Alerta fiscal en 2026: la deuda de Colombia alcanza su mayor peso y limita el gasto público

El calendario fiscal de 2026 arrancó con una señal de alerta para las finanzas públicas. No se trata solo del tamaño de la deuda, sino del peso creciente que tiene atenderla año tras año. De acuerdo con la actualización más reciente del perfil de deuda interna del Ministerio de Hacienda, el servicio de la deuda alcanzará este año un máximo histórico de $130 billones, una cifra que marca un punto de inflexión en las necesidades de financiamiento del Gobierno.

El dato cobra mayor relevancia cuando se mira más allá de 2026. Las proyecciones oficiales muestran que, entre este año y 2033, el servicio de la deuda interna se mantendrá en niveles elevados, con una concentración significativa de vencimientos que presionará de manera constante el presupuesto nacional. No es un fenómeno puntual, sino una carga prolongada que limitará el margen de maniobra fiscal en los próximos años.

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Uno de los momentos más sensibles del perfil aparece en 2029. Según advirtió la Contraloría General de la República en su informe más reciente, para ese año el servicio de la deuda interna se ubicaría en $110,6 billones. Este escenario obligaría al Gobierno a refinanciar montos considerables en un entorno de tasas de interés aún altas, lo que aumenta los riesgos asociados al manejo de la deuda.

Para dimensionar la magnitud del reto, analistas explican que el servicio de la deuda ya representa una proporción muy significativa de los ingresos del Estado. Con un recaudo tributario que ronda algo más de $300 billones, el pago de intereses, que supera los $100 billones, implica que cerca de uno de cada tres pesos recaudados termina destinado a cumplir compromisos financieros. Es un peso que compite directamente con otros rubros del gasto público.

Ahora bien, no todo el monto proyectado para 2026 corresponde a desembolsos inmediatos. De los $130 billones previstos, cerca de $79 billones son vencimientos de capital que, en la práctica, suelen renovarse mediante nuevas emisiones de deuda. El problema estructural está en los intereses, los $51 billones restantes sí deben pagarse efectivamente cada año y hacen parte de los gastos corrientes del Gobierno.

Esa característica explica por qué la presión es tan alta. A diferencia del capital, que puede refinanciarse, los intereses se cubren con ingresos tributarios o, en algunos casos, con más endeudamiento. Sobre este punto, Julio César Romero, economista jefe de Corficolombiana, advirtió en el diario La República que, “este año nuevamente vamos a tener una presión fuerte sobre la deuda. Es importante resaltar que el Gobierno tiene que pagar, antes de julio, la deuda con los bancos internacionales correspondiente al total return swap utilizado el año pasado como instrumento de financiamiento”.

Romero añadió que, en 2026, la Dirección de Crédito Público priorizaría mantener liquidez en dólares, por lo que no se esperan monetizaciones durante el año. Además, recordó que “no hay que olvidar que, según lo señaló Crédito Público, con la venta de US$5.000 millones en bonos globales realizada en enero ya se habrían cubierto las necesidades de financiamiento externo”.

Ese punto marca un cambio relevante en la estrategia. Con el frente externo prácticamente cubierto, el énfasis del endeudamiento se trasladará al mercado local. Las metas preliminares divulgadas por la Dirección de Crédito Público, antes de la presentación oficial del Plan Financiero, indican que el Gobierno buscaría financiación interna por alrededor de $85 billones en 2026.

Ese monto se obtendría a través de varios mecanismos. Cerca de $60 billones provendrían de subastas, $9 billones de colocaciones directas, $2 billones de emisiones de TES verdes y unos $4,5 billones mediante bonos pensionales. Aunque estas cifras aún son provisionales, dan una idea clara del tamaño de la apuesta por el mercado doméstico.

Las primeras señales de esa estrategia ya se están viendo. En la subasta de títulos de corto plazo realizada la semana pasada, el Gobierno colocó $900.000 millones, mientras que la demanda alcanzó los $2,6 billones, un indicador de apetito por estos papeles en el mercado local.

Según el seguimiento realizado por Diego Montañez, analista económico y miembro del Grupo de Coyuntura Económica de la Universidad Eafit, y divulgado en el medio antes mencionado, entre enero y lo corrido de febrero el acumulado de deuda interna emitida asciende a cerca de $6,5 billones, medidos en valor nominal aprobado. Solo en enero se colocaron alrededor de $5,1 billones en Títulos de Corto Plazo, TES en pesos y TES UVR. En febrero, las emisiones suman unos $1,36 billones, explicadas por una subasta de TCO cercana a $0,9 billones y una colocación de TES UVR por aproximadamente $0,46 billones.