La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, confirmó que hasta el momento se han registrado en Colombia 63 hechos de violencia en 21 departamentos contra las campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en un contexto de riesgo creciente para la primera vuelta presidencial.
Según la funcionaria, el deterioro de la seguridad marca el cierre de la contienda, con amenazas, ataques y asesinatos que inciden en el desarrollo político de amplias regiones del país.
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Hechos violentos en 21 departamentos
De acuerdo con Barrios, la violencia dirigida contra candidaturas presidenciales se manifiesta en vandalismo contra sedes de campaña, destrucción de propaganda electoral y obstáculos a las movilizaciones políticas.
“63 hechos en 21 departamentos frente a diferentes tipos de campañas concentradas. En la campaña de Paloma Valencia, de Abelardo de la Espriella y de Iván Cepeda. Esto significa vandalismo a las sedes de campaña, dañar la propaganda electoral, afectación a las movilizaciones que tienen”, señaló la directora en una atención a medios.
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Barrios subrayó la necesidad de reforzar la vigilancia en las sedes partidistas, dado que, durante la última semana antes de la elección, los eventos públicos solo pueden celebrarse en espacios cerrados.
El informe de la MOE advierte que el aumento de agresiones afecta no solo a los candidatos, sino también a los equipos que los respaldan en distintos municipios. Entre los hechos recientes figuran ataques directos contra sedes partidistas y actos de sabotaje a actividades de campaña, lo que agrava el clima de inseguridad.
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Amenazas y asesinatos en el cierre de campaña
La campaña presidencial hacia la primera vuelta del 31 de mayo se definió como la más violenta de los últimos ocho años, según análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la MOE. Los aspirantes con mayor visibilidad, (Cepeda, De la Espriella y Valencia), denunciaron amenazas graves en medio de un contexto de confrontación armada y presencia de grupos ilegales.
La tensión se incrementó tras el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025, hecho que marcó la antesala de la actual contienda. Desde entonces, se registraron asesinatos de líderes políticos y coordinadores de campaña, como Mileidy Villada González en Obando, Valle del Cauca; Rogers Mauricio Devia Escobar, colaborador de la campaña de De la Espriella en Cubarral, Meta, y el exsecretario de Gobierno de ese municipio, Fabián Cardona.
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La violencia obligó a reforzar los esquemas de seguridad, con intervenciones públicas bajo estrictas medidas, incluyendo el uso de cristales blindados en eventos de algunos candidatos.
Grupos armados ilegales y expansión territorial
El análisis de la FIP indica que los grupos armados ilegales ampliaron su capacidad en Colombia. Con base en cifras divulgadas por la Agencia EFE, estas organizaciones pasaron de unos 15.000 miembros en 2022 a superar los 25.000 en 2026, abarcando combatientes y redes logísticas.
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El Clan del Golfo lidera este crecimiento con alrededor de 8.945 integrantes y un aumento del 18% entre diciembre de 2024 y julio de 2025. Le siguen el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con unos 6.450 miembros y el Estado Mayor Central, principal disidencia de las antiguas Farc, con 3.919 integrantes.
Gerson Arias, investigador de la FIP, explicó a la agencia citada que el fenómeno no se reduce a enfrentamientos armados, sino que implica una expansión territorial y política de los grupos ilegales. “Lo que estamos viviendo es un aumento en la violencia de tipo político y sobre todo violencia de grupos armados que constriñen y amedrentan a la población civil”, sostuvo Arias.
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Municipios en riesgo extremo y desafíos para la paz
El mapa electoral presenta riesgos elevados: la MOE identificó 386 municipios con alerta de violencia en 31 departamentos, incluidos 139 en riesgo extremo, 122 en riesgo alto y 125 en riesgo medio.
Los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca concentran las mayores alertas, mientras que en Huila, Cesar y La Guajira más del 70% de los municipios presenta algún nivel de amenaza. Arauca y Guaviare se encuentran completamente bajo riesgo electoral.
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La situación coincide con dificultades para la política de “paz total” promovida por el gobierno de Gustavo Petro. Los principales procesos de diálogo con grupos armados atraviesan obstáculos, sin avances concluyentes antes de la jornada electoral. El ELN anunció un cese unilateral al fuego de tres días, aunque la FIP advirtió que en al menos 11 zonas continuarán los combates.
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