La representante a la Cámara Katherine Miranda sostuvo que la demanda interpuesta contra el senador Iván Cepeda busca impedir un “enriquecimiento indebido” mediante la repetición de consultas internas en el Pacto Histórico, lo que podría derivar en el acceso a cuantiosos recursos públicos por reposición de votos.
Miranda, en un video difundido en redes sociales, expuso: “Demandamos la inscripción de la candidatura de Iván Cepeda porque el Pacto Histórico busca enriquecerse a costa de una consulta que ya realizó”.
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Según relató, en la consulta realizada en octubre pasado, la coalición alcanzó cerca de 2,7 millones de votos, y el valor de la reposición por voto, fijado en ese momento por el Consejo Nacional Electoral (CNE), fue de 2.555 pesos, lo que sumó alrededor de 7.000 millones de pesos.
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Cambios en el valor de la reposición de votos
La parlamentaria explicó que, para la nueva consulta del 8 de marzo, el CNE incrementó el valor de la reposición de voto en más de 224%, pasando de 2.500 a 8.200 pesos. “Hoy, con las proyecciones que tendría la consulta del Pacto Histórico en marzo, esta colectividad podría ganar más de treinta mil millones de pesos. Eso es más de tres veces los recursos públicos por exactamente el mismo resultado electoral”, advirtió Miranda en su mensaje.
Miranda señaló que la demanda no obedece a motivaciones políticas, sino jurídicas. “Nuestra demanda no es política, es jurídica. Aquí no se pueden burlar las reglas electorales ni usar los mecanismos de participación para enriquecerse torciendo la ley”, sostuvo la representante, quien reiteró la necesidad de que las autoridades electorales se pronuncien de fondo sobre la interpretación y aplicación de las normas de reposición de votos en consultas sucesivas.
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Potenciales efectos en la competencia electoral
De mantenerse la cifra de participación y el nuevo monto fijado por el CNE para la consulta de marzo, el Pacto Histórico podría acceder a una suma que, según Miranda, oscilaría entre 30.000 y 40.000 millones de pesos por reposición de votos.
“De aplicarse este criterio en otro mecanismo de participación, el Pacto Histórico podría tener derecho a una reposición de votos que oscilaría entre 30 mil y 40 mil millones de pesos, lo que amerita un pronunciamiento de fondo por parte de las autoridades electorales”, afirmó la congresista.
La parlamentaria alertó que la posibilidad de recibir por segunda vez recursos públicos de similar magnitud, por un resultado electoral comparable, podría traducirse en una ventaja financiera para los candidatos de la coalición frente a otros aspirantes a la Presidencia.
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Discusión jurídica sobre la doble reposición
El debate sobre la legalidad de la reposición doble tomó fuerza a raíz de la ponencia presentada por magistrados del Consejo Nacional Electoral que consideran que, aunque Cepeda participe en dos consultas, cada mecanismo constituye un hecho generador autónomo del derecho a la reposición de gastos, siempre que se cumplan los requisitos legales.
Según la posición de los magistrados, “cada consulta constituye un mecanismo electoral autónomo, con sujetos convocantes distintos, finalidad propia y efectos jurídicos independientes y, en consecuencia, la financiación estatal no se activa por la identidad del ciudadano que participe en ellas, sino por la realización válida del mecanismo previsto en la Constitución y desarrollado por la ley”.
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Por su parte, Miranda cuestionó esta interpretación y reiteró, en su pronunciamiento, que “no se pueden burlar las reglas electorales ni usar los mecanismos de participación para enriquecerse torciendo la ley”.
Expectativa política y próximos pasos
La decisión final del Consejo Nacional Electoral sobre la habilitación de Iván Cepeda para participar en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo ha generado expectativa y debate entre los distintos sectores políticos del país.
El pronunciamiento del CNE resultará determinante para definir si el senador podrá participar y, eventualmente, acceder a los recursos de reposición por votos, como lo establece el actual marco normativo.
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Miranda concluyó su intervención solicitando un pronunciamiento de fondo de las autoridades electorales, al considerar que la reiteración de consultas con reposición de votos podría impactar el equilibrio en la competencia presidencial y el uso de recursos públicos.
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