estatal alteraría la naturaleza de la empresa, Chávez respondió que esa conclusión es “errónea” y sostuvo que la compañía sigue operando como una entidad del sector privado, con personería jurídica individual y cuentas propias.

La SAE concluyó con un llamado a empresarios, operadores de centros comerciales y proveedores para abrir mesas de diálogo y evitar decisiones que afecten la estabilidad económica de las familias que dependen de la operación comercial.