Fico Gutiérrez habló sobre la presunta corrupción en la administración de Daniel Quintero: “No solamente dejaron la olla raspada, se la robaron”

El proceso judicial contra exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero Calle en Medellín ha puesto en evidencia el inicio de audiencias por presunta corrupción en entidades clave de la ciudad.

Las diligencias, que comenzaron el lunes 26 de enero y se extenderán hasta el 26 de febrero, involucran a antiguos colaboradores del exalcalde, quienes enfrentan cargos por su gestión entre 2020 y 2023.

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De acuerdo con información publicada por El Colombiano, el foco de la investigación se encuentra en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), organismo que financia proyectos en los diez municipios del área, y en contratos relacionados con el Parque de las Aguas y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Por lo anterior, el martes 27 de enero de 2026 fueron imputados Juan David Palacios, exdirector del Amva, junto con Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, quienes se desempeñaron como subdirectoras.

Las acusaciones formales incluyen peculado por apropiación en favor de terceros y celebración indebida de contratos.

La Fiscalía sustenta los cargos en testimonios y pruebas documentales que sugieren la existencia de un mecanismo sistemático de cobro de comisiones por contratos firmados durante la anterior administración.

Una de las testigos, cuya declaración fue validada por la Fiscalía, afirmó que por cada contrato se exigía una comisión del 20%: “10% era para Miguel (hermano de Daniel Quintero) y el resto para repartirlo entre ellos”.

El testimonio clave menciona a Miguel Quintero, hermano del exalcalde, como beneficiario de la recolección de comisiones, junto a un grupo de allegados distribuidos en el Amva y otras entidades públicas como Metroparques, el Instituto de Deporte y Recreación (Inder) y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

Los nombres de Álvaro Villada, Jorge Enrique Liévano, María Eugenia Domínguez y Juan Pino aparecen en los documentos judiciales como presuntos integrantes de la red.

El avance del proceso judicial incluye audiencias públicas en las cuales los implicados deben responder ante jueces de la República.

La Fiscalía se apoya en una extensa recopilación de pruebas y múltiples testimonios de exfuncionarios, algunos de los cuales han detallado cómo operaba el esquema de cobro de comisiones y el manejo de los contratos. Según los investigadores, este patrón se habría replicado en distintas dependencias de la administración municipal.

Pronunciamiento de Federico Gutiérrez

En este contexto, Federico Gutiérrez, actual alcalde de Medellín, se pronunció públicamente a través de su cuenta oficial en la red social X.

En su mensaje, el mandatario describió la situación como una estructura criminal diseñada para apropiarse de recursos públicos entre 2020 y 2023. “Hoy sigue la audiencia de imputación de cargos de parte de la Fiscalía en contra de quienes de robaron a Medellín. Diseñaron una organización criminal para robarse a Medellín durante el periodo 2020-2023”, afirmó Gutiérrez.

Añadió que, al asumir el cargo el 1 de enero de 2024, detectó una administración sin recursos: “No solamente habían dejado la olla raspada, se la habían robado”.

Gutiérrez fue enfático en su postura frente a los hechos: “Deben ir a la cárcel. Este es el principio de su fin”.

El mandatario también subrayó que la situación heredada compromete el funcionamiento administrativo de la ciudad y la prestación de servicios esenciales.

Testigo clave impulsa pesquisas por presunta corrupción en la alcaldía de Daniel Quintero

Un juez aprobó el principio de oportunidad para un testigo clave en la investigación sobre presunta corrupción en la administración de Daniel Quintero en Medellín, lo que ha intensificado la discusión política en la ciudad.

Alejandro de Bedout, presidente del Concejo, afirmó que “la gente empezó a hablar y a señalar quién les dio la orden”. Destacó que la justicia busca a los responsables principales del presunto entramado en el Área Metropolitana y Metro Parques.

“El ventilador está encendido y no apunta a eslabones menores”, señaló De Bedout. El avance del proceso mantiene la atención sobre posibles imputaciones a exfuncionarios y contratistas.