Pese al aumento de recursos nacionales, la cobertura del Programa de Alimentación Escolar disminuyó en varias regiones por fallas locales

El análisis técnico realizado por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender (Uapa) reveló una paradoja inquietante en el desarrollo reciente del Programa de Alimentación Escolar (PAE): pese a que el Gobierno nacional incrementó de forma significativa y sostenida los recursos asignados, el número de estudiantes beneficiarios ha disminuido en numerosos territorios, lo que pone en cuestión la eficiencia de la gestión local.

Entre 2022 y 2026, la inversión nacional en el PAE pasó de $1,5 billones a $3 billones, lo que representó un aumento del 190% en pesos constantes. Este esfuerzo presupuestal pretende fortalecer el acceso de la niñez y juventud colombiana a la alimentación escolar, considerada un derecho fundamental y una herramienta clave para el bienestar y la permanencia en el sistema educativo. Sin embargo, la cobertura del programa no ha crecido al mismo ritmo que los recursos: por el contrario, se ha reducido en varias regiones, según informa la Uapa.

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El informe señala que la disminución de beneficiarios no obedece a una falta de financiación, sino a deficiencias en la gestión, planeación, priorización y eficiencia en la ejecución por parte de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), es decir, gobernaciones y alcaldías responsables de administrar el PAE en sus jurisdicciones. Aunque en algunos territorios los aportes nacionales crecieron más del 50%, el 100% e incluso el 170%, la cantidad de estudiantes atendidos cayó de manera desproporcionada respecto a la variación en la matrícula escolar.

La Uapa identificó caídas de cobertura en más de 55 Entidades Territoriales Certificadas, incluyendo ciudades y departamentos como Villavicencio, Atlántico, Huila, Neiva, Envigado, Yumbo, Sucre, Tunja, Cesar, Buga, Quindío, Valle del Cauca, Putumayo, Lorica, Cali, Pitalito, Pasto, Sogamoso, Boyacá, Santander, Sahagún, Cauca, Duitama, Fusagasugá, Ciénaga, Bogotá, Tumaco, Tuluá, Rionegro, Caquetá, Cundinamarca, Barranquilla, Malambo, Florencia, Buenaventura, Jamundí, Mosquera, Córdoba, Montería, Floridablanca, Caldas, Chía, Dosquebradas, Funza, Quibdó, Antioquia, Magdalena, Nariño, Palmira, Meta, Ibagué, San Andrés, Cartagena, Piedecuesta e Itagüí.

En estos territorios, según precisó el Ministerio de Educación, la reducción de cobertura osciló entre el 13% y el 43% entre 2022 y 2025, a pesar del aumento de los recursos asignados. Para la cartera, dicha situación no se explica únicamente por la disminución de la matrícula, también por decisiones de gestión y problemas en la ejecución del programa.

La Uapa destaca casos donde la gestión territorial ha permitido ampliar la cobertura, incluso en escenarios de reducción o estancamiento de la matrícula. Entre 2022 y 2025, regiones como La Guajira, Girón, Vichada, Armenia, Chocó, Tolima, Medellín, Risaralda, Santa Marta, Manizales, Casanare, Apartadó, Norte de Santander, Yopal, Ipiales, Bucaramanga, Cartago, Girardot, Soledad, Vaupés, Zipaquirá, Cúcuta, La Estrella, Arauca, Popayán, Bolívar, Pereira, Valledupar, Sincelejo, Guaviare, Riohacha, Uribia, Barrancabermeja, Sabaneta, Turbo, Amazonas, Magangué, Soacha, Facatativá, Guainía, Maicao y Bello lograron aumentos de cobertura que van del 13% al 83%. Lo anterior demostró que una adecuada planeación y priorización pueden transformar los recursos en mayor número de estudiantes atendidos.

En este escenario, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación y la Uapa, mantiene el principio de que la niñez es primero y, por eso, incrementó de forma histórica los recursos, acompañado de un seguimiento y control más estricto sobre la gestión de las entidades territoriales. Para la administración actual, cada peso destinado debe traducirse en alimentación escolar oportuna, de calidad y con transparencia.

No obstante, la corresponsabilidad financiera es clave. Aunque el Gobierno nacional aumentó su aporte generalizado entre 2024 y 2025, en 28 gobernaciones y alcaldías —como Córdoba, Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca, Yumbo, Magdalena, Pasto, Cali, Santa Marta, Cúcuta, Ciénaga, Soacha, Bello, Envigado, Vichada, Sucre, Dosquebradas, Barrancabermeja, Tunja, Buenaventura, Facatativá, Buga, Neiva, Sogamoso, Jamundí, Riohacha, Manizales y Magangué— se reportó una reducción de más de $200.000 millones en recursos propios y complementarios, incluidos los provenientes de regalías. La disminución reduce la bolsa total del programa y limita la capacidad de mantener o ampliar la cobertura, a pesar del mayor esfuerzo fiscal nacional.

El desajuste entre el aumento de recursos y las fallas de gestión ya tiene efectos concretos. Al 6 de febrero, 526.930 estudiantes de instituciones públicas en catorce ETC no recibieron el complemento alimentario del PAE. La afectación es especialmente grave en territorios con alta población indígena como Buenaventura, Cesar, Chocó, La Guajira, Magdalena, Quibdó y Valledupar, donde 118.403 estudiantes no han sido atendidos. Los casos más críticos se presentan en Cesar y Magdalena, donde el programa no ha iniciado, dejando sin alimentación escolar a 245.699 niñas y niños.

El Gobierno reiteró el compromiso con la protección de los recursos públicos y el derecho a la alimentación escolar. El llamado de la Uapa señala que más recursos solo se traducen en más platos servidos si existe una gestión eficiente y corresponsabilidad territorial.